RCO se alista para llevarse libramiento carretero de Aguascalientes

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 10 años de litigio entre el gobierno estatal y los concesionarios del libramiento carretero poniente, el próximo 22 de julio se dará a conocer el fallo de la nueva Licitación para la construcción, equipamiento, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la vialidad.

Las tres empresas que presentaron propuesta son: Operadora de Autopistas del Altiplano con Grupo Profrezac, que ofrecen un pago inicial 200 millones de pesos y una inversión de más de 3 mil 700 millones de pesos.

Promotora y Operadora de Infraestructura con Operadora Autopistas Nacionales Equivent, Operadora Metropolitana de Carreteras, Cobro Electrónico de Peaje y Operadora de Autopistas Michoacán, cuyo pago inicial propuesto es mayor a los 220 millones de pesos y el monto total de inversión se acerca a los 2 mil millones de pesos.

Y finalmente la Red de Carreteras de Occidente (RCO), cuya oferta prevé un pago inicial de 100 millones de pesos y 1 mil 719 millones como monto total de inversión.

RCO, empresa que dirige Demetrio Javier Sodi Cortés se constituyó en 2007 en la Ciudad de México, después de que el Consorcio (Grupo GSIP, CICASA y CONOISA) fuera declarado ganador de la licitación del Título de Concesión FARAC I, la cual le otorga el derecho y la obligación de construir, operar, explotar, conservar y mantener a las autopistas integrantes del paquete por un plazo de 30 años contados a partir del 4 de octubre del 2007.

Aunque la empresa cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y está sujeta a diversas auditorías, según versiones de la prensa local, el gobernador del estado podría favorecer a la firma que actualmente opera cinco concesiones de carreteras y autopistas en el país.

En 2019, el gobierno del estado anuló el título de concesión del libramiento, mismo que se le había otorgado diez años antes a Concesionaria de Autopistas S.A. de C.V, conformada por Pavimentos y Maquinarias S.A. de C.V. (Pavimaq) que tenía el 12 por ciento de las acciones, LI Desarrollos que participaba también con 12 por ciento y el Grupo PROFREZAC con 76 por ciento de las acciones.

De acuerdo con la Resolución del Procedimiento Administrativo de Revocación (expediente SEGGOB 01/2018) publicado el 5 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado, las causales de revocación por las que se inició el procedimiento son: la realizar cambios no autorizados a la estructura accionaria y estatutos de la Concesionaria, el incumplimiento por parte de la Concesionaria a su obligación de exhibir una garantía de cumplimiento a más tardar el día hábil anterior a la fecha de suscripción del Título de Concesión, el incumplimiento por parte de la Concesionaria a su obligación de celebrar un contrato de fideicomiso, y el incumplimiento reiterado por parte de la Concesionaria a su obligación de presentar información al Gobierno del Estado, anualmente.