A la SCJN, deducibilidad de prestaciones; Coparmex presentará el caso

CIUDAD DE MÉXICO.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitará al Poder Judicial que sea el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el que resuelva sobre la deducibilidad plena de las prestaciones laborales.

En su mensaje semanal, el presidente del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos Walther, dijo que lo anterior con el propósito de centrar la discusión en la importancia que el sistema fiscal promueva las prestaciones, por ser éstas un vehículo idóneo de bienestar social y combatir la informalidad.

“Por lo tanto, debe de regresar la deducibilidad plena de las prestaciones en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y para lograrlo emprenderemos varias acciones”, expuso.

Indicó que solicitarán que sea el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estudie la constitucionalidad de los artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) vigentes a partir del 1 de enero de 2014, que limitan la deducción de los pagos realizados a los trabajadores, por concepto de prestaciones que constituyen ingresos exentos para ellos.

Consideró necesario que la Segunda Sala de la Suprema Corte difiera la resolución de los juicios de amparo en esta materia, para que sean todos los ministros y no sólo cinco de ellos quienes, resuelvan este tema.

Anunció que iniciarán un diálogo con los representantes del Poder Legislativo para que en el análisis y la discusión de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se apruebe la deducibilidad plena de las prestaciones de ley que otorgan las empresas a sus trabajadores.

Dijo que promoverán que los líderes de los sindicatos de trabajadores se sumen a esta petición y se privilegien por tanto las prestaciones de sus representados, ciertamente muchas empresas dejarán de ofrecer nuevas prestaciones o limitarán las mismas en las nuevas contrataciones si no logramos su plena deducibilidad.

A pesar de que las modificaciones a la Ley del ISR que limita la deducibilidad entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2014, han significado para los empleadores formales del país un aumento en el costo de la nómina que oscila entre 5.0 y 8.0 por ciento, los empresarios no hemos dejado de otorgar estas prestaciones, sostuvo.

De Hoyos Walther lamentó que en México existan trabajadores y funcionarios del sector público que gozan de la exención de facto en el pago de dicho gravamen, así como de seguros médicos privados y otras prestaciones como planes benévolos de retiro, mientras que se aplican restricciones fiscales que afectan la calidad de vida de millones de trabajadores en las empresas formales que sostienen la recaudación.

“El afán de recaudar 20 mil millones de pesos al año que se obtienen al limitar las prestaciones de 2014 y que ahora estaría convalidando la Suprema Corte, no puede ser más importante que (...) la vigencia y la continuidad de las prestaciones de millones de trabajadores”, entre ellas aguinaldo, horas extras, primas vacacionales y dominicales, o fondos de pensiones y de jubilaciones.