Incentivos perversos en la privatización de cárceles

En años recientes empresas particulares se han dedicado a construir cárceles en nuestro país. Además, tanto el Partido Nueva Alianza como el Partido Verde han propuesto seguir impulsando este esquema de operación carcelaria. La privatización de cárceles es una tendencia mundial seguida por varios países como Holanda y Francia, incluso en Estados Unidos los particulares construyen y operan todos los aspectos de la cárcel.

El esquema opera de la siguiente manera: la empresa construye la cárcel y se encarga de operarla, el Estado le paga una cantidad fija por cada reo y se le imponen multas por fugas o conflictos dentro del penal. Algunos de los beneficios que se mencionan sobre este esquema es que las empresas privadas operan a un menor costo y sufren menos fugas que las cárceles operadas por los gobiernos. Se argumenta que hay una mejor alineación de incentivos, ya que el ingreso de las empresas se ve disminuido por una deficiente operación del penal. En muchas de estas cárceles los reos realizan trabajos de manufactura que los mantienen ocupados por salarios extremadamente bajos.

Sin embargo, este esquema puede generar incentivos perversos. Al depender los ingresos de los particulares de la cantidad de reos en sus cárceles, los primeros tienen un obvio interés en maximizar el número de reos y de prolongar sus condenas. Esto podría llevar a que estas empresas cabildeen el aumento de penas e incluso se busque corromper jueces para tener más reos en sus cárceles.

En una carta enviada por la Corrrections Corporation of America (empresa penitenciara de EU que gasta millones en cabildeo), ofrece sus servicios a cambio de que los estados le aseguren el 90% de ocupación carcelaria. En caso de que no se cumpla esa cuota de ocupación, algunos gobiernos estatales en Estados Unidos como Arizona y Luisiana están obligados a pagar por las camas vacías. Es decir, a pesar de que se logre bajar la incidencia delictiva, los contribuyentes de esos estados están obligados a pagar a empresas privadas por las cárceles vacías. Existe una importante correlación entre el número de cárceles operadas por privados en los estados de Estados Unidos y el número de reos por cada 100,000 habitantes, lo que parece indicar que estas empresas en efecto están buscando maximizar el número de reos en sus cárceles.

Evidentemente,  esta una política pública con numerosos efectos dañinos y que va en contra del deber del Estado de buscar la imparcialidad y el menor número de prisioneros, lo que se logra a través de distintas políticas públicas. Además, este esquema no sólo puede llevar a la encarcelación de inocentes, penas exageradas por delitos menores y trabajos forzados para los reos, sino que las empresas dedicadas a operar cárceles se puede convertir en un importante obstáculo para debatir nuevas políticas públicas como la despenalización de las drogas que podrían disminuir la incidencia delictiva y aumentar los ingresos fiscales en el largo plazo.

Este es solo un botón de muestra de cómo la introducción de mercados sin esquemas de regulación bien diseñados en algunos ámbitos gubernamentales puede tener efectos muy dañinos para la población. 

*gl