Ley de Órganos Reguladores Coordinados: Fuertes, pero intervenidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cambios constitucionales en materia de energía, que permiten la llegada de inversiones privadas al sector de la electricidad e hidrocarburos, requieren de órganos rectores que garanticen no sólo el cumplimiento de las nuevas leyes sino también la óptima competencia y desarrollo del mercado entre las empresas productivas del Estado y las particulares.

Por eso se modificó Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que conlleva a nuevas atribuciones y responsabilidades para la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Según el dictamen presentado por el gobierno federal y modificado para su aprobación por el Congreso, antes de la Reforma Energética era la Secretaría de Energía (Sener) la que se encargaba de la totalidad de la regulación del sector, por lo que era acompañada por los dos órganos mencionados, quienes estaban facultados para supervisar y regular actividades específicas.

“Bajo dicho arreglo no existía una separación clara entre la entidad responsable de diseñar y aplicar la política energética nacional y la responsable de vigilar y promover su adecuada operación”, aseguraba el dictamen.

El documento menciona que si bien las atribuciones, facultades y estructura con las que cuentan ambas entidades reguladoras son suficientes para cumplir con sus actuales responsabilidades; ahora éstas resultan insuficientes “para afrontar los retos de la implementación de la Reforma Energética que fue promulgada”.

Nuevos reguladores

Por lo anterior, la ley otorga a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía las atribuciones necesarias para impulsar el sector energético, y al mismo tiempo mantenerlo en orden ya que tendrán autonomía técnica y de gestión.

Por eso estos reguladores se coordinarán con la Secretaría de Energía únicamente a través del Consejo de Coordinación del Sector Energético.

La principal función de la CNH será llevar a cabo los procesos de licitación y/o asignaciones en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, mientras que la CRE regulará el transporte, almacenamiento, distribución y expendio de hidrocarburos, teniendo además atribuciones en materia de electricidad.

La ley contempla que los reguladores tengan un órgano de gobierno integrado por siete comisionados, entre los que se incluirá un comisionado presidente y una Secretaría Ejecutiva. Además menciona que la designación de sus integrantes se realizará por periodos escalonados hasta por siete años, aunque se considera la posibilidad de que exista sólo un segundo periodo de designación.

Plantea el dictamen que “para cubrir el puesto vacante de un comisionado, el Presidente de la República propondrá una terna a la Cámara de Senadores, que elegirá al candidato que cuente con el voto de dos terceras partes de sus miembros. Si no se resuelve la elección en 30 días ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente.”

Preocupación de los inversionistas

Gilberto Alfaro, socio y analista del sector energía de KPMG, aseguró en entrevista con Excélsior que aun cuando la legislación en materia de regulación tiene como objetivo el desarrollar o asignar proyectos de manera transparente, aún existe desconfianza por parte de los inversionistas.

Según el directivo, las sanciones para las empresas que incurran en actos inapropiados y en detrimento de la competitividad del mercado quedan claras en las leyes; sin embargo, no se contempla un castigo ejemplar para aquellos funcionarios que no se apeguen a las mejores prácticas internacionales.

Por ello urgió en la necesidad de que este tipo de herramientas se traduzcan en un código de ética que deban seguir los funcionarios públicos de los órganos encargados de los procesos de licitación.

“Este es un reto de México y una preocupación de los inversionistas, pues en la medida en que ellos tengan claridad de que los procesos de asignación han sido técnicos y que han ganado las compañías que han presentado las mejores ofertas, pues no habrá problemas”.

De la mismo manera, Ana Lilia Moreno, analista del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), dijo que si bien los cambios en materia de energía son positivos, aún quedan vertientes pendientes en la ley de los entes reguladores, ya que estos podrían verse minimizados por la constante intervención del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por ello, la especialista del CIDAC recomendó que tanto la CNH como la CRE mantengan una coordinación relevante tanto con la Secretaría de Energía como con otros entes gubernamentales, tales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ante la legislación que contempla las extensiones de terreno de particulares para destinarlos a trabajos de energía, dijo que los mencionados organismos también deben intervenir en este tipo de conflictos, pues hasta el momento las leyes no han designado quién será el encargado de defender a los tenedores de la tierra.

Puntos fuertes

Los analistas del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) consideran positivo que el Consejo de Coordinación del Sector Energético vincule a todos los tipos de reguladores.
Los reguladores tendrán que cumplir con el mandato constitucional de máxima publicidad, por lo que tendrán que grabar y almacenar sus audiencias y publicar sus resoluciones.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, salvo las que determine el gobierno federal.
La CRE publicará las memorias de cálculo utilizadas para determinar tales tarifas.
Se contempla atribuciones para que los reguladores sancionen conductas inapropiadas de los empresarios del sector energético.

Puntos críticos

Los especialistas del CIDAC argumentan que las tarifas finales del servicio básico seguirán en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por tanto, continuarán primando los criterios políticos para establecer las tarifas eléctricas en los hogares.
Será difícil que la Comisión Reguladora de Energía fomente la eficiencia del sector eléctrico si no puede fijar las tarifas eléctricas que pagarán los hogares.
La ley no contempla que el Consejo de Coordinación deba cumplir con el criterio de máxima publicidad.
Otros organismos clave del sector energético, como la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, quedan excluidos del Consejo de Coordinación.