T-MEC: pocos avances en los temas críticos

Fuera de una mención general de la revisión de informes de los comités, poco se informa del avance de negociaciones en áreas críticas, como el de dispositivos médicos, telecomunicaciones, pagos digitales y propiedad intelectual.

Desde la segunda revisión se apuntó que en el anexo 12-E del -TMEC, México se comprometió a realizar el proceso de autorización para dispositivos médicos en la Cofepris, entidad que dirige Alejandro Svarch, y a la que el presidente se refirió como comisión libre de corrupción la semana pasada, para evitar requerir a los solicitantes información innecesaria y duplicada, y a concretar el lapso que toma una autorización para comercialización de dispositivos en un tiempo razonable.

“La Cofepris no ha cumplido y, en algunos casos, se toma dos años sólo para responder a la solicitud, y todavía más para autorizar, si lo hace, incluso cuando ese dispositivo ha sido revisado y autorizado por la U.S. Food and Drug Administration o Health Canada”.

Adicionalmente, en el mismo anexo, México se comprometió a reconocer las auditorías de los sistemas de gestión de calidad de los fabricantes de dispositivos que estén de acuerdo con los requisitos establecidos por el Programa de Auditoría Única de Dispositivos Médicos (MDSAP), lo que resulta contradictorio con la NOM 241 que entró en vigor el pasado 21 de junio.

La publicación de dicha NOM constituye una regulación contradictoria de buenas prácticas internacionales de manufactura, pues al crear una regulación exclusiva de México no permite que la Cofepris acepte auditorías MDSAP de las instalaciones de fabricación de dispositivos médicos que estén establecidas en México, incluso aquellas instalaciones que operan bajo el programa IMMEX destinadas a la exportación.

También se asentó que, de forma rutinaria, la Cofepris no cumple con sus obligaciones establecidas en el Capítulo 28 del T-MEC sobre Buenas Prácticas Regulatorias (GRP), lo que se demuestra por la ausencia de procedimientos internos en materia de auditoría, incluídos en las obligaciones comerciales bajo el T-MEC y del WTO TBT Agreement, por la constante emisión de “circulares regulatorias no oficiales que no siguen los compromisos GRP”.

En materia de telecomunicaciones (se hizo énfasis que la decisión de la SCJN para obligar al Ejecutivo y al Senado a nombrar a los integrantes de la Cofece), México se comprometió a mantener el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como un organismo constitucional autónomo fuerte, independiente y especializado para fomentar la competencia y la inversión extranjera directa.

El T-MEC incorporó esos compromisos al considerarlos clave para fomentar un mercado de telecomunicaciones y radiodifusión competitivo, lo que para el sector privado es fundamental para impulsar exportaciones de las empresas establecidas en México e inclusive la expansión del e-commerce. Sin embargo, se cuestionó la ausencia de comisionados y presupuesto suficiente al IFT, lo que ha sido señalado por el sector privado como una decisión del Presidente para debilitar la autonomía del regulador, cuya controversia constitucional se encuentra congelada por la ministra Yasmín Esquivel desde enero del 2022.

Más allá, se expresó preocupación por la iniciativa que fue aprobada por la mayoría de Morena (viernes negro) que podría debilitar a los reguladores autónomos, porque disminuirá su independencia, su autonomía presupuestal y erosionará su expertise técnico.

Dicha propuesta pudiera violar los artículos 18.6 y 18.7 del T-MEC, al considerarse principios fundamentales garantizados en las reformas constitucionales y legales de 2013-14.

Un tema adicional: las ministras ponderaron el dar voz a las minorías subrepresentadas y, en este sentido, se comprometieron a promover mecanismos para aumentar la competitividad y participación activa de las pymes en el comercio internacional para fomentar el comercio inclusivo. En septiembre, Buenrostro será anfitriona del Segundo Diálogo Pyme del T-MEC, aquí en México.