¿Se vale dejar de gobernar?

Llama poderosamente la atención la “marcha” que realiza el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pues aparte de poco concurrida es muy ruidosa, porque parece campaña política.

Él sólo amenazó con presentar una controversia constitucional sobre la “retención” e “inequidad en el trato” por los recursos convenidos que, en su opinión, no le fueron entregados, pero ni la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, que encabeza el secretario de Finanzas de Baja California Sur, Isidro Jordán Moyrón, ni la Conago, que preside el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, lo han respaldado.

¡Vamos!, lo han dejado solo. Hasta Jaime Rodríguez, El Bronco; Silvano Aureoles, de Michoacán; Rosas Aispuro, de Durango; Francisco Domínguez, de Querétaro, y Miguel Ángel Yunes, de Veracruz, han comentado que el gobernador Corral no tiene razón en su impugnación política, que no es legal, frente a la SHCP, que encabeza José Antonio González Anaya. Esto me lleva a preguntar el por qué una veintena de organizaciones, entre las que destaca la Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos; el IMCO, Fundar, Transparencia Mexicana, Ethos y otras, se posicionan cuestionando la “discrecionalidad en el ejercicio del gasto”, cuando el mismo gobernador no es capaz de controvertir legalmente la asignación de los 780 mil pesos de un convenio que nada tiene que ver con el presupuesto, pero sí con la política y con un problema de saneamiento financiero en su entidad.

Reconozco que la forma de operación del llamado Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación es algo peculiar, porque se utiliza como “ramo de control” del presupuesto ante la carencia de un mecanismo de compensación, y justamente eso explica los “brincos” de presupuesto que se han observado en el tiempo. En el ramo 23 se operan diferentes fondos y fideicomisos que tienen reglas de operación, con excepción de uno, que así fue convenido en la Ley de Coordinación Fiscal, y que es supervisado por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Éste es el fondo de Saneamiento Financiero, y no tiene reglas de operación, pero sí tiene reglas de ejecución, porque se utiliza para derivar recursos presupuestales excedentes hacia entidades que enfrentan problemas de liquidez o reestructura (en cada estado la causa es distinta) y están sujetos a disponibilidades en el ejercicio.

Cuando el gobernador Corral fue a la SHCP, lo hizo al cierre de la primera semana con el tema de que no le alcanzaba para cerrar el ejercicio. Fue cuando se cerraron los convenios y justo la cláusula segunda es la que establece que están sujetos a disponibilidad. La entrega fue por cerca de mil 300 millones de pesos, de ahí que si se hubiese querido “detener el flujo financiero por presión política”, como él ha argumentado, no habría recibido nada y tampoco habría pasado por el registro de la CPFF.

Todo lo que pasa por ese ramo, inclusive el remanente de operación del Banco de México, que tienen normas de operación y dirección hacia los fondos petroleros o de estabilización de ingresos presupuestales o reducción del déficit público, todos, tienen reglas. Ahora, en el caso de las reglas de ejecución que les comento, éstas son muy claras para los recursos de saneamiento financiero. El estado, no la federación, tiene que probar en qué usa los recursos, como cualquier transferencia realizada en los ramos de participaciones, aportaciones o aprovechamientos, cualquiera que provenga de recursos federales, y es la entidad, no la SHCP la que tiene que probar, no inventar, en donde fue aplicada.

Hasta ayer, no he logrado conocer en la página de transparencia de Chihuahua en qué fueron aplicados los recursos de saneamiento financiero, y en cambio, el gobernador está en una campaña cuyo objetivo no es claro: ¿O acaso gobernar es ir en marcha por las entidades del país?

Ahora, si de transparencia se trata, valdría la pena revisar el índice International Budget Partnership (IBP) porque, de acuerdo con los resultados del Índice de Presupuesto Abierto 2017 que compara a 117 países, la valoración de México lo ubica en un rango de 79/100, arriba de EU (77/100), Reino Unido (74/100), Francia (74/100). ¿Sabe que mide? La transparencia en el ciclo presupuestario y la información que se pone a disposición de la ciudadanía. No hay presupuesto perfecto, pero éste se perfecciona con transparencia, no con marchas que pretenden ser herramientas político electorales.

 ¿Qué tal si el gobernador Corral nos indica dónde se encuentra la información de las transferencias realizadas el año pasado y su uso?, ¡de verdad, no están! Mañana le pongo las del Ramo 23 y ojalá encuentre en qué las ejecutaron.

De Fondos a Fondo

#Oceanografía… Este jueves, después de varios aplazamientos se espera una resolución del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil que definirá si Citibanamex es reconocido como acreedor en la quiebra de Oceanografía, según la recomendación del conciliador del proceso, José Antonio de Anda Turati.Con independencia de la decisión del tribunal en materia civil, el juicio penal en contra de Amado Yáñez seguirá adelante, pues no ha sido exonerado del fraude del que se le acusa. Recuerde que la causa penal 96/2014 que presentó la Procuraduría Fiscal de la Federación se documentó y continúa abierta, y siguen desahogándose pruebas en varios procesos contra él, aun cuando el proceso lo está siguiendo en libertad bajo caución.

#DeGaseros.. En relación con la disputa legal que ha emprendido Antonio César Fuentes Yanar, hijo del fundador del gasero Grupo Fuentes, contra sus propios hermanos, al pretender asumir el control de las compañías de su padre, hay novedades.

A pesar de que César Fuentes había recibido reveses a través de distintos tribunales, ahora dice que tiene un poderoso aliado: La PGR. Es de extrañar porque el procurador en funciones es extraordinariamente objetivo e imparcial y, sin embargo, dicen que contra testamento, la firma de abogados Küchle Gómez y Pérez Cuellar, SC. dice que tiene tal peso y conexiones en la PGR que ha logrado, a pesar de ser juicios de orden civil, que se aseguren cuentas bancarias y se amenace con tomar medidas que ponen en riesgo de continuidad la operación de las empresas del grupo. Dicen, dicen… ¿Será?