Prevención del lavado de dinero

En los últimos años, en México hemos padecido problemas de inseguridad, violencia y narcotráfico, además de otros aspectos externos como crisis económicas y financieras, que también nos afectan.

Al interior de nuestro país destaca la lucha sin cuartel del gobierno federal contra el narcotráfico, que para algunos es inadecuada y para otros acertada. Pero más allá de esto, México no ha escapado de un problema adicional que está afectando al mundo entero: el lavado de dinero.

El Grupo de Acción Financiera (FATF-GAFI), un organismo multinacional o intergubernamental con sede en París, creado en 1989 por el Grupo de los Siete países industrializados para fomentar acciones internacionales contra el lavado de dinero, define esta actividad como:

—La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de una actividad criminal, con el objetivo de ocultar o disfrazar su origen ilícito o ayudar a una persona que está involucrada en la comisión del crimen a evadir las consecuencias legales de sus acciones.

—El ocultamiento o disfrazamiento de la verdadera naturaleza, fuente, localización, disposición, movimiento, derechos en relación con, o la titularidad de la propiedad sabiendo que deriva de un delito.

—La adquisición, posesión o uso de la propiedad, sabiendo al momento de su recepción que la misma deriva de un delito o de la participación en un delito.

Esta situación no es privativa de los grandes corporativos, desafortunadamente está permeando y afectando a todo tipo de entidades sin importar su tamaño o giro.

Cabe destacar que existen ciertas operaciones que son más propensas al lavado de dinero, por ejemplo, las entidades con un manejo alto de efectivo como las remesas, la caridad y, desde luego, las instituciones financieras, entre otras.

El contador público no está ajeno a esta situación, de hecho, la Iniciativa de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo —que hizo el presidente Felipe Calderón en 2010— fue aprobada el 6 de diciembre de 2011 por el Senado de la República.

Destaca que se integra a profesionales en este escenario como sujetos obligados a reportar este tipo de operaciones irregulares, como parte de la estrategia para combatir actividades ilícitas, por ejemplo, notarios y fedatarios, abogados y contadores públicos.

Nuestro gremio deberá asumir el compromiso que le corresponda en forma ética y responsable, fomentando en todo momento la cultura de la prevención del lavado de dinero. Para lograrlo será necesario informarse, estudiar e investigar; nuestro Colegio hará lo correspondiente.

Este artículo refleja la opinión del autor
y no necesariamente del colegio.
*Presidente del Colegio de Contadores
Públicos de México, A. C.
relacionespublicas@colegiocpmexico.mx