Nearshoring exige a SHCP revisar políticas públicas, ¿cuáles?

Al participar en la presentación de programas de financiamiento de Nafin y Bancomext, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien es un optimista irredento, ratificó su pronóstico de que la economía mexicana crecerá este año 3%, muy por arriba del promedio calculado por el sector privado, que es de 1%, aunque, efectivamente, en 2022 el PIB creció 3%, más cercano al pronóstico de la SHCP.

Lo que sí sorprendió en el discurso de Ramírez de la O es que aseguró que el nearshoring “nos obliga a revisar nuestras políticas públicas y privadas a fin de potenciar nuestra capacidad de innovación, generación de tecnología, formación y capacitación de recursos humanos, ubicación de nuevos parques industriales y apoyo decisivo a las pymes”.

Ramírez de la O no aclaró cuáles son los cambios que tendrían que realizarse en las políticas públicas, pero es de suponer que se refiere a la energética, porque uno de los obstáculos para un mayor crecimiento del nearshoring o relocalización de inversiones es la incertidumbre jurídica sobre la política energética de México y no sólo por la amenaza de que Estados Unidos y Canadá inicien en cualquier momento un panel arbitral contra México, sino porque hay más de 200 amparos contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que llegarán a la SCJN y se esperan fallos en contra de esta contra reforma.

ALTAS TASAS DE INTERÉS: OTRO OBSTÁCULO

Una de las propuestas del gobierno para detentar más inversiones en nearshoring y una mayor participación de empresas medianas y pequeñas son los programas crediticios de Nafin y Bancomext, pero hay dos problemas de fondo: la incertidumbre jurídica y las altas tasas de interés, porque, aunque han mejorado las expectativas de la economía en Estados Unidos en este 2023, lo que es un hecho es que seguirán al alza las tasas mientras no se reduzca la inflación.

AEROMAR, MAL ADMINISTRADA, PERO SIGUIÓ OPERANDO

Tiene razón el presidente López Obrador al afirmar que Aeromar fue una empresa muy mal administrada mucho antes de la pandemia y sus dueños abandonaron a la empresa y a sus trabajadores, dejándola con impagables deudas. Reiteró que el gobierno no debe rescatar empresas y también tiene razón, porque no debemos rescatar empresas con nuestros impuestos y porque la prioridad en esta 4T son los programas sociales.

Sin embargo, el tache para el gobierno de López Obrador, tanto en el caso de Aeromar como en el de Interjet, es que, a pesar de que, en efecto, ambas aerolíneas tenían cuantiosas deudas, las dejaron seguir operando y vendiendo boletos.

Las deudas de Aeromar superan los 250 mdd y el almirante Carlos Velázquez Tiscareño, director del AICM, precipitó el desenlace porque se cansó de las reuniones y reuniones en las que los representantes de la empresa presentaban promesas de pagos de los adeudos por 525 mdp que nunca cumplieron.

PROFECO EXHORTA A ACCIÓN COLECTIVA

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, exhortó a los 4,900 pasajeros que compraron boletos de Aeromar antes del cierre de operaciones a que se unan a una acción colectiva para recuperar no sólo el monto de su boleto, sino una indemnización de 20% sobre su compra. El problema es que, al mismo tiempo, la SICT los exhorta a acudir a Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para utilizar sus boletos en las rutas que sí están cubiertas.