Un capricho

Quienes tratan de defender la estrategia con la cual fue lanzado el programa Cetesdirecto dicen que sí hubo un trabajo previo entre los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y los representantes del sector financiero.

Sin embargo, parecería muchísimo más un capricho del propio Presidente de la República. De acuerdo con algunas versiones sí se habían dado algunas pláticas, pero no era nada concluyente, puesto que se trataba de una idea bastante añeja que no se había aterrizado de una manera adecuada.

Dicen que a principios de la semana, en la cual fue anunciado el programa de Cestesdirecto, los líderes de gremios con el de los banqueros fueron informados de un programa que parece simple y sencillamente una idea y que, como le informábamos ayer, tiene gravísimos problemas, por lo cual tiene altas posibilidades de convertirse en una buena idea que no termina en ningún buen puerto por las prisas, las precipitaciones y los caprichos.

RENOMBRADOS

 La detención de tres sobrecargos de Aeroméxico en España acusados de intentar introducir 140 kilos de cocaína en aquel país confirma dos puntos que hemos venido señalando en esta columna.

Primero. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos regresó a México a la categoría uno, siguen los gravísimos problemas de seguridad en el sector aeronáutico. ¿Cómo es posible que en el AICM, la terminal aérea más importante del país, se hayan podido burlar los controles de seguridad de una manera tan burda?

Es un hecho que en ese aeropuerto los controles de seguridad realmente son de relumbrón. Es increíble que se hagan las extensivas revisiones de seguridad a los pasajeros al tiempo que trabajadores de aviación hayan podido subir tal cantidad de droga.

Para tratar de lavarse la cara ante la degradación a la autoridad mexicana, Humberto Treviño dijo que muchos de los problemas que derivaron en esta sanción a la autoridad, y que causó gravísimos problemas a las líneas aéreas mexicanas, se generaron a principios de esta década cuando el director de la DGAC era Gilberto López Meyer, quien ahora es director de ASA.

Así las cosas, López Meyer por segunda ocasión sería un mal regulador. Al menos por el momento no habría que cuestionarle la pésima decisión que tomó de seguir dando combustible a Mexicana de Aviación cuando ya era operada por Tenedora K que, evidentemente, no tendría dinero para pagar. Peor, el gobierno mexicano sigue diciendo que estos créditos sí están debidamente asegurados, aun cuando este hombre dice que las “quitas” no deben ser vistas como un perdón.

El segundo punto que se confirma sobre lo publicado en esta columna es que los sobrecargos están en la estratosfera. Uno de los sobrecargos que fue detenido fue presidente de la delegación Aeroméxico y recientemente secretario general de ASSA. Habría que ver si Lissete Clavel puede tener una respuesta medianamente satisfactoria ante esta vergüenza para la aviación nacional.

 Marco Antonio Solís Blanco, cónsul de México en Honduras, envió una carta a este columnista en la que asegura que en el caso de Gas Caribe son respetuosos a las leyes del país centroamericano. Señala que “la decisión sobre la situación de Gas Caribe compete única y exclusivamente a las autoridades hondureñas, por lo que sus aseveraciones sobre mi persona carecen de sustento”.

En algún otro punto dice: “las personas o entidades que se consideran afectadas por la empresa mexicana debe acudir ante la autoridad hondureña, pues a ella le corresponde definir lo conducente con base en criterios técnicos y legales”.

En ningún momento planteamos en esta columna que Solís Blanco quisiera imponer su ley, simple y sencillamente que estaba haciendo una muy fuerte campaña de relaciones públicas a favor de los hermanos Zaragoza. Tristemente ese punto no fue tocado por el diplomático.

-La reciente beligerancia de Alejandro Muñoz tratando de evitar que Martín Esparza mantenga la toma de nota como secretario general del SME sólo puede explicarse por un pleito por una patente para robar a los trabajadores.

Seamos claros, el SME ha dejado de tener materia de trabajo, puesto que la empresa fue extinguida por decreto desde hace más de un año y todas las instancias judiciales han confirmado la validez del acto del presidente de la República, Felipe Calderón.

Ni Muñoz ni Esparza están interesados en la situación de los trabajadores sino en poder poner la garra en todos los activos de este sindicato que suman miles de millones de dólares.

Es el colmo que trabajadores quienes jamás tuvieron una condición desahogada de vida tengan que ver como dos liderazgos sindicales se pelean no por los despojos de la organización sino por quedarse con los fondos de la organización sindical.