¿Cómo salvamos Pemex?

Con la aprobación del nuevo marco jurídico constitucional del sector energético este pasado diciembre, los paradigmas del sector se modificaron sustancialmente. Principal a todo ello fue la atracción de inversiones privadas al sector, algo impensable hace tan sólo unos años.

Los mercados internacionales reaccionaron con optimismo, el gobierno quedó como el gran reformador y se demostró que los partidos políticos sí se pueden poner de acuerdo. Sin embargo, hacen falta todavía las leyes secundarias, las piezas determinantes para la implementación de estas reformas y el grado con el que el sector energético puede romper con los viejos intereses y vicios.

El ejemplo más claro es Petróleos Mexicanos (Pemex). Por más inversión pública que se ha hecho en los últimos diez años en la exploración de hidrocarburos, los niveles de producción han venido en picada, de un histórico de 3.4 millones de barriles por día en 2004 a 2.5 millones de barriles al día de hoy. Pemex sigue siendo el gran empleador de nuestro país (150 mil empleados) y un nido de vicios arrastrados desde hace años que le hacen perder competitividad.

Es por ello que las reformas secundarias serán cruciales para proporcionar a la empresa las herramientas necesarias para competir en un nuevo paradigma del sector energético inmerso ahora en la competencia con empresas privadas.

Desde la expropiación petrolera en la década de 1930 hasta principios de la década de 2000, Pemex exploraba y explotaba yacimientos de bajo riesgo. Sin embargo, con la madurez de Cantarell a mediados de 2000, la extracción de petróleo se hizo cada vez más arriesgado e intensiva en capital. La producción de petróleo se desplomó rápidamente, no obstante los esfuerzos del gobierno para evitar esto.

Ante esta coyuntura, Pemex tiene retos internos y externos que deberán abordarse en el nuevo marco jurídico. Por ejemplo, se debe modificar la prevalencia de la Secretaría de Hacienda y la de Energía en las decisiones estratégicas y de política de Pemex, y disminuir la dependencia fiscal por parte del gobierno en la empresa.

Actualmente, alrededor de 30% del presupuesto federal proviene de los ingresos de Pemex y el sector energético, lo que dificulta la reinversión en nuevos proyectos de exploración y extracción. 

La simbiosis entre Pemex y el Estado mexicano requiere de la empresa para garantizar las finanzas públicas del país.

Por otra parte, la operación de la empresa deberá ser reestructurada para hacerla más eficiente.

Hay múltiples actores con intereses comerciales y políticos arraigados dentro de Pemex que van desde el sindicato hasta los proveedores de productos y de servicios, y los empleados retirados, entre otros. Por ejemplo, el acuerdo del sindicato con Pemex le permite participar en negociaciones de contratos, prácticas de contratación y, hasta hace poco, incluso en su Consejo de Administración.

Por ello, los retos de Pemex no serán menores. Se enfrentará a una creciente competencia por proyectos estratégicos con empresas más eficientes y con mayores capacidades técnicas y de capital.

Las reformas secundarias serán entonces de mucha trascendencia para el futuro de esta empresa propiedad de todos los mexicanos.