¿La ley del más rico es propuesta de la 4T?

El 3 de mayo, los diputados Aleida Alavez, Manuel Vázquez Arellano, María Clemente García y Marisol García (todos de Morena) presentaron una iniciativa de reforma al artículo 31 de la Constitución, el único cambio lo subrayo: “Son obligaciones de los mexicanos… contribuir para los gastos públicos de la manera progresiva que dispongan las leyes”.

La intención manifestada por esos legisladores es lograr que se cobre un impuesto mayor a los ricos y se graven las herencias, una propuesta que, inclusive compartiendo un hashtag, fue presentada en enero por la organización Oxfam, publicado por Martin-Brehm Christensen, Christian Hallum, Alex Maitland, Quentin Parrinello y coordinada por Chiara Putaturo, bajo el título de Survival Of The Richest - Spanish Report.

La organización, que orienta su trabajo global a impulsar propuestas para reducir la desigualdad, supone que gravar la riqueza extrema puede reducir la extrema pobreza, sólo que los ministerios de Hacienda, y es el caso del de México, no parecieran coincidir con la visión de clasificación de los más ricos de Forbes.

Cualquier autoridad fiscal estaría dispuesta a gravar si fuera fácil, pero, por ejemplo, en herencias inmobiliarias, las donaciones —práctica generalizada en países de la OCDE—permiten no pagar el ISR correspondiente a herencias o ventas de casas a familiares.

En México, la progresividad fiscal es la misma, considerando la tasa y el factor de pago del ISR para personas físicas o empresas que la observada en los países de la OCDE con 35% de tasa máxima del ISR para personas físicas (asalariadas, profesionistas independientes y actividad empresarial) y 30% máximo para personas morales.

Sin embargo, el problema está en cómo se grava de abajo hacia arriba y cómo se debiera mejorar la supervisión fiscal en donaciones y en bienes raíces. En México, 23.9 millones de viviendas particulares son propias y habitadas. De ese número, sólo 17.4 millones cuentan con escrituras y casi la mitad no se reescrituran en sucesiones testamentarias.

Por otro lado, están exentos del pago quienes ganan un salario mínimo, los aguinaldos, reparto de utilidades, ingresos por pago de vacaciones y otros más, pero donde pesa el cobro es en quienes reciben salario. Una persona con ingresos por 12 mil pesos paga cerca del 10% en ISR, si es asalariado no tiene para dónde irse, es retención pura, pero si recibe hasta 25 mil pesos en pago en efectivo por ventas, por ejemplo, aunque sea neto de gastos, está exento.

Pasa lo mismo que en el Resico. Mientras ese asalariado de 12 mil pesos paga el 10% de ISR, el Resico, que busca incorporar al sector informal, obliga al pago de entre 1% a 2.5% por recibir hasta 3.5 millones de pesos al mes; si considera que el salario promedio en el IMSS rondó los 15,500 pesos al mes de mayo.

Y así se puede ir revisando el tema de la progresividad fiscal, si realmente la propuesta de los diputados mencionados fuera apoyada en una revisión de la estructura mexicana, pero ésa que supone que el problema de la desigualdad podría resolverse con aplicar la de “que pague más quien más gana o tiene, y que reciba más quien menos gana o tiene”, es de suponer que el SAT no lidia contra la complejidad del sistema fiscal y tiene una capacidad de supervisión espectacular.

Por lo pronto, los representantes de la Alianza contra la Desigualdad, Accionar.io, Gatitos contra la Desigualdad y Oxfam México, han visto que su iniciativa, presentada por los morenistas y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales desde el 8 de junio, no se mueve ni con el pétalo de una rosa, y no es que el cabildeo empresarial o que los ricos la frenen, es que no la propuso el cobrador de impuestos porque sabe que, de por sí, el sistema es complejo, cómo poner un “impuesto único sobre el patrimonio” en un país donde el 56% de la población no declara impuestos, y mire que ahí hay muchos ricos.