Paul Lara

Cyberpunks

Paul Lara

25 Abr, 2022

La Ley de Servicios Digitales que México necesita

 

El pasado sábado por la madrugada, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para aprobar las medidas que ahora forman parte de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), dirigidas a sujetar a las grandes tecnológicas a una mayor responsabilidad por el contenido ilegal que se difunda en sus plataformas y servicios.

México y sus autoridades deben poner mucha atención a esta regulación, pues se convierte en algo que debe adoptarse mundialmente ante el control que muchas empresas del sector tecnológico quieren tener frente a la información y lo que quieren que veamos, leamos y escuchemos.

Esta ley es pionera y busca proteger a los usuarios de internet. “Lo que es ilegal fuera de la red será ilegal también dentro de ella en Europa”, señaló Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (CE), luego de darse a conocer el acuerdo.

Déjenme contarles lo mejor de la regulación y por qué ésta es muy importante y debe ser un ejemplo para México y el resto de las naciones que no conforman la Unión Europea. La DSA se compone de varias medidas dirigidas a proteger la privacidad de sus usuarios, aumentar la transparencia de los algoritmos de las redes sociales, proteger a los menores y, como novedad más significativa, dotar a la Unión Europea y a todos los Estados miembros con la posibilidad de supervisar, tanto el funcionamiento de las redes sociales, como el contenido que en éstas se difunde.

En este caso, la Unión Europea tendrá acceso a los algoritmos que emplean las grandes plataformas online (la DSA considera como gran plataforma online a aquellas que cuenten con más de 45 millones de usuarios activos al mes). Es decir, todos los Estados miembros podrán conocer con exactitud cómo funcionan los algoritmos que emplean para servir contenido que aumente el tiempo del usuario dentro de la aplicación.

Tanto Facebook como Google y similares estarán obligadas a ofrecer sistemas claros, rápidos y concisos que promuevan que los usuarios informen de contenido ilegal dentro de la plataforma. Tendrán que eliminarlo rápidamente o se enfrentarán a multas récord (hasta 6.0% de su facturación anual), ya que su cuantía estará basada en el porcentaje de ganancias globales de la empresa, y no sólo de sus negocios en Europa.

Las víctimas de ciberviolencia estarán especialmente protegidas frente a la difusión de contenido sin su permiso (lo que se conoce como revenge porn) y las redes sociales tendrán que eliminarlo de forma inmediata. Esta inmediatez requerirá de una mayor inversión en equipos de moderación, ya que los algoritmos de inteligencia artificial no pueden saber si las fotografías o videos se han difundido con el consentimiento de la persona que sale en éstos.

Cualquier servicio o red social de gran tamaño que emplee un sistema de recomendación de contenido o lo ordene por preferencias del usuario deberá ofrecer, a su vez, una opción que no tenga en cuenta sus preferencias. Es decir, Instagram tendrá que recomendarte cosas que podrían gustarte sin poderte preguntar qué es lo que te gusta.

Estará prohibido que las diferentes plataformas intenten manipular las decisiones de sus usuarios con “tácticas oscuras” dentro de sus servicios, como usar un botón más grande que otro, según convenga a la empresa a la hora de dar permisos en la trata de sus datos. A su vez, será obligatorio que el proceso de cancelación de servicio sea igual de rápido y sencillo que el de suscripción.

Cualquier plataforma accesible a menores deberá ofrecer un lugar especial sin publicidad dirigida de ningún tipo para éstos. No estará permitido recopilar información alguna sobre las preferencias de uso del menor para crear un perfil publicitario de éste.

Herramientas para que la UE pueda censurar información en las redes sociales.

La ley también está dirigida a controlar o eliminar contenido que no necesariamente es ilegal. El texto ha de ser finalizado a nivel técnico y verificado por juristas lingüistas, antes de que el Parlamento y el Consejo den su aprobación formal.

 

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