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CIUDAD DE MÉXICO.- A sólo 15 días de que venza el plazo para que el Congreso de la Unión emita la regulación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, analistas del sector, miembros de la industria y legisladores, advierten sobre las repercusiones que tendría no contar con ella en tiempo y forma.
Y es que el 9 de diciembre se vencen los 180 días que establece la reforma en telecomunicaciones como tiempo límite para que el Poder Legislativo analice, diseñe y publique la nueva reglamentación.
En días pasados, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruíz Esparza, reveló que la propuesta de legislación secundaria ya fue entregada a la representación del Pacto por México, lo cual deja en manos del Poder Legislativo la emisión de las correspondientes modificaciones.
De acuerdo con el proceso legislativo, la Cámara de Diputados tiene la facultad para recibir la propuesta del Ejecutivo, que será enviada a la instancia revisora que es la Cámara de Senadores, en donde pueden surgir cambios o enmiendas para su posterior promulgación.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones en la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez de la Garza, coincide en que es "materialmente imposible que se tenga una ley el 9 de diciembre", por lo que se deberá fijar un nuevo plazo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tenga un marco jurídico adecuado.
Ello, para que "no se generen situaciones que pudieran generar o derivar en injusticias ya que las decisiones del Ifetel no son sujetas a suspensión en el caso del juicio de amparo".
La ley secundaria consiste en una norma de carácter convergente que sustituirá a las actuales leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, así como en las adecuaciones a diversas disposiciones legales.
Así, deberán ser adecuadas a la nueva regulación ordenamientos contenidos en la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de Inversión Extranjera, Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley Federal del Derecho de Autor.
Además de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal.
En opinión del director general de Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete, el sector mexicano de telecomunicaciones enfrenta un periodo de transición profunda provocado por la nueva reforma en la materia y los nuevos paradigmas del sector.
Sin embargo, el retraso en la definición del conjunto de leyes que regirán el sector, además de la falta de una política pública con "múltiples tropiezos" desde el sexenio anterior, ha provocado incertidumbre para empresas e inversionistas, opina.
Para la presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Alejandra Barrales, el incumplimiento en la fecha límite para emitir la ley secundaria podrían afectar las decisiones que tome el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
"Estamos hablando de un Ifetel que tiene en sus manos decisiones trascendentes como las contraprestaciones, la desincorporación, definición de entes económicos predominantes, es por eso que a todos conviene que no haya discrecionalidad, que no haya leyes que, aun y cuando estén vigentes, ya no son las de referencia", destacó.
La legisladora dice estar convencida de que existen las condiciones para cumplir en tiempo y forma con el mandato constitucional y con ello actuar con responsabilidad legislativa.
"Hay una fecha que marcamos en el Legislativo que es el 9 de diciembre, todavía falta, han transcurrido mas de seis meses en donde todos los legisladores de los grupos parlamentarios estábamos advertidos y enteredados de esta fecha", subrayó.
Por su parte, el Ifetel enfrenta su propio calendario, en el cual se marcó como fecha límite para emitir una serie de resoluciones el 9 de marzo, lo que implica el riesgo de tomar determinaciones sin que medie la ley secundaria correspondiente.
El presidente de la comisión de Comunicaciones del Senado de la República, Javier Lozano ya adelantó que dicha reglamentación no estará lista antes del 9 de diciembre porque el plazo de los 180 días para emitirla fue desde un principio "irreal".
En su opinión, la emisión de una ley de tal magnitud requiere un análisis profundo y serio por las diversas implicaciones que tendrá para el sector mismo y las metas plasmadas en la propia Constitución a raíz de la reforma.
"No es por cursilería, no es por flojera, era irreal poner un plazo de 180 días, no vamos a cumplir con ese plazo, tenemos la obligación de la reforma político-electoral, de la reforma energética y de la financiera", subrayó.
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