Tensión

Cada vez más tensas se ponen las negociaciones entre la iniciativa privada y el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la llamada reforma hacendaria.

El presidente de Coparmex, Juan Pablo Castañón, consideró que se tiene que corregir 90% de la iniciativa, pues de lo contrario generaría recesión y una caída en el crecimiento de la economía. En ese mismo sentido el Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Gerardo Gutiérrez Candiani, estableció que si bien se sigue negociando con el gobierno en 14 mesas, la realidad es que hay una gran diferencia entre los puntos de vista del gobierno y la iniciativa privada.

Hay una posición común entre los representantes de los gremios patronales y una buena parte de los analistas en el sentido de que si bien es cierto que esta iniciativa plantea un intento de generar justicia social por la vía de cobrar más impuestos a los ricos y dárselos a los que menos tienen, la realidad es que generará un estancamiento de la economía, lo que derivará en una menor recaudación a pesar de los nuevos impuestos y la simplificación para cobrarlos, lo que impedirá que el gobierno cumpla con sus metas de justicia social.

Los grupos más moderados dentro de la iniciativa privada, como la Asociación de Bancos de México, si bien no se oponen frontalmente a las medidas que les afectan directamente, como son el IVA a las hipotecas, el presidente de este gremio Javier Arrigunaga ha pedido que no se aplique de una forma retroactiva, es decir, que no se cobre este impuesto a quienes
ya tienen un crédito vigente.

Otro sector que está haciendo un fuerte cabildeo es el de la aviación, que se opone a la intención del gobierno federal de grabar con 18 centavos el litro de combustible aéreo.

En este sentido, vale la pena señalar que las empresas de aviación nacionales han venido ganando terreno durante los últimos años, especialmente en el mercado internacional.

Aeroméxico, que lleva Andrés Conesa, ya tiene 16%; Volaris, de Enrique Beltranena, 5.5%, e Interjet, comandada por José Luis Garza, tiene 3.8 por ciento.

GEO, por caer

La voz de alerta la dio David Korenfeld Federman, director general de la Comisión Nacional del Agua, durante una reunión de evaluación del paso de Ingrid y Manuel. Lo hizo ante el presidente Enrique Peña Nieto. La respuesta fue inmediata. El gobierno federal ordenó investigar el otorgamiento de permisos ilegales para construcciones que favorecieron las inundaciones en Acapulco y pidió al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, haga lo propio en el ámbito local y que se deslinden responsabilidades. Peña Nieto exigió conocer cuáles fueron las zonas en las que de manera inapropiada, y “con permisos seguramente también sin sustento legal” fueron construidos fraccionamientos enteros que impidieron que drenara adecuadamente el agua que se acumula por los ríos de Acapulco. Es evidente, dijo, que hay una zona de la población que está prácticamente en terrenos que corresponden a la laguna y son asentamientos que tienen varios años. Mañana se cumple exactamente una semana de la orden presidencial. Como es natural, más de uno está nervioso.

Uno de ellos es Luis Orvañanos, pues a los problemas financieros que vive GEO para reflotar la empresa, ahora se sumará otro. Ingrid y Manuel dejaron a su paso destrucción y muerte, pero no sólo eso: las licencias entregadas a los fraccionadores a fin de construir en la zona de humedales, donde cada año hay inundaciones, descubrieron un peligroso coctel: el de corruptos y corruptores.

Gran parte de las viviendas, no sólo en las zonas residenciales como Punta Diamante, sino en colonias como la Luis Donaldo Colosio, fueron construidas de una manera irregular por GEO. Los administradores de esta empresa tendrán que responder más temprano que tarde por sus malas prácticas.

A no dudar serán investigados por la construcción de viviendas que no cumplían con la normatividad y en zonas peligrosas. Tendrán que responder cómo le hicieron para obtener permisos estatales y municipales. Para muchos es fácil creer que el problema es de las autoridades municipales y estatales que permitieron construcciones cambiando cursos de ríos o en zonas abiertamente peligrosas; sin embargo, es tan culpable el que recibe el cohecho como aquel que lo da.

Reacciones

A raíz de que el gobierno del presidente de la República anunciara que suspendería la promoción de las llamadas reformas estructurales para ceder el tiempo a los temas relacionados con las tragedias originadas por los meteoros Ingrid y Manuel, parecería que se creó un vacío; sin embargo, el equipo de Luis Videgaray ha mantenido un muy intenso cabildeo buscando convencer.

Quien sí ha tomado una posición mucho más activa es el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, quien abiertamente señaló que no se darán pasos atrás en la reforma puesto que busca redistribuir de una mejor manera los ingresos. Dejó entrever que sólo aceptarían cambios menores a la iniciativa.

Reflectores

Si usted ve a Mony Sacha de Swaan regálele un micrófono de karaoke o una cámara de televisión aunque sea de juguete. Este hombre no acaba de resignarse a que ya pasó su tiempo, que lo hizo mal como presidente de la Cofetel y que su opinión ya dejó de ser relevante.

Quizá debería buscarse alguna participación en los medios de comunicación que tanto lo quieren o hacerlo en programitas de radio como lo han hecho otros de su misma estatura profesional.

Más allá de los ridículos intentos de protagonismo de ex funcionarios públicos, la realidad es que era previsible saber que el IFT no tendría recursos para hacer el apagón analógico porque simple y sencillamente no forma parte del gobierno federal. Se hizo la primera prueba con dinero en los fondos de la SCT porque en la Cofetel simple y sencillamente no había recursos.

La pregunta no es si los del IFT deberían buscar formas cuestionables o dudosamente legales, sino cómo fue posible que la Cofetel anunciara la segunda parte del apagón a sabiendas de que no había recursos y, más allá, que hubiera quienes incluyeron el apagón analógico como parte de la Constitución con un día en específico.