Ahora, a regular la IA en la región

Muchos investigadores y analistas políticos, económicos y sociales trabajan en entender a la IA como el nuevo centro de las agendas nacionales y regionales de la geopolítica global. ¿Pero qué pasa con su regulación en nuestra región una vez que la Unión Europea logró la suya de manera satisfactoria?

Al igual que los gobiernos europeos, que son lo que más han adoptado la IA en el servicio público desde hace varios años y por ende son catalogados como los más avanzados en entender su uso ético, algunos de la región de América Latina y el Caribe (ALC) también ya aprovechan el inmenso potencial de la IA de una manera estratégica, aunque la razón de acelerar la regulación es que no se sabe qué tan confiable puede ser su uso para la toma de decisiones, y analizar qué tipo de sesgos puede tener que afecten a la sociedad.

Siete países de la región han desarrollado, o están desarrollando, una estrategia nacional de inteligencia artificial (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay), y siete se han adherido a los Principios de IA de la OCDE (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú).

Gran parte de los trabajos que se están haciendo para regular la IA en América Latina buscan garantizar que los esfuerzos sean informados, confiables y mejoren el valor público. Para ello, se debe, desde mi punto de vista, tomar como base la nueva AI Act de la Unión Europea, ya aprobada por el Parlamento, y estudiarse para regionalizarse en cada país y compartirse de manera conjunta entre las naciones latinas los primeros resultados para aplicarse sin retrasos. Sé que muchos afirman que no se entiende nada sobre el funcionamiento de esta herramienta tecnológica por parte de los creadores de leyes y políticas públicas, pero para ello hay expertos que se están acercando a ellos para informarles, primordialmente desde el punto de vista del derecho y la justicia social, sin dejar de lado la parte de las empresas y los desarrolladores.

Los gobiernos deben desarrollar un enfoque responsable, confiable y centrado en el ser humano, incluso a través de la ética de los datos (muchos ya tienen leyes de protección de datos personales que puede ser también parte de la base a la regulación local), garantizando la equidad y mitigando el sesgo, proporcionando transparencia y explicabilidad de los algoritmos, promoviendo la seguridad, estableciendo mecanismos de rendición de cuentas y garantizando un enfoque inclusivo y centrado en el usuario.

También hay que desarrollar las capacidades clave de gobernanza, incluso liderando, coordinando y generando apoyo para la IA; liderazgo y estrategia de datos; crear espacios para la experimentación; comprender los problemas del sector público y el potencial de las soluciones de IA, y garantizar la preparación futura a través de una gobernanza anticipada, como lo establece la OCDE. Para ello se requiere también establecer facilitadores clave, incluidos datos, financiación, experiencia interna y externa e infraestructura digital.

Vale la pena señalar que, en el caso de México, en 2018 el gobierno federal publicó un estudio que contó con la colaboración entre la Embajada del Reino Unido y las consultoras Oxford Insights (Reino Unido) y C Minds (Colombia): Hacia una estrategia de IA en México: aprovechando la revolución de la IA. Este documento sirvió como base para construir una estrategia de IA para el país. Centra su análisis y proporciona recomendaciones para cinco áreas. El primero es el gobierno y los servicios públicos. El segundo, los datos y la infraestructura digital. El tercero, la investigación y el desarrollo. El cuarto, capacidad, habilidades y educación. El quinto la ética.

Lamentablemente, con el retraso que se ha tenido en las políticas públicas en México, la Estrategia IA-MX 2018, que se encuadra en la Estrategia Digital Nacional, se abandonó un poco aunque se está volviendo de retomar fuertemente ante la llegada masiva y al público en general de la llamada inteligencia artificial generativa.

Al igual que en la Unión Europea, los gobiernos de AL deben trabajar juntos en crear un marco regulatorio y desarrollar estrategias de implementación oportuna. Se debe incluir pronto un compromiso y una fecha límite para que el gobierno nacional de cada adherente regional desarrolle su propia estrategia nacional y hoja de ruta para la IA en el sector público, y con ello se garantice que todos los países participantes tengan voz en el diseño y la implementación de la estrategia y hoja de ruta regional de IA.

Hay muchos puntos a debatir aún, pero se debe continuar con la cooperación entre los países de la región después de que se emita la estrategia regional para ayudar a garantizar la implementación, monitorear el progreso y promover la colaboración entre todos.