4,200 MDD

Hay una disputa interesante entre las secretarías de Marina y la de Hacienda por 4,200 millones de dólares. Mientras que los encabezados por José Rafael Ojeda quieren que les sea devuelto el TUA del AICM, los de Rogelio Ramírez de la O aseguran que no es posible. Cuando se canceló el NAIM había 6,000 millones de dólares en bonos colocados en el mercado internacional para financiar la obra. Una de las primeras acciones que tomó el entonces subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue pagar 1,800 millones de dólares de estos bonos y garantizar que serían asegurados por los ingresos del AICM.

En esta operación jugó un papel muy destacado el entonces director de Crédito Público, Gabriel Yorio, que, a la postre, tomó el lugar de Herrera. Así, es clara la ruta de estos recursos y cómo se construyó el acuerdo. Por su parte, el cálculo de la Secretaría de Marina, que ahora tiene bajo su férula el AICM y, como corazón del grupo aeroportuario que tendrá esta dependencia, hace cálculos que suenan razonables.

El esfuerzo que ha realizado Carlos Velázquez Tiscareño y su equipo en el AICM es francamente loable, como ya lo ha documentado el Padre del Análisis Superior. Básicamente se han concentrado en medidas de orden y disciplina.

En estos momentos, el AICM tiene estabilidad financiera, pero plantean puntos que deben ser considerados: ¿Cuánto podrían hacer si tuvieran el TUA, que es un ingreso fundamental para las terminales aéreas? Serían sustancialmente mejores en cuanto a inversiones en infraestructura y logística.

Segundo, ¿por qué tienen que pagar ellos por una decisión del gobierno federal? Desde el punto de vista del AICM, es evidente la respuesta. No tienen por qué llevar una carga que asumió Hacienda en esta administración. Desde el punto de vista del equipo de Ramírez de la O, Hacienda cumplió la instrucción presidencial de evitar que se creara un conflicto en los mercados internacionales por esos bonos, con una opción que resultara interesante para ellos. Los tenedores de estos Mexcat no tienen ningún incentivo para cambiarlos, es decir, el gobierno les tendría que dar alguna clase de premio por hacerlo. No parece que Hacienda esté dispuesto a recorrer este camino.

En la negociación, México obtuvo importantes beneficios, como la forma en la que se resuelven las controversias con mayor facilidad. No debe extrañar tanto el crecimiento en el número de consultas como de paneles que se ha visto en los últimos años. Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, hasta el momento ha logrado atemperar los conflictos y, en el extremo, lograr un buen entendimiento de la posición mexicana y las dos pistas en las que se desenvuelve en temas que le resultan muy sensibles a este gobierno, como el maíz para el consumo humano. Una vez cumplida esta primera parte, es necesario preguntarse si, en mejores condiciones de negociación, el gobierno está trabajando de una manera institucional para la revisión que tendrá el acuerdo comercial.

No es casual que este hombre no encuentre problema en reunirse con Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, a unos días de presentar la cuenta pública del año pasado. Cree que la sumisión al poder es el trabajo de la ASF.

El titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo, está teniendo muchísimo cuidado en señalar que no ha sido tan grande el fraude en Segalmex, 9,500 millones de pesos, como si eso hiciera menos grave el asunto.

Bueno, ahí también está la continua defensa gubernamental a Ignacio Ovalle, asegurando que este hombre fue engañado por priistas que ya tenían antecedentes de corrupción. Siempre será raro que un hombre que inició su trabajo en el sector público del gobierno de Luis Echeverría pueda ser engañado.