Informalidad, el freno del crecimiento: Eduardo Sojo

CIUDAD DE MÉXICO.

Para que México pueda salir de la trampa del bajo crecimiento (2.4% promedio anual en las últimas cuatro décadas), urge establecer plena seguridad jurídica a todos los agentes económicos y reducir de forma estructural la informalidad, afirmó de forma categórica Eduardo Sojo Garza-Aldape, director general del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En entrevista con Excélsior, quien fuera el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y que ayudó a consolidar su autonomía entre 2008 y 2015, enfatizó que el país crece a una tasa insuficiente para resolver los principales problemas de empleo y pobreza, y abundó en las soluciones que se necesitan para acelerar dicho crecimiento.

PODER EFECTIVO

Sojo, quien conoce las entrañas de cómo se miden los principales indicadores económicos del país, expresó que muchos proyectos e inversiones se cancelan o quedan a medias por falta de seguridad jurídica.

Lo vemos en gasoductos, en proyectos mineros o del sector agropecuario que se bloquean porque hay reclamos, por falta de claridad en la tenencia de la tierra, en los temas ambientales o porque no se puedan hacer valer los contratos. La falta de reglas claras y de hacerlas valer limitan el crecimiento del país”, comentó.

Derivado de lo anterior, el ahora académico del CIDE afirmó que se necesita un poder judicial más sólido que permita resolver con rapidez y eficiencia los casos que se presentan, en particular en materia mercantil, que es donde se dirimen los asuntos económicos.

Tenemos un bajo número de jueces por habitante respecto al estándar internacional y mucha de la carga de la justicia se da en el ámbito local. En materia mercantil, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria determinó, en un estudio en que les ayudamos, que estamos muy rezagados. Los jueces mercantiles resuelven cada vez más casos de grandes dimensiones, están muy saturados, y para resolver eso se necesitan más salas, capital humano y capacitación. Estamos rezagados porque no hemos invertido recursos en ello”.

Expresó que esta situación también se presenta en otros ámbitos de la justicia como la penal y lo laboral, por lo que dijo “no creo que al poder judicial se le tenga que quitar dinero, sino más bien darle más, porque necesitamos que actúe con rapidez si alguien te transa, que vayas y puedas presentar tu caso y se resuelva fácilmente”.

Por eso Sojo, quien fuera jefe de la Oficina de la Presidencia y secretario de Economía, se mostró a favor no sólo de que las entidades federativas asignen más recursos al poder judicial local, sino también que desde la Federación se implementen programas que vayan directamente a mejorar la infraestructura de los poderes judiciales estatales.

CÉDULA DE IDENTIDAD

Sobre la segunda limitante al crecimiento, es decir la informalidad, Eduardo Sojo reconoció los esfuerzos por reducirla en el gobierno anterior, pues se cambió la tendencia al pasar de 60 a 57% de los ocupados y se alcanzó más de cuatro millones de nuevos empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sin embargo, expresó que la informalidad se mantiene en niveles altos y para reducirla de manera estructural se deben tener mejores registros administrativos, para lo cual la cédula de identidad se vuelve fundamental.

Un proyecto indispensable para tener una economía más formal es la cédula de identidad. Todos deberíamos tener, desde el momento de nacer, esta cédula, y todos los registros y todo lo que hacemos debería estar vinculado a eso: si vas al doctor, si sacas tu pasaporte, si pagas la energía eléctrica, si te inscribes en una escuela pública”.

Añadió que “de esa forma, los subsidios estarían mucho mejor focalizados porque sabrías cuánto gana cada hogar, sabes sobre sus necesidades en educación, en salud, si tienen a una persona que requiere de cuidados especiales, sabrías qué productores agrícolas son de bajos ingresos”.

Asimismo, manifestó que la cédula de identidad sería prácticamente “la clave para pagar impuestos e incluso integraría el padrón de beneficiarios de los programas sociales”, además ayudaría a una mayor inclusión financiera, pues al tener mejores registros administrativos, los bancos ampliarían el crédito a más segmentos de la población, y eso incluso impulsaría a la baja las tasas de interés y las comisiones bancarias.

La cédula de identidad, sumada a la propuesta de separar la seguridad social del puesto de trabajo y que sea financiada con impuestos generales, serían los grandes detonadores de la formalidad en el país”, puntualizó.

Los modelos deseables

Para consolidar más la autonomía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sería deseable que los miembros de la junta de gobierno fueran escogidos a través de un método similar al que existe en la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que consiste en realizar un examen técnico a los aspirantes, afirmó Eduardo Sojo, director general del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE.

Quien quiera formar parte de la Cofece o del IFT debe cumplir los estrictos requisitos establecidos en la ley. Pero, además, tiene que presentar un examen de conocimientos técnicos, y sólo las mejores calificaciones van hacia el Presidente de la República, quien tiene que elegir a uno de los cinco mayores puntajes y luego enviarlo al Senado. Si el Senado no aprueba esa postulación, el presidente tendría que seleccionar a otro de los cuatro de la lista, y así sucesivamente. Este mecanismo está estructurado de tal forma que quien llegue a esos puestos tenga el conocimiento adecuado en su materia”.

Sojo expresó que un sistema de selección así, que combina aspectos técnicos y políticos, “fortalecería más la autonomía del Inegi, al enviar al Senado perfiles adecuados y acordes a lo estipulado en la ley… Si bien en toda la estructura organizacional del Inegi se tiene muy internalizada la autonomía, el sistema actual no está exento de riesgo a que el Senado escoja perfiles partidistas y no técnicos para miembros de la junta de gobierno”.

cva