Defensa de derechos humanos debe de incluirse en el presupuesto 2020: Fundar

CIUDAD DE MÉXICO.- Fundar, Centro de Análisis e investigación, organización de la sociedad civil, enfocada a la investigación para contribuir al fortalecimiento de la democracia y la relación entre gobierno y ciudadanía, realizó recomendaciones de política pública para su inclusión en el Presupuesto Económico de 2020 (PEF 2020).

Tras señalar que el PEF 2020 debe considerar no sólo la adecuada distribución del gasto público, sino contemplar la importancia de que organizaciones sociales e instituciones públicas no se queden sin recursos, pues algunas de ellas son vitales para la defensa de los derechos humanos.

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Las nueve propuestas de Fundar son: 

1. Garantizar que las adecuaciones presupuestarias y ahorros, obtenidos por la austeridad y la disciplina financiera, se redireccionen al cumplimiento de metas y objetivos de los programas asociados al desarrollo social.

2. Modificar la distribución de recursos para los 295 municipios de 18 entidades del país que tienen una Alerta de Violencia de Género, que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), cambie el modelo de distribución de los recursos federales que implementa.

3. Fortalecer financieramente, por medio del etiquetado y la asignación adecuada de recursos públicos, la función de los refugios para mujeres víctimas de violencias y sus hijas e hijos, así como sus Centros de Atención Externa, para garantizar su sostenibilidad.

4. La no asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 a proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) que requieran del uso de la fractura hidráulica, conocida como “fracking”, para el aprovechamiento de hidrocarburos no convencionales.

5. Garantizar una asignación presupuestaria adecuada para el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, estableciendo la prioridad presupuestal de las labores de búsqueda en vida –sin descuidar el fortalecimiento de los sistemas forenses– para hacer frente a la crisis de desapariciones en el país.

6. Mantener la sostenibilidad presupuestaria a instituciones que pertenecen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en particular al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

7. Reducir a un máximo de 40 mil pesos las deducciones o beneficios fiscales de las personas físicas más ricas.

8. Regularización de la transparencia tributaria de las declaraciones de personas físicas y morales del Impuesto Sobre la Renta (ISR), conocido como el programa SAT Más Abierto, por medio de reformas al Código Fiscal de la Federación.

9. Asignación de los dos mil 500 millones de pesos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) requiere para la elaboración del noveno Censo Agrícola, Ganadero y Forestal en 2020, con ello se podrá conocer la situación actual de las campesinas y campesinos en México.


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