¿Pequeño o mediano empresario, y quiere venderle al gobierno? ¡Cuidado, podría quebrar!

Los últimos meses hemos sido testigos de una campaña que busca, esencialmente, convencer a los micro, pequeños y medianos empresarios que el gobierno es un cliente al que conviene venderle.

Se anuncian facilidades de todo tipo para lograrlo las cuales, han ido acompañadas de sentidos discursos de nuestros funcionarios. Esta avalancha mediática se da en el orden federal, pero también en el estatal y municipal. Todos esos gobiernos, como ha sido regla desde los años setenta cuando menos, se presentan en calidad de los mejores amigos y promotores de las micro, medianas y pequeñas empresas.

Nuestro sistema financiero ha visto surgir y desaparecer fideicomisos diversos, cuyos objetivos eran promover las micros, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la corrupción y la ineficiencia resultante los llevaron a su liquidación.

Hoy, todo apunta a revivir esa etapa donde los fondos públicos sufragaron ineficiencias mil y la corrupción ofensiva las cuales, sólo sirvieron para perpetuar a centenas de miles de empresas que en el mejor de los casos, sólo llegan a ser una forma de vida pero empresas, jamás.

Los niveles bajísimos de productividad, producto de la escasa preparación de la gran mayoría de sus propietarios y la informalidad que es la regla en este tipo de empresas, no han cambiado mucho desde hace cuarenta años. Para agravar lo ya grave, agreguemos una lista interminable de trámites, requisitos y prácticas viciadas que les dificulta —cuando no impide—, convertirse en proveedoras de empresas formales y del sector público.

Venderle a éste, es la peor de las amenazas que se cierne sobre las micros, pequeñas y medianas empresas. Si bien lo que señalamos arriba es causa de su atraso y en no pocos casos de su desaparición, la relación con el gobierno federal y con los gobiernos estatales y municipales es, desde hace decenios, el mayor peligro que enfrentan.

Por encima de reuniones “de compras de gobierno” donde éste se presenta  como el mejor de los clientes, la realidad es muy diferente; el trato que aquél les da, es como si tratare de desaparecerlas, de llevarlas a la quiebra en el menor tiempo posible. Veamos.

Para dar entrada a la segunda parte del tema —este jueves—, le dejo dos párrafos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público donde aparece lo siguiente:

Artículo 51. La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. Aquí nos vemos.