Defraudación fiscal sí se equipara a delincuencia organizada

Buenas y malas para el sector privado, en especial para Carlos Salazar, presidente del CCE, y para Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, con la reforma penal para combatir las facturas falsas, mejor conocida como Ley Armenta, que será hoy dictaminada por la Comisión de Asuntos Legislativos del Senado.

La mala es que sí se equiparará el delito de defraudación fiscal al de delincuencia organizada, como lo dijo el presidente López Obrador en su tercer-primer Informe. El CCE y la Coparmex han manifestado su temor de que con esta reforma se castigue a justos por pecadores y que su aprobación se traduzca en un factor de incertidumbre que frene más la inversión.

La buena es que los legisladores sí tomaron en consideración algunas de las propuestas empresariales para modificar la reforma y la defraudación fiscal se considerará delincuencia organizada cuando el monto defraudado sea mayor a los ocho millones de pesos en un ejercicio fiscal, lo que implica el uso de facturas falsas de, al menos, 24 millones de pesos.

Esto implica que no se procederá en contra de empresarios que hayan cometido algún error en su pago de impuestos o incluso que hayan adquirido facturas falsas por montos menores, aunque, desde luego, tendrán que pagar cualquier adeudo que tengan en materia fiscal.

Se considerará delincuencia organizada cuando la autoridad demuestre que en la defraudación fiscal agravada hubo engaño, omisión de contribuciones, perjuicio al fisco federal, intención y voluntad de defraudar. Y que las factureras sean organizaciones de tres o más personas que, en forma constante y permanente, se dediquen a actividades ilícitas.

QUE REGRESE EL TEMOR AL FISCO

Aunque se le denomina Ley Armenta, en realidad, la iniciativa presentada por el senador Alejandro Armenta, de Morena, modifica varias leyes: artículo 2o de la Ley de Delincuencia Organizada; el 11Bis del Código Penal; 113Bis del Código Fiscal; artículos 167, 187, 192 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el 5o de la Ley de Seguridad Nacional. La reforma penal se considera indispensable para dotar a la Procuraduría Fiscal, el SAT y la Fiscalía General de la República de las herramientas para enfrentar a las factureras y que, auténticamente, regrese el temor al fisco. Aunque no hay cifras precisas sobre la defraudación a través de facturas falsas, se estima que hay más de nueve mil empresas fantasma que facturan más de 400 mdp o más del 1.5% del PIB.

OUTSOURCING ILEGAL EN GOBIERNO FEDERAL

La Procuraduría Fiscal, que encabeza Carlos Romero Aranda, ha detectado varias formas de evasión a través de facturas falsas: desvío de recursos públicos tipo Estafa Maestra; compra de facturas para defraudar al fisco; lavado de dinero y outsourcing ilegal. Y el outsourcing ilegal realizado no sólo por empresas que, a través de terceros, evadían el cumplimento de sus obligaciones laborales y fiscales, sino también en dependencias del gobierno federal en las que se ha detectado que no sólo utilizaban el outsourcing en la mayoría de sus empleados que no tenían prestaciones sociales, sino que, además, había esquemas de corrupción en el pago de comisiones muy elevadas a las empresas contratadas.