Ley de la Industria Eléctrica podría poner en riesgo inversiones estadunidenses

El gobierno de Estados Unidos y el sector empresarial estadunidense advierten que los cambios en el mercado eléctrico en México afectarán las inversiones privadas, pone en vilo la transición energética y la integración de las cadenas de suministro de la región, además es contraria a los compromisos del Tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

“Nos preocupa que se afectaría la confianza de los inversionistas, comprometería la transición energética y la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica y que sí se contrapone a los compromisos que México ya adquirió en el T-MEC”, advirtió Ana López Mestre, directora general de la American Chamber of Commerce en México (Amcham).

De acuerdo con Katherine Tai, representante Comercial de Estados Unidos, las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato arbitrario y más de 10 mil millones de dólares en inversiones estadunidenses en México corren riesgo, una gran parte en energías renovables. 

Las preocupaciones de Tai fueron expresadas en una carta que envió a la Secretaría de Economía, previo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de la Industria Eléctrica.

Para la Amcham hay varias acciones encaminadas a proteger a las empresas energéticas estatales en detrimento de las privadas y de la libre competencia del mercado.

“La reforma cancela antes de su vencimiento, permisos y contratos sobre los cuales se hicieran inversiones muy importantes, esto no sólo genera desconfianza entre los inversionistas, sino que afecta legalmente los derechos de las partes”, advirtió López Mestre.

Para la directora de la Amcham, con los cambios en el mercado eléctrico se impacta la producción industrial porque en lugar de comprar electricidad en un mercado abierto, habría un jugador con ventaja que, además, sería el mismo que ponga las reglas, es decir la CFE.

“Compromete la transición energética y la integración de las cadenas de suministro porque si se limita la inversión del sector privado en renovables, se limita también la posibilidad de que México alcance la meta de generar 35 por ciento de energías limpias para 2024”, dijo durante su participación en el reciente foro del Parlamento Abierto para discutir la reforma eléctrica en el Congreso de la Unión.

Para Tai también se contraviene el espíritu del T-MEC, pues en el acuerdo se encuentran obligaciones fundamentales con respecto al comercio y la inversión, incluso con respecto al trato no discriminatorio.  

“El gobierno de Estados Unidos ha expresado durante mucho tiempo serias preocupaciones sobre una serie de cambios administrativos, regulatorios y legislativos en las políticas energéticas de México que violan estas obligaciones fundamentales, incluidos los cambios de 2021 a la Ley de Industria Mexicana”, sostuvo la representante en una carta fechada a finales de marzo.

De acuerdo con la Amcham la reforma cancela contratos y cambia las reglas establecidas, lo que en términos del T-MEC constituye una expropiación indirecta, afecta el principio de libre competencia y prevención de prácticas monopólicas al asimilar y debilitar a los órganos reguladores y pone a México ante el riesgo de enfrentar litigios internacionales porque el T-MEC incluye herramientas para proteger a los inversionistas y hacer cumplir las obligaciones de todas las partes.

La misma Tai advirtió que el gobierno estadunidense “considerará todas las opciones disponibles bajo el T-MEC para abordar estas preocupaciones”.

Se vulneran derechos

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) pronunció que la resolución de la Corte vulnera el derecho que tienen las y los mexicanos a contar con una libre competencia en la generación de electricidad, así como a disponer de energías limpias en beneficio de nuestra salud y que permitan a las empresas cumplir con las regulaciones de cuidado del medio ambiente.

“La Concamin ha insistido, y lo seguirá haciendo, del derecho que las y los mexicanos tenemos a fuentes de energía limpias y al mejor precio posible. Los argumentos vertidos deben ser analizados con detalle para entender sus consecuencias jurídicas y sus efectos en los procesos judiciales que siguen en curso”, dijo el organismo en un comunicado.

Señaló que en el escenario actual que vivimos, en el que la regulación internacional exige que las empresas y a sus proveedores informen sobre el origen de sus fuentes de energía y la contaminación que sus procesos de producción generan, es inviable crecer económicamente al ritmo que México demanda con fuentes contaminantes como las plantas de combustóleo.

Por ello, advirtió que las empresas que así lo consideren promoverán o esperaran la resolución de los amparos que impugnaron la reforma, con el fin de preservar las fuentes de trabajo y la continuidad de sus procesos de producción.

Por: Redacción Excélsior