¿Se concedió a Corral 900 mdp por Gutiérrez?

Después de las 11 de la noche del 3 de febrero, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador “itinerante” de Chihuahua, Javier Corral, aparecieron dándose la mano y mostraron un convenio suscrito con tres elementos: 1) La PGR solicitará la extradición del exgobernador César Duarte; 2) La entrega del caso y expediente de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, a la PGR y su traslado, bajo la supervisión de HRW y la CNDH del Penal Federal donde se le tiene recluido desde mediados de diciembre y hacia un reclusorio (dado que no ha sido sentenciado); 3) La eliminación de las multas impuestas por la PGR al fiscal de Chihuahua; 4) Y  finalmente, la “entrega inmediata” de 900 millones de pesos de “recursos convenidos” y que han sido objeto de “diferendo entre Chihuahua y el gobierno federal), que ascienden a 900 millones de pesos, y que deberán formalizarse la próxima semana. El compromiso de Chihuahua es no presentar controversia constitucional sobre el particular al firmarse y recibir los recursos.

De verdad resulta invendible e increíble la forma en que se presenta este convenio entre Gobernación y Corral, porque al final, se tiene la certeza de que hay una enorme incapacidad de demostrar que al gobierno federal, a la SHCP y a la PGR les ha asistido la razón en este caso.

Corral no ganó, cedió y, bien tiene razón mi colega Daniel Moreno en cuestionar la pírrica victoria que se anunció por la noche entre los panistas y la que realizaron ayer para terminar su caravana en el Ángel. ¿Será que vale tanto Gutiérrez para el PRI y el presidente Peña? Creo que una revisión hipotética del posible cumplimiento del convenio de Navarrete Prida da cuenta del escepticismo.

Empiezo por el final: Hubo un acuerdo político, pero las leyes y las normas se tienen que cumplir. Los 900 millones de pesos de los que se habla no corresponderán a los convenios de 2017, sino que, al igual que los gobiernos de Zacatecas y Tlaxcala, el de Chihuahua deberá firmar un convenio como el que suscriben todos los estados de la Federación para hacer uso de fondos correspondientes al Ramo 23.

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero, el 11 dentro de 19 tipos de apoyos de gasto que se enmarcan en el programa de Otras Previsiones Económicas, es el que se destina al apoyo de entidades federativas en su fortalecimiento financiero para impulsar la inversión en el ejercicio fiscal 2018, y se ejecutan a través de los Convenios de Descentralización y Reasignación, que incluyen ahí el destino específico para el que se usarán los recursos, para ser supervisados por la ASF y no por la SHCP.

En 2018, el presupuesto aprobado por la Cámara para todo el Ramo 23 tiene un monto de 119 mil 744.7 mdp, el 6.8% del total de las transferencias federales a entidades federativas, estos Convenios son acuerdos que las dependencias del gobierno federal firman con las entidades federativas para que los gobiernos locales asuman la responsabilidad, que establecen las leyes, sobre el manejo y operación de esos recursos. No son de libre disposición como las participaciones.

En este tenor, el gobierno de Corral deberá presentar, primero, la solicitud de apoyo financiero y, en su caso, deberá firmar un nuevo convenio por la anualidad del presupuesto para 2018, dado que el presupuesto de 2017, por ley, ha sido cerrado.

En el caso de los proyectos de inversión pendientes, también el gobierno de Corral deberá presentarlos conforme a los nuevos lineamientos de programas regionales que ordenó la Cámara de Diputados y que han sido publicados en el DOF.

O sea, no parece que sea “una concesión para resolver el diferendo y evitar una controversia constitucional”. Si el gobernador tiene razón, la habría presentado, pues aun cuando es un proceso judicial, al tratarse de recursos presupuestales, sube en la prelación en los asuntos listados en la SCJN cuando se trata de diferendos entre estados y Federación, sólo que no podría suscribir ningún convenio mientras se encontrara la disputa sub júdice. Por ello, Corral le midió el agua a los camotes.

En segundo lugar, está el caso Gutiérrez. Hasta ahora, ni el propio acusado conoce su expediente y con claridad el fundamento y pruebas de su acusación. Ésta ha sido fundamentalmente mediática. Aquí el gobierno, especialmente Navarrete Prida y el Presidente, tienen tanto que perder como el PRI y José Antonio Meade, porque siempre su capacidad de respuesta es defensiva, y no estimo probable que sepan defender, ni siquiera mediáticamente, por la debilidad de imagen que acusa, el tamaño de la violación al debido proceso que ocurrió en su caso, o la utilización de la Fiscalía Anticorrupción y general de Chihuahua como brazo de presión política. Debilidad de imagen y percepción se volvieron realidad y acusación. Lo que hagan se pondrá en entredicho, y obvio, Corral sabe que será fácil decir que la PGR y la Fepade ocultaron pruebas si es que se exonera a Gutiérrez.

Y por último, la solicitud de extradición de César Duarte tendrá la misma suerte de la de Borge y la de Javier Duarte, o la de Egidio Torre (esta última invierte la petición de extradición).

¿Cuánto, efectivamente, les podrán probar de lo que les han acusado? La PGR basa su investigación en la información que le proporciona la fiscalía local, pero, en general, todos son dichos. En el único caso en el que las acciones de investigación han sido mejor documentadas es en el de Borge, pues el gobierno de Carlos Joaquín González se detuvo de acusar en medios y se dedicó a recolectar pruebas documentales del mal uso de los recursos públicos de la entidad por parte del exgobernador y sus funcionarios cercanos.

Así las cosas… el canje le permitirá a Corral seguir manteniendo el control mediático de sus acusaciones, justo en medio de la elección y base de la línea discursiva que tiene la coalición Por México al Frente de Ricardo Anaya.