Seguridad nacional vs. predominio de la ley

Hay una gran tensión entre quienes creen que la seguridad nacional debe anteponerse a cualquier otro objetivo, incluyendo el imperio de la ley, y los que pensamos lo opuesto, pero el conflicto se agudiza cuando la seguridad nacional se usa como pretexto para violar cualquier precepto legal y demoler el sistema jurídico diseñado para darles cumplimiento.

A mi juicio, es una aberración colocar la seguridad nacional por encima del Estado de derecho, cuyo respeto debe ser prioritario para la preservación del régimen democrático, pues, una vez que la aplicación de la ley se subordina a cualquier otro objetivo, dominará la anarquía y el Ejecutivo federal usurpará las facultades del resto de los poderes.

Los ataques terroristas en Nueva York, hace 18 años, generaron en EU un encontronazo particularmente álgido, pues, en nombre de la seguridad nacional, se abusaron derechos humanos a tutiplén, se iniciaron guerras con pretextos ficticios y se violó la vida privada de muchos con espionaje gubernamental.

El acceso de Donald Trump, de temperamento colérico y legendario desprecio a la ley, sólo vino a agravar esta situación, pues la única hoja de parra que pudo ponerse para violar acuerdos multilaterales y tratados comerciales, e imponer a su antojo tarifas a las importaciones, fue invocando la seguridad de su país.

Por comparación, lo que ocurre en México no desmerece en gravedad, con la ley de extinción de dominio, que permite expropiar de inmediato peculios privados, junto a equiparar infracciones fiscales con delitos graves con cárcel preventiva, todo ello sin ningún laudo judicial: ¡terrorismo confiscatorio y fiscal!

Si a esto se suma la decisión del Ejecutivo de aducir razones de seguridad nacional para anular demandas judiciales que tienen parada la construcción del aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, para demoler el 35% de avance de obra del nuevo aeropuerto en Texcoco y para construir, extralegalmente y sin permisos, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, el peligro en ciernes aumenta.

En México, que no se caracteriza por un Estado de derecho vigoroso y en el que la impunidad y la violación de la ley son sistemáticas, concentrar mayor poder, sin contrapesos, en un Ejecutivo todopoderoso, como solía ser en un pasado no remoto, representa un grave retroceso y una afrenta a su precaria democracia.

En la era de los golpes de Estado, lo primero que hacían los militares era suspender las garantías individuales y declarar el estado de emergencia, que dejaba a la ciudadanía indefensa ante la autoridad, que es algo similar a lo que hoy hacen muchos gobiernos, como los de EU y México, al empoderarse para cancelar cualquier ley, alegando defender la seguridad nacional.

Pero también, y como mencioné de pasada, dejar el imperio de la ley es una invitación a la anarquía, porque los poderes coercitivos del Estado son otorgados por las leyes vigentes, pero, al suspenderse éstas, la legitimidad del Estado se esfuma y los ciudadanos no tienen por qué acatar ley alguna.