¡Otra ocurrencia: impuestos ocultos y puntilla al crédito!

Sorprenden las iniciativas que llevan velocidad en el Senado de la República. Las presentaron dos senadoras, la primera, que más que ocurrencia va por la tercera reincidencia, es la del “impuesto digital” o mejor conocido como el “moche digital que ha impulsado Roberto Cantoral Zucchi, de la Sogem. Hoy tiene por promovente a la senadora por Puebla del PT, la expriista Nancy de la Sierra, pero recordará el escándalo que causó el moche digital con Sergio Mayer en la legislatura pasada.

La sorpresa ahora es que dicen que la impulsa el priista por Hidalgo Miguel Osorio Chong, y que la respaldaron, sin saber de qué se trataba, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal; el presidente del Senado, Alejandro Armenta, y el perredista, Miguel Mancera.

O sea, debe haber estado buena la parranda y la cantada que le dio impulso a la intención de imponer un nuevo impuesto a la que le llaman “remuneración compensatoria” sobre el precio de los dispositivos electrónicos, como los celulares, consolas de videojuegos, laptops, computadoras personales, tablets, discos duros externos, pantallas de televisión, impresoras con memoria y cualquier aparato que pueda descargar o reproducir música. Esos compradores tendrían que “compensar” con ese impuesto (al momento de la compra) por un delito que podrían cometer (descargar música).

Además de tremendamente impopular, seguramente se chamaquearon a Morena y de nuevo tendrá que salir a parar al bodrio el presidente López Obrador, porque el moche digital es inconstitucional. ¿Qué partido en su sano juicio pretendería imponer un sobrecosto así, de cara a las elecciones, o será que pretenden que sea el Presidente quien, para variar, lo detenga en el tránsito de cámaras antes de que se produzca el nuevo ridículo de Morena, como el de créditos de nómina o el de sanciones e injurias a funcionarios públicos?

Además, no sólo es a quién pretenden cobrar un impuesto, sino a quién se lo quieren destinar: al sindicato que encabeza Cantoral, quien decide arbitrariamente a quién le da recursos y a quién no después de pagar sus gastos administrativos.

La Constitución prohíbe que los impuestos que se cobran se “otorguen a particulares” y no hay una sola palabra que autorice el que los legisladores determinen “compensaciones de particulares a particulares por un supuesto delito que no han cometido, pero pueden cometer si descargan música en sus equipos”.

¡Por Dios! No le hagan el juego a Cantoral, que se acabó la lana de su papá y busca el dinero en perjuicio de la gente en lugar de ponerse a trabajar. ¡Que se digitalicen!

DE FONDOS A FONDO

La segunda ocurrencia tiene que ver con un tema atorado en Diputados y en el que el CCE, que preside Francisco Cervantes, no ha logrado contener: pago a proveedores en 30 días naturales a partir de la entrega de la cosa convenida en cualquier contrato mercantil traslativo de dominio. La presentó en el Senado también De la Sierra y se dictaminará por las comisiones unidas de Economía y Estudios Legislativos el 8 de marzo. Mire, no estaría mal porque al primero que hay que imponerle el plazo de pago en 30 días es al sector público, a Pemex y a la CFE, a la Tesofe, no sólo a los corporativos grandes. Esto, el sólo aplicarlo al sector privado, la torna complicada de transitar.

La tercera la presentó la senadora Martha Guerrero Sánchez, de Morena, y cuenta, por lo que confirmamos, con el respaldo del senador Rafael Espino, de Estudios Legislativos, pues reviven el tema del anatocismo. La SCJN, en su momento, prohibió el cobro de intereses sobre intereses, la no capitalización de intereses no pagados y la iniciativa mezcla de todo, pues pretende prohibir la capitalización de intereses en todo tipo de crédito cuando una persona pierda el empleo, con el argumento de que su deuda se vuelve impagable. Aparte de que va directo a la despedida de Daniel Becker como presidente de la ABM, porque seguramente, si se aprueba el dictamen de Economía y de Estudios Legislativos el próximo 8 de marzo, le pondrá un sello particularmente crítico a la Convención Bancaria la próxima semana, y le deja aún más complicado el camino a su sucesor, Julio Carranza, porque la intención viene con todo de una parte de los morenistas.