Lo que debe interesar de la informalidad al hablar de seguridad social

En días recientes un tema que ha generado “ruido” en las redes sociales ha sido la posibilidad de una reforma al sistema de seguridad social mexicano, particularmente la posibilidad de una reforma que busque construir un sistema de seguridad social universal. El impulso a una Seguridad Social Universal ha quedado asentado como uno de los objetivos del sexenio en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND). El PND en su descripción alude a que la presente Administración pondrá énfasis en proveer una red de protección social a la cual todos los mexicanos tuvieran acceso. Además, en palabras del PND, una seguridad social incluyente sería un fuerte aliciente para que más de la mitad de la población mexicana saliera de la informalidad.

Dentro de la reforma al sistema de seguridad social, la posible reforma al sistema de salud es uno de los elementos más importantes. Particularmente porque debido al bajo ingreso de buena parte de las y los mexicanos, resulta impensable pensar que el sistema privado de proveedores de salud es una opción para la mayoría. El Seguro Popular, creado en el 2004, fue una medida que buscó subsanar, hasta cierto punto, las carencias en materia de protección social para las personas que no estaban afiliadas a las principales instituciones de Seguridad Social, pasando a ser el segundo lugar de instituciones de salud en cuanto a tamaño y cobertura (después del IMSS). Esto no quita que la seguridad social representa un costo y alguien debe asumirlo.

El gasto en rubros como la salud incrementó significativamente de 2011 a 2012, sin embargo, el  nivel de gasto en México siguió siendo uno de los más bajos para la OCDE, promediando un 6.2% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, el último Informe sobre la situación financiera y riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, reportó que se ha incrementado la demanda por servicios de salud, aunado a que los padecimientos de la población en edad avanzada han presionado al alza el gasto de la institución. Asimismo, el gasto que corresponde a la nómina del Régimen de Jubilaciones y Pensiones sigue creciendo, por lo cual estiman que es posible que a finales de 2015 la institución entre en situación deficitaria.

Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo y la CEPAL para el 2015  menciona que una de las principales restricciones financieras que presentan los sistemas de seguridad social en América Latina es el propio mercado laboral. Por restricción del mercado laboral se alude, en primer lugar, a las personas que se encuentran en la informalidad. Según el estudio, el hecho de que haya mercados laborales con una alta presencia de informalidad implica un problema de sostenibilidad financiera y de presión hacia las finanzas públicas, dado que el gasto creciente en materia de servicios no es compensado por un incremento en las aportaciones de los trabajadores formales, pues las plazas formales no se incrementan al ritmo necesario.

Además de que la informalidad indica el escaso o nulo acceso de las familias mexicanas a empleos remunerados regidos por una relación contractual, implica que mientras el seguro social pretende extenderse a la mayor parte de los estratos sociales, hay más del 55% de la población que no está cotizando (es decir, que no aporta recursos al sistema de seguridad social). Esto es preocupante, ya que, según Coneval, la seguridad social se financia principalmente con aportaciones tripartitas (trabajador, empleador y gobierno), en tanto que los programas sociales se financian de medios no contributivos (impuestos generales u otras fuentes de recursos públicos no ligados a impuestos laborales).

De esta manera, en un país donde más de la mitad de su población está en la informalidad y donde la calidad de los empleos se ha deteriorado, es difícil implementar un sistema de seguridad social universal sin pensar en posibles problemas financieros en el mediano plazo, y por problemas financieros nos referimos a una posible falta de recursos para hacer frente a obligaciones como las pensiones y servicios de salud básicos. Del año 2010 al año 2014 los trabajadores asegurados en calidad de eventuales se incrementaron más rápido que los trabajadores en calidad de permanentes, lo que indica que cada vez más personas no cotizan de forma regular al seguro social.

El reciente informe de Coneval sobre pobreza en México indica que si bien ha habido una disminución en cuanto a carencias por servicios de salud del 2010 al 2014, aún existe una considerable proporción de la población que no cuenta con seguridad social. En 2014 un 58.5% de la población presentó esta carencia. De ahí surge la preocupación por extender la cobertura de protección social hacia la población en condiciones menos favorables.

Fuente: Datos obtenidos del Anexo Estadístico de pobreza en México realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2015)

Por otro lado, la tasa de informalidad se ha mantenido constante, alcanzando casi el 58% de los trabajadores empleados desde el año 2005, como se muestra en el siguiente gráfico. De esta manera, son menos las personas que tienen posibilidad de acceder atención médica y pensión, al menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el resto del sector formal.

Fuente: Gráfico tomado del reporte de Información Laboral de la Subsecretaría de Empleo y productividad laboral 2015.

Si la base de personas que cotizan al seguro social es reducida y el gasto público está siendo afectado por la caída de los precios del petróleo, es importante plantear una estrategia que esté enfocada a combatir la informalidad a modo de generar mayores empleos y de mejor calidad. El Plan Nacional de Desarrollo contempla que la universalización de la seguridad social alentaría a las personas que se encuentran en la informalidad a volverse formales. Sin embargo, no todo es cosa de incentivos, es necesaria una estructura productiva que la respalde y para ello se requiere una política pensada en reactivar el aparato productivo.

A pesar de que sea objetivo gubernamental el hacer más eficiente el gasto de instituciones como el IMSS y el ISSSTE, es necesario voltear a ver a la relación del aparato productivo con el sistema de seguridad social con mayor profundidad, pues de la primera depende la sostenibilidad de largo plazo del segundo

*gl