¿Qué hicieron en la ronda 2.4?

El resultado, exitoso a todas luces, de la Ronda 2.4 de licitaciones de áreas de exploración y posible explotación en aguas profundas, que se realizó ayer, deja muy claro que los inversionistas internacionales confían en los reguladores del sector energético, más que en las encuestas electorales.

El mecanismo de subasta y adjudicación ha evolucionado tanto, la conducción realizada ayer por el equipo de Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no sólo rompió récord de tiempo –pese a haberse licitado 29 contratos y asignado 19–, sino que mejoró el resultado probable para el país y para el Estado en términos de prospectiva de reservas petroleras.

Se incorpora un potencial de 1.5 millones de barriles diarios de crudo y cuatro millones de metros cúbicos de gas y la utilidad que podría capturar el Estado si se confirma la capacidad de las áreas geológicas de entre 64.7% y 67.2%, resultante de combinar competencia, con una mejor decisión de política energética y esquema fiscal que combina regalía básica, ISR y regalía adicional.

Y sí, usted puede revisar que fue un éxito, porque al comparar la ronda 1.4 de aguas profundas con la 2.4, la diferencia es notable: de 10 pasa a 19 los contratos adjudicados, pues si la primera ronda fue exitosa, la segunda comprueba que el mercado ha asimilado, cada vez mejor, los cambios realizados a la regulación, no a la ley.

Esto último hace que cualquier partido político que gane la Presidencia de la República en la próxima elección, la tendrá muy difícil para revertir la reforma petrolera en su primera vertiente: la exploración, desarrollo y extracción de hidrocarburos.

De entrada, no es un país y no son unas cuantas las empresas las que tienen contratos suscritos con México. Con las que se firmarán son 68 empresas las que tendrían que “indeminzarse”, y si considera la inversión comprometida de tener éxito la exploración y el desarrollo de los campos, sólo en aguas profundas supera los 155 mil millones de dólares.

Cualquier intento de reversión de estos contratos, además generará problemas a futuro, porque hoy la caída de la producción se ha estabilizado y Pemex, que dirige
Carlos Treviño, ha logrado restituir 100% de las reservas 3P, pero para la siguiente administración, el desafío será seguir desarrollando capacidad de exploración, desarrollo y explotación de reservas porque apenas se ha licitado menos de 10% de la capacidad de producción que se estima tiene México.

Si tienen éxito las asignaciones de hoy (lo que es probable a pesar de que algunos son formaciones salinas por el nivel de hallazgo que ha tenido el mismo Pemex en años recientes), los campos estarán en producción plena en 2028-2032, no en su sexenio, y cualquier diferendo lo tendrán que ir a pelear al Banco Mundial.

Otro elemento interesante es cómo se ha movido la determinación de asignaciones, porque se han pensado para desarrollar clústers, de manera que las empresas puedan aprovechar la oferta de servicios petroleros que se ha desarrollado en torno a Pemex, el historial que tienen, las plataformas y de embarcaciones disponibles y hasta la posibilidad de integración de consorcios o proyectos que podría propiciar la exploración y el desarrollo en zonas contiguas aunque las hayan ganado diferentes empresas de distintos países.

Por último. El gobierno se ha protegido con garantías, cartas de crédito y confirmación de capital contable y expertise para garantizar, primero, que se firmen los contratos y, segundo, que se cumplan en tiempo y forma, pero también la ley lo ha hecho al facilitar que si no se cumple con lo comprometido, el adjudicado perdería el contrato, además de sus garantías, pero si el gobierno rompe el contrato, es más alto de lo que imagina tomar el riesgo.

DE FONDOS A FONDO

#Oceanografía. Citigroup, que encabeza Michael Corbat, le ganó a los acreedores de Oceanografía SA, así como lo oye. Mientras en México esperamos –después de varios aplazamientos– la resolución del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil sobre el reconocimiento de Citibanamex como acreedor en la quiebra de Oceanografía, en Estados Unidos, un tribunal federal en Miami falló a favor del grupo financiero sobre la demanda que un grupo de acreedores de OSA presentaron contra el banco global. Todo un dato en espera de la resolución local. Atención total externa sobre el asunto.

#CasoChihuahua, para #Transparencia y #NoALaCorrupción… La semana pasada, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo a través del cual se exige que la Secretaría de Hacienda, que encabeza José Antonio González Anaya, detalle con claridad el uso de los recursos transferidos a las entidades a través del Fondo de Fortalecimiento Financiero, que forma parte de las disponibilidades del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

Sabe lo que divierte, que la mitad de los integrantes de la Comisión son diputados y justamente el Ramo 23 y el fondo en cuestión es total decisión y mandato de la Cámara de Diputados.

Este ramo tiene varios programas y no se le integran fondos de origen cuando el Ejecutivo presenta el presupuesto, sino que los define la Cámara. No ocurre lo mismo con otros ramos donde están los fondos sociales o educativos, y dentro del Ramo 23, el de Fortalecimiento Financiero, lo define la disponibilidad de recursos para la bolsa común y el problema de liquidez que vaya presentando cada estado.

Normalmente se recurre a él hacia el último trimestre de cada año y la ASF nunca ha cuestionado la ejecución del ramo por la SHCP, sino que en sus recomendaciones de 2016 señala la necesidad de que “tenga criterios más específicos para la transferencia de los apoyos de saneamiento financiero a los estados”, pero la Cámara jamás fijó criterios más estrechos como para ver cuánto se recibe, en qué condiciones se reciben y cómo se comprueban esos fondos.