Autorización fast track de obras del gobierno es puerta de improvisación y riesgos

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) exteriorizó su total discrepancia con el acuerdo que declara de “interés público y seguridad nacional” la realización de todos los proyectos y obras a cargo del gobierno, dado que, aunque la autorización provisional se debará emitir en cinco días, lo que abre la puerta de la improvisación e iría en detrimento de la calidad de las mismas, representando riesgos para los usuarios, además de que viola diversas leyes.

Lo anterior lo manifestó, en conferencia de prensa virtual, Francisco Solares, presidente nacional de la CMIC, reconoció que el mencionado acuerdo no está claro, dado que pueden entrar todo tipo de obras, lo que incluso se puede prestar a la aprobación de ocurrencias y por lo que la representación que encabeza analiza los caminos jurídicos a seguir, sin que la puerta del amparo quede cerrada.

Según el acuerdo, los proyectos deberán recibir por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la autorización provisional en un término no mayor a 5 días hábiles, o se entenderá como afirmativa ficta y en un plazo no mayor a un año se deberá emitir la autorización definitiva.

Solares dijo que, aunque se comparte el propósito del gobierno federal de agilizar las grandes obras de infraestructura de país y que se respetan las atribuciones legales del presidente de la república, el acuerdo afecta a la industria de la construcción, por lo que dijo que “no compartimos que la medida para poder agilizar las obras sea emitiendo permisos provisionales en fast track, omitiendo principalmente leyes o posponiéndolas crenado un ambiente estamos vulnerando el orden legal, el orden institucional que tanto tiempo y tanto esfuerzo nos ha costado a los mexicanos construir”.

Aclaró que si hay retraso en la autorización y se complica la ejecución de las obras no es por la capacidad de respuesta de las instituciones o de las entidades encargadas de dar los permisos; sino que tiene que ver con la planeación, con los tiempos de revisión y la forma como se presentan los estudios.

Por lo anterior, Solares enfatizó que “los constructores organizados de México, afiliado a la CMIC, externamos nuestra preocupación de que este decreto derive en mayor improvisación, esto traerá, como consecuencia, mayores costos, menor transparencia y seguramente deterioro en la calidad de las obras. Estamos en contra de que esto suceda, estamos a favor de la transparencia, en favor de que todos los mexicanos sepamos, porque tenemos derecho a saber cómo se utilizan los recursos que aportamos al país vía nuestros impuestos…”

Por lo anterior, destacó que el acuerdo no abona en ese sentido.

Destacó que “no es sano hacer de una excepción una regla”, dado que en el acuerdo no se define cuáles con aquellos proyectos de infraestructura que deben ser considerados como de seguridad nacional y por lo que “pudieran ser todos”.

En tal sentido pidió que las autoridades federales abran un espacio de dialogo para expresar la opinión de los constructores.

Destacó que incluso, la emisión del permiso definitivo que se deberá emitir en un año podría tener graves consecuencias, dado que si el proyecto no cumple con los requisitos tal autorización sería negada, lo que podría implicar la demolición de los avances de la obra.

Comento que, por ejemplo, el permiso para una obra de vivienda, en el Ciudad de México, puede requerir de seis a 12 meses.

Por: José de Jesús Guadarrama.

Jbf