Siguen las marrullerías

Luis Antonio Ramírez Pineda está muy confundido: Nacional Financiera y Bancomext, que él dirige, no son su patio de juego y tampoco son un lugar donde se deban cometer trapacerías, como las que dijo este gobierno que eliminaría.

Para evadir regulaciones gubernamentales, los bancos de desarrollo cuentan con sendas inmobiliarias que, por estar constituidas como empresas privadas, no quedan bajo la cobertura de la Ley de Adquisiciones.

Si bien esta turbia práctica no es nueva, si es doblemente reprobable que este gobierno no sólo la haya mantenido, sino que le han dado un uso más intensivo. Los que “no son iguales” hacen lo mismo.

Para Nafin existe la inmobiliaria Plaza Insurgentes Sur y, en Bancomext, Desarrollo Inmobiliario Especializado. Ambas empresas privadas están bajo la férula de las dos directoras de Administración de los bancos de desarrollo, Paulina Moreno y María Ibarra.

Si hasta ahí fuera todo, pues sería criticable desde el punto de vista de la pretendida diferencia; sin embargo, se han tomado decisiones que, por decir lo menos, parecen truculentas.

El contrato de limpieza, que tenía un costo de un millón de pesos mensuales, se renovó pagando 1.4 millones de pesos en una asignación directa a Gravitron, en la que participa Miguel Rodrigo Castañeda, quien fuera funcionario del SAT y que sostiene vínculos personales con Ibarra.

Contrataron un servicio de circuito cerrado de televisión por 18 millones de pesos; la impermeabilización del edificio, con un costo de 6 millones de pesos, o la renovación de una bodega que no utilizan en Tláhuac por 6 millones de pesos.

Si la Auditoría Superior de la Federación fuera independiente, ahí tendría suficientes elementos para revisar las cuentas de estos bancos de desarrollo. Desgraciadamente, David Colmenares es lo más parecido a una tapadera.

En el renglón de la información, lo que aún no está totalmente corroborado, se habla de desvíos de recursos de personal y dinero para remodelar viviendas de las dos mujeres mencionadas, así como el registro indebido de empleados de los bancos de desarrollo para asuntos particulares.

Juan Pablo de Botton, a quien muchos identifican con quien es la cabeza de este grupo de funcionarios, haría muy bien en poner orden y supervisar lo que está sucediendo en estos dos bancos de desarrollo. Seamos claros, gane quien gane las elecciones, estos funcionarios tendrán que rendir cuentas.

Desde finales de 2016 comenzó una gran volatilidad en el tipo de cambio que, además, se veía incrementada por la especulación. En febrero del año siguiente, el  Banco de México y la Secretaría de Hacienda anunciaron el programa de coberturas bancarias y su ampliación en 2021 ante una nueva oleada de volatilidad.

En estos dos momentos no se estaba defendiendo un determinado nivel o banda de tipo de cambio, sino evitando que los ajustes se realizaran de una manera distorsionada que pudiese causar daño a las empresas involucradas en el sector exportador.

Durante prácticamente todo este año, el peso ha venido en la punta de una ola de apreciación frente al dólar, que no es privativa de México. Así que el organismo autónomo encabezado por Victoria Rodríguez y la dependencia que comanda Rogelio Ramírez de la O enviaron un mensaje: en los hechos, la libre flotación del peso es un compromiso fundamental para el gobierno.

La medida busca sacar aún más las manos del tipo de cambio. Se toma en un momento verdaderamente oportuno, tanto en el contexto nacional como internacional, puesto que el impacto en la correcta estabilidad del tipo de cambio es prácticamente neutro.

Por cierto, el PAS le pide que no se vaya a distraer con el movimiento del tipo de cambio de ayer. No sólo es de esperarse ante una medida como la anunciada, sino que resulta francamente mínimo.

Cuando se canceló el NAIM se dijo que sería la marca de este sexenio que está a unos meses de concluir. Tenían razón.