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CIUDAD DE MÉXICO.- “La Ley de Competencia Económica aprobada por los diputados pone el piso parejo para todas las empresas en el país”, aseguró Mario Sánchez Ruiz, presidente de la Comisión de Economía de dicha Cámara legislativa.
“Nuestro objetivo fue garantizar que las pequeñas y medianas empresas (pymes) pudieran acceder a insumos esenciales que hasta ahora sólo manejaban las grandes compañías, con lo que se incrementará la cantidad de jugadores en cada sector.”
En entrevista con Excélsior indicó que el dictamen turnado a la Cámara de Senadores busca dotar al país de una herramienta eficiente para incrementar la competencia en los diferentes sectores económicos, además de erradicar las prácticas comerciales que distorsionan los mercados sin poner en jaque la certidumbre jurídica empresarial.
“Se realizaron más de 100 modificaciones al proyecto Ejecutivo para conseguir una ley que no le quitará dientes al órgano regulador pero que tampoco vulnerará el ambiente de negocios.”
El expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) detalló que se incluyó una definición clara de barreras a la competencia y libre concurrencia.
En lo referente a la imposición por parte del Ejecutivo de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tendrá que determinar mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.
El diputado panista explicó que también se incorporó la precisión de que en las visitas de verificación, la autoridad procurará no afectar la capacidad de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, a efecto de evitar daños al agente económico y en consecuencia a los consumidores.
“En el tema de desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones del agente económico involucrado sólo serán en proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos”, apuntó.
Diálogo efectivo
Explicó que los cambios realizados a un total de 35 artículos se derivan del diálogo entablado con expertos, catedráticos, además de empresarios, en los últimos 30 días. “El resultado de los debates organizados es una ley que permitirá incrementar la competitividad, lo que se traducirá en beneficios directos para la población.”
Se estima que en el país los consumidores pagan 40 por ciento más de lo que pagarían si hubiera competencia en mercados monopólicos como refrescos, jugos, agua, cerveza, medicamentos, leche y electricidad, además de telefonía, donde se estima que es invertido más del 30 por ciento del gasto de los hogares.
Destacó que la falta de competencia no sólo daña la distribución del ingreso, cuyos efectos son más graves en los grupos de menor ingreso, sino que también deteriora la eficiencia de los mercados de bienes.
El Índice de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial, indica que la intensidad de la competencia en el país ocupa la posición 65 entre 148 países.
Sector empresarial logró flexibilizar la legislación
La Ley de Competencia Económica que aprobó la Cámara de Diputados, y que fue turnada al Senado de la República, fue aprobada con modificaciones en los artículos 66 y 94 que flexibilizan las reglas de competencia en México.
Durante la discusión en el Pleno, se realizaron cambios que el sector empresarial cabildeó con los integrantes de las principales fracciones parlamentarias en la Cámara Baja durante los últimos 30 días.
De último minuto se eliminó del artículo 66 de la iniciativa presidencial, la posibilidad de que las peticiones de investigación presentadas por el Ejecutivo o por la Procuraduría se realicen sin seguir el procedimiento. Sólo se dejó la disposición de que serán tratadas de manera preferente.
En el artículo 94 en el tema de la desincorporación de activos quedó estipulado que procederá cuando otras medidas correctivas no son suficientes para solucionar el problema de competencia identificado.
El cambio indica que el dictamen preliminar se deberá notificar a los agentes económicos que pudieran verse afectados por las medidas correctivas propuestas, entre ellas la posible eliminación de la barrera a la competencia o por la regulación para el acceso al insumo esencial, así como, en su caso, a la dependencia coordinadora del sector o a la Autoridad Pública que corresponda.
La legislación se avaló con 397 votos a favor, 45 en contra y 2 abstenciones.
