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CIUDAD DE MÉXICO.- A siete días de que venza el plazo para que Argentina pague a sus acreedores de deuda soberana, o caiga en moratoria, el gobierno del país sudamericano se aferró ayer a la idea de que por ningún motivo dejará de cumplir con sus obligaciones, y volvió a hacer alusión a intereses oscuros que buscan causar una crisis económica en esa nación.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, evaluó la situación a menos de una semana del plazo para que Argentina liquide 1,330 millones de dólares a dos fondos estadunidenses que no renegociaron deuda soberana en 2005 y 2010, y advirtió que un juez no puede declarar un default (impago), en clara alusión al magistrado Thomas Griesa, quien en junio pasado rechazó una apelación de Argentina que buscaba evitar el pago de esa cantidad.
Capitanich advirtió que si su país les pagara a los fondos buitre –los llama así porque compraron deuda a bajo precio y pretenden cobrarla más cara– el resto de los bonistas que sí aceptaron canjes de deuda iniciarían demandas impagables de entre 120 mil y 500 mil millones de dólares por incumplimiento de acuerdo.
Postergan reunión
Mientras eso ocurría en Buenos Aires, en Nueva York el mediador entre Argentina y sus acreedores nombrado por Griesa, el abogado Daniel Pollack, anunció que se vio obligado a postergar para hoy jueves el inicio de una ronda de reuniones que debió haber tenido lugar ayer miércoles porque la delegación de Buenos Aires no "podía llegar a tiempo".
El retraso de los funcionarios argentinos quita al país tiempo muy valioso ya que tiene de plazo hasta el próximo 30 de julio para llegar a un acuerdo con los fondos buitre, también llamados
holdouts, que lograron un fallo a favor para que se les pague el total de los bonos incumplidos, en lugar de sólo una parte.
Si no hay un acuerdo, el país enfrenta un segundo defaul tras el enorme cese de pagos por 100,000 millones de dólares de 2001-2002 que está en el origen del conflicto.
Argentina quedó al borde del incumplimiento tras las decisiones judiciales que le ordenan pagar bonos por valor de 1,330 millones de dólares más intereses a los holdouts, que no acudieron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.
La gran mayoría de los bonistas que aceptó los canjes ofrecidos por Argentina recibió una fracción del valor nominal de los bonos.
Buenos Aires argumenta que si paga a los holdouts podría recibir reclamos por otros 15,000 millones de dólares de otros inversionistas, lo que agravaría aún más su situación financiera.
La reunión original del miércoles con Pollack, socio del bufete McCarter & English, fue programada el martes en una audiencia ante el juez Thomas Griesa, quien dijo que la posibilidad de una cese de pagos es "la peor cosa que puedo anticipar".
Pollack, quien fue nombrado mediador el 23 de junio, ya ha tenido reuniones con las partes.
Tras la audiencia del martes, el fondo NML, uno de los que encabeza la demanda, dijo que estaba preparado para reunirse con Pollack y que "confiaba en que el asunto puede resolverse rápidamente si Argentina se nos une en conversaciones para un acuerdo".
Otro de los reclamos de Argentina es el bloqueo del pago de un vencimiento del pasado 30 de junio ordenado por el juez Griesa.
En un comunicado de prensa difundido el martes por la tarde el gobierno argentino consideró que el depósito que realizó para pagar su deuda reestructurada y que no puede bloquearse porque "pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños".
El juez Griesa considera el pago como una violación de sus decisiones y exige que Argentina pague a los acreedores holdouts al mismo tiempo que cancela a los bonistas reestructurados.
La famosa cláusula RUFO
Mientras el reloj sigue su marcha, expertos en derecho coinciden en que el peor obstáculo para evitar el default es técnico: En el pasado, Argentina ha argumentado que llegar a un acuerdo con los renuentes activaría una cláusula de Ofertas de Derechos a Futuro (RUFO, por su sigla en inglés) en los bonos intercambiados, que expira a fines de este año, lo que significa que serían elegibles para cualquier término que obtengan los renuentes. Las RUFO se activan, responde NML, sólo si la oferta hecha a los renuentes es voluntaria. Como Argentina está sujeta a un juicio que le ordena pagar a NML, el fondo cree que los tribunales interpretan cualquier arreglo como involuntario.
Anna Gelpern, profesora de derecho en la Universidad de Georgetown en Washing-
ton, admite que la cláusula está abierta a la interpretación, pero no es alentadora.
“Con base en lo que hemos visto del sistema judicial hasta ahora”, dice Gelpern, “es más probable que sea interpretada en beneficio de NML que de Argentina”, dijo la especialista al semanario británico The Economist.
Pero también hay obstáculos políticos. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y sus asesores han explotado contra NML y los fondos buitres, jurando que nunca les pagarían ni negociarían con ellos.
Un segundo asunto, agrega The Economist, es qué hacer con otros acreedores renuentes. Si Argentina llega a un arreglo sólo con NML, los otros buitres demandarán los mismos términos. Es mejor negociar con todos ellos a la vez, dice Gelpern, pero eso plantea el mayor interrogante de todos: las finanzas restringidas de Argentina. Como sus reservas cambiarias han caído por debajo de 29,000 millones de dólares, no tiene mucho espacio para ofrecer a los renuentes un acuerdo atractivo.
–Con información de AFP
