Reunión Tai-Buenrostro: ¿será?

La diferencia que hay entre el comunicado que emitió la Secretaría de Economía, donde relata una buena reunión de la titular, Raquel Buenrostro, con la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y el que emitió ésta última, da cuenta que sobre la mesa, nuestros vecinos no darán marcha atrás en disputas clave, si persiste la decisión de importar granos genéticamente modificados de EU (22 millones de toneladas por año), así como plaguicidas, la posibilidad de que se levanten disputas por violación al T-MEC sobre productos agropecuarios (entre ellos, tomate, frutas y hortalizas) cultivados con mano de obra “infantil o forzada”, puede ser una realidad.

Cierto, Buenrostro afirma que México tiene la voluntad de construir soluciones tangibles y mutuamente satisfactorias en los temas de política energética, dado que Tai le puso el vocablo “solución urgente” al tema de energía: “La embajadora Tai subrayó la urgencia de alcanzar un progreso significativo en las actuales consultas bajo el T–MEC, relacionadas con las medidas que México ha tomado en materia de energía y, también las relativas al combate de pesca ilegal en los términos de sus leyes ambientales”.

En el segundo párrafo, y relacionado con la fuerte disputa que tienen los productores del campo, agrupados en el CNA con el grupo que pretende prohibir, con un cambio legal, el uso de pesticidas y la importación de granos para consumo humano, animal o industrial de maíz genéticamente modificado, el comunicado de la USTR fue más contundente: “Además, la embajadora Tai, de nuevo enfatizó la importancia de evitar cualquier interrupción en las exportaciones de maíz de EU a México, incluso para consumo humano y forraje, y el cumplimiento de un proceso de aprobación regulatorio basado en datos científicos y análisis de riesgos para todos los productos biotecnológicos agrícolas en México”. No más rollo.

¿Cuál fue el compromiso de Buenrostro, que fue acompañada del subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas Nájera?

1) Para la tercera ronda de consultas energéticas, que se efectuará la próxima semana en CDMX, el equipo de la USTR, se reunirá con el equipo de la Sener, para construir soluciones precisas, contundentes y mutuamente satisfactorias que a la par salvaguarden la soberanía nacional (esto último implica no da marcha atrás en el control estatal de la energía).

Se realizará una priorización de la agenda para que los asuntos que puedan tener una solución más rápida salgan primero, pero con el compromiso de atender todas las inquietudes presentadas en la denuncia Estado/Estado por Estados Unidos y Canadá bajo el T-MEC.

2) Establecer grupos multidisciplinarios de trabajo que sesionarán en diciembre y la primera semana de enero para avanzar en la consulta energética y presentar los avances en la Cumbre de Líderes de América del Norte el 9 y 10 de enero de 2023, teniendo como objetivo conciliar diferencias en la fase de consulta, “sin la necesidad de llegar a un panel arbitral”. Esto último, está cuesta arriba cuando el diálogo y la interlocución con las empresas en México no existe. El monólogo de Sener es total.

Respecto al tema de biotecnología y prohibición de importación de granos y pesticidas, este mes se establecerá una misión conformada por representantes de las secretarías de Agricultura, Economía, Medio Ambiente, junto con Cofepris, con el secretario de Agricultura de EU, encuentro que está gestionando la Cancillería mexicana. De nuevo la pregunta, ¿y el sector privado mexicano, tiene que recurrir al secretario Tom Vilsack para que los escuchen en México y se encuentren soluciones a un problema que, incluso puede generar una distorsión mayor en materia agropecuaria e inflacionaria? La intención de construir una solución sin llegar al extremo está presente en la decisión de respaldo amplio del Presidente a Buenrostro, pero si hubiera un poco de sentido común, gran parte de la disputa podría resolverse con un diálogo franco con el sector privado afectado en México por los cambios regulatorios y legales impuestos.

Para muestra, un botón. Hay 64 empresas que han solicitado su transición de contrato de autoabasto a régimen general con la Cenace y la CRE, y tienen casi un año sin una respuesta.  Ésta sería una solución rápida y expedita, y no afectaría la soberanía nacional en los términos definidos por el Presidente, ¿no cree?