No más impuestos, pero...

Hoy comienzan las comparecencias de los secretarios de Estado en el Legislativo y la primera programada es la del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, para la revisión del paquete económico de 2018, pero no dude que la oposición, en particular, dirigirá sus baterías a los temas relacionados con los Fondos presupuestales destinados a financiar la superación de emergencias y la reconstrucción posterior.

Sin embargo, se está reviviendo alguna que otra polémica interesante y una de ellas es la relacionada con el Impuesto sobre bebidas y alimentos con contenido calórico (léase azúcar), pues la Alianza por la Salud Alimentaria, organización hermana de El Poder del Consumidor, de Alejandro Calvillo, está retomando su propuesta para doblar el IEPS a bebidas azucaradas de 10 a 20% para recaudar 25 mil millones de pesos, y esos recursos dirigirlos a la reconstrucción.

Es inteligente la iniciativa por la coyuntura, porque en realidad la propuesta de duplicar el impuesto busca la reducción en la compra de refrescos y bebidas azucaradas, que a cuatro años de haberse implantado por primera vez (2014), tuvo dos años incidencia en la reducción del consumo, pero lleva dos sin tener efecto en el consumo.

Meade ha reiterado que no habrá incremento de impuestos y se hará frente a la crisis por los sismos a través de ahorros y recortes en algunas dependencias.

Lo que hasta ahora no ha sido entendible es que el IEPS no necesariamente se ha utilizado para indicir sobre la reducción de la tasa de diabetes y obesidad porque siguen siendo altísimas, y, segundo, que esos fondos permitan instalar bebederos en escuelas públicas para que se sustituya el consumo de refresco.

El 60% de los ingresos por IEPS a alimentos y bebidas no alcohólicas según la encuesta de Ingreso-Gasto del Inegi, provienen de las familias más pobres del país, principalmente ubicadas en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas; siendo precisamente algunas de éstas las zonas más afectadas por los recientes sismos.

Dicen que proponer no empobrece, pero sí se debe revisar desde el análisis objetivo si el impuesto no afecta a quienes se pretende apoyar, y más aún en un contexto tan complicado como el que vive actualmente nuestro país.

Como ya lo hemos comentado, el sobrepeso y la obesidad en nuestro país son una de las principales problemáticas que aquejan a nuestra sociedad; sin embargo, no podemos pretender que todo se solucione con medidas impositivas, ya que, entre otros factores, la genética es un factor determinante para la obesidad.

Recientemente, el Instituto Nacional de Medicina Genómica presentó un estudio en el que demuestra que existen diferencias genéticas entre las poblaciones de América y Europea. En nuestro continente, es una causante importante de la obesidad en comparación con otras latitudes.

La problemática se agrava si consideramos que adicional al factor genético, de las dos mil calorías que sugiere la OMS que debemos consumir diariamente, los mexicanos rebasamos por poco más de mil calorías, ya que consumimos 3,072 calorías de acuerdo con la FAO por el tipo de alimentación (la torta, el taco, la carne rebosada, etcétera), y no se ha avanzado en una propuesta para aumentar la activación física integral y la modificación de patrones de vida sedentarios, más en un país donde la victimización por inseguridad aumenta mes a mes.

Ahora, que la propuesta de Alianza por la Salud, es verdaderamente ingeniosa, eso nadie lo puede cuestionar.

DE FONDOS A FONDO

#Nosotrxs… La Barra Mexicana de Abogados, que encabeza Mario de la Garza, se ha sumado a la propuesta de la organización civil Nosotrxs, que dirige Luis Fernández, la que sumada a la plataforma #Epicentro impulsada por Transparencia Mexicana, que encabeza Eduardo Bohórquez, han puesto el dedo en el principal problema de los fondos de reconstrucción públicos y los fondos privados que se erigen cada vez que hay contingencias climáticas o sísmicas en México.

La creación de un Fondo Único de Reconstrucción que agrupe o sume recursos públicos y privados es parte de la propuesta que podría activarse con un decreto del presidente Enrique Peña, sin embargo, esta opción se descarta porque oficialmente se propuso un sistema de coordinación público-privado para facilitar la planeación y efectividad de las acciones de la reconstrucción.

¿Por qué un fondo público y por qué una ley? Porque hoy es disperso, poco efectivo y poco transparente no para enfrentar la emergencia, sino para facilitar la restitución del daño patrimonial de quien enfrenta pérdidas por desastres naturales, sobre todo en zonas de alta marginación, donde los recursos del Fonden no permiten dirigir más de 120 mil pesos para autoconstruir un pie de casa (32 mts cuadrados).

Sume los planteamientos (todos ilegales y no reglados) de los partidos políticos para derivar recursos del financiamiento electoral y partidario hacia reconstrucción, pero “a modo electoral” que ha ocupado la grilla pública en las últimas semanas y se da cuenta de que la propuesta de Nosotrxs es, hasta hoy, la más lógica, técnica, efectiva y eficiente, para evitar que los donativos de la sociedad, en pecuniario o en especie, sean aprovechados por empresas porque no hay escrutinio claro, pero sí facilitan la deducción de 7% de las utilidades, por particulares para quedarse con ellos, por partidos para fondear elecciones o capturar clientelas políticas y por agentes gubernamentales para el mismo fin.

Si en el Congreso se emitiera una Ley de Reconstrucción permitiría sustraer cualquier proceso futuro de reconstrucción de la vida electoral/partidaria, permitiría una planeación eficaz y democrática y aumentaría la transparencia que requiere el esfuerzo, siempre solidario, de la sociedad mexicana. ¿Habrá un legislador o un grupo legislativo que se quiera sumar? ¡Pues no lo dude! #Nosotrox #Súmese.