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En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la falta de recursos para el pago de pensiones y jubilaciones amenaza cada día a catedráticos y a trabajadores administrativos.
Para ellos no existe un fondo de pensiones, pero sí forman parte del déficit actuarial que enfrenta el gobierno federal por obligaciones laborales de los planes de pensiones no reservados y que suman un déficit actuarial de cinco billones 613 mil 842 millones de pesos.
Con sólo activos por 675 mil millones de pesos, el monto total de los pasivos laborales es de seis billones 288 mil 866 millones de pesos. Como parte de este multimillonario monto se encuentran las deudas de las pensiones de la Universidad Nicolaita.
Cada año –según los cálculos del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana– son necesarios al menos mil millones de pesos para sostener al personal en retiro, pero no se obtienen a través de un fondo sino del presupuesto federal que cada año se le asigna a esta universidad.
Así que el destino de las pensiones en esta universidad depende de factores políticos y del reparto presupuestal federal y no de un fondo actuarial blindado contra estas variables.
La crisis de la Universidad Nicolaita no es un secreto para nadie en Michoacán y menos para el actual gobernador, Salvador Jara Guerrero, quien hasta hace unas semanas era el rector de esta casa de estudios en donde los trabajadores administrativos, los catedráticos y trabajadores de confianza todavía esperan un cálculo oficial por parte de la Rectoría sobre a cuánto ascienden las obligaciones totales por el pago de pensiones. Es un gran pendiente que dejó Jara Guerrero.
En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la llegada a la gubernatura del ex rector nicolaita no cambia el pesimismo de alcanzar una solución definitiva al grave déficit pensionario que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hasta diciembre de 2011, calculó en 50 mil millones de pesos.
Sin fondos
La gravedad del caso es evidente porque la universidad tiene una reserva para enfrentar esta obligación de apenas 5.3 millones de pesos.
“Padecemos la falta de planeación, la falta de interés por parte de los actores universitarios: El Consejo Universitario que lo preside el rector; el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo y Legislativo local, así como los poderes federales tienen muchas ocupaciones para resolver este tema”, dijo en entrevista, el catedrático Jorge Álvarez Banderas, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nicolaita.
El también representante sindical de los profesores universitarios, Álvarez Banderas, aseguró que los catedráticos de esa casa de estudios están dispuestos a cambiar el sistema de reparto –que no ha funcionado– por uno de aportaciones tripartitas.
“Estamos preocupados porque no hay un plan de pensiones; entre los docentes hay voluntad de que se dé una retención para un fondo, pero a través de un cálculo actuarial para establecer qué se retendrá y que se constituya un fideicomiso para hacerlo transparente o crear en la universidad una dirección de fondos para pensiones”, dice Álvarez Banderas.
Amenaza en puerta
Los análisis de la ASF coinciden con esta crisis. Para el órgano de fiscalización, la Universidad Michoacana es sólo una de las casas de estudio que enfrenta graves déficits por la escasa planeación de sus sistemas de pensiones.
En 2010, la ASF determinó que el déficit global –con datos de la Cuenta Pública de 2009– de 25 Universidades Públicas Estatales (UPES), tan sólo en ese periodo, era de 496 mil 392.2 millones de pesos, una cifra que representó el presupuesto de las secretarías de Educación Pública, Salud, Desarrollo Social y Seguridad Pública para 2012.
Sin embargo ahora se calcula en el Poder Legislativo que el pasivo laboral total y no reconocido como deuda pública de las Universidades Públicas Estatales supera un billón de pesos.
En esas 25 universidades se estima que laboran 134 mil 125 trabajadores activos y más de 27 mil 900 pensionados; sin embargo la cifra va en aumento porque la revisión que prepara la Auditoría Superior de la Federación incluirá a diez universidades más.
La revisión de las finanzas de las universidades por parte de la ASF causó la molestia de muchos rectores quienes intentaron utilizar su derecho de picaporte ante gobernadores e interponer la “autonomía universitaria”, dijo uno de los auditores de la Auditoría Superior de la Federación, que pidió no revelar su nombre.
Pero el problema es tan grande que las auditorías continúan, pero sólo para medir el problema y no para poner en tela de juicio la transparencia en el uso de los recursos que año con año transfiere el gobierno federal para contener el alud de deudas.
De las 25 universidades analizadas por la Auditoría Superior de la Federación hasta 2010, seis concentraban 58.6 por ciento del déficit actuarial; una sola contaba con recursos para ese año, sólo una tenía superávit y seis reportaban suficiencia financiera, pero sólo para 2009. La situación no ha cambiado a pesar de las transferencias desde el presupuesto federal anual.
En la misma situación de la Universidad Michoacana de San Nicolás, se encuentra la Universidad de Zacatecas, pues forma parte del grupo de Universidades Públicas Estatales (UPES) que constituyeron fondos para jubilar a su personal académico y administrativo, pero que ejercicio tras ejercicio exigen transferencias presupuestales.
Nuevos cálculos de la Auditoría Superior de la Federación, a partir de valuaciones actuariales al 31 de diciembre de 2012, establecieron que los pasivos laborales de las Universidades Públicas Estatales se contabilizaron en 575 mil 212.7 millones de pesos, lo que representaría un déficit actuarial de 268 mil 353.6 millones de pesos.
Entre 2002 y 2010, el gobierno federal transfirió –para cubrir pensiones de las Universidades Públicas Estatales – más de tres mil 582.5 millones de pesos.
A la Universidad Michoacana le correspondieron 141 millones de pesos mientras que a la Universidad de Guadalajara –con la situación más grave– la Federación le transfirió mil 300 millones pesos.
La Auditoría Superior de la Federación actualiza esta revisión –vía la Cuenta Pública 2013– de los pasivos laborales del sector público, en especial aquellos generados por la descapitalización de los fondos de pensiones de universidades estatales, un grave problema para las finanzas públicas, de acuerdo con el máximo órgano de fiscalización a cargo del Congreso de la Unión que, desde hace tres años, pidió una solución a esta deuda galopante que se eleva sin reglas claras.
Ahora, la Auditoría Superior de la Federación realiza nuevas auditorías –tomando en cuenta la Cuenta Pública 2013– a la situación financiera de las Universidades Públicas Estatales, pero también a las transferencias promovidas ante el gobierno federal para salvar de la quiebra a muchas universidades estatales, dijo el funcionario de ese organismo.
La fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación sobre los recursos para salvar los fondos de pensiones de las Universidades Públicas Estatales aumentará, luego de que en la Cámara de Diputados se aprobó –en el marco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria– la obligación de los gobiernos estatales de destinar al pago de los sistemas de pensiones los ingresos excedentes de las partidas que se les asignen del Fondo Mexicano del Petróleo.
En un gran número de universidades estatales, igual que sucede con Pemex, los sindicatos lograron firmar y ejercer abultados contratos colectivos que generaron, a cuenta de los fondos de pensiones de sus trabajadores, pasivos laborales que, hasta ahora, no han sido transformados en deuda pública, pero que año con año reciben transferencias presupuestarias con cargo al erario.
Diferentes esquemas
“El diseño actual de los planes de pensiones otorga prestaciones a personas que, por estar en plenitud de su capacidad laboral no requieren de ellas, generando enormes pasivos contingentes y falta de liquidez en los fondos (cuando los hay) y en las instituciones en las que operan”, establece un diagnóstico sobre el sistema de reparto que prevalece en la Universidad de Guadalajara y realizado por su Consejo de rectores.
De acuerdo con una evaluación de la Universidad de Guadalajara –la primera en abrir cátedras para académicos de más de 70 años– prácticamente en todos los países se están modificando los esquemas de pensiones. En México se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1992 y se modificó la ley del IMSS en 1997.
Sin embargo muchas universidades mantienen esquemas de reparto para fondos que se administran vía fideicomisos para invertir reservas actuariales diseñadas para el pago de las pensiones de sus trabajadores administrativos y sus académicos.
En realidad, como en el caso del Fondo Laboral para las Pensiones de Pemex (Folape), muchos de estos fideicomisos sólo custodian cuentas bancarias de tipo revolvente en donde se depositan transferencias presupuestales para su retiro y distribución casi inmediata.
Contienen déficit
Sólo casas de estudio como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) administran sus pensiones y jubilaciones bajo los esquemas y cuentas del ISSSTE.
Pero tampoco se trata del mejor esquema. Son pensiones pobres, las prestaciones son pocas. Por ello, los académicos, aún los de avanzada edad, prefieren seguir dando clases en estas instituciones para no perder el nivel de su ingreso y los servicios médicos, entre otras prestaciones.
El año pasado la UNAM puso en marcha un programa para fomentar la jubilación de académicos y personal administrativo que ya rebasaban 70 años. La prueba inició con 200 profesores candidatos a jubilarse, pero con diez salarios mínimos. La propuesta de la UNAM fue pagarles, además, 20 mil pesos mensuales así como la vigencia de sus servicios médicos.
En este año el rector de la UNAM, Juan José Narro Robles, propuso 170 casos especiales más y, bajo las mismas condiciones, logró avanzar en la renovación de la planta académica. Así de lento se presenta en la UNAM la transformación de su sistema de pensiones. Sin embargo, en el caso de la máxima casa de estudios la buena noticia sería que sus pasivos laborales no corren el riesgo de convertirse en deuda pública.
Sin reglas claras
El problema para las universidades públicas estatales, explica la investigadora de la Universidad Veracruzana, Martha Oliva Zarate, es que sus fondos para pensiones y los fideicomisos en bancos para administrar esos recursos siguen operando de una manera discrecional.
“No hay reglas claras y el problema de su descapitalización se presentará otra vez aunque se aprueben nuevos recursos de los excedentes petroleros para fondearlos”, aseguró Zárate; quien coordina al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana.
Además, la expectativa y calidad de vida han mejorado sustancialmente, modificando el concepto de senectud: en 1940 la esperanza de vida al nacer era de 49 años, en 2002 fue de 75 años. Sin embargo las reglas para la jubilación en muchas Universidades Públicas Estatales no contemplan los nuevos escenarios porque así conviene a intereses políticos y sindicales, dice la catedrática.
El Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara va más lejos y asegura que hoy se otorgan pensiones a personas en la plenitud de su capacidad laboral, lo que permite afirmar que se accede a la pensión sin que los trabajadores tengan necesidad de recibirla, pues aún tienen capacidad para laborar.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) considera que, en casi todos los casos de sistemas de pensiones de reparto, como los que se aplican en las universidades, su fondeo se realiza a través de gasto corriente y prácticamente están quebrados.
La Consar ha establecido que la situación de los sistemas de pensiones de reparto se complicará en términos actuariales, porque, conforme avance el envejecimiento poblacional, habrá más personas que se estén jubilando y menos personas en activo. Si tienes pocos jóvenes y muchos mayores, el desequilibrio es inevitable.
En México, los gobiernos estatales, municipales y algunas empresas paraestatales -en este caso Pemex- todavía tienen sistemas de pensiones de reparto.
Operan distintas políticas
En cada Universidad, dice la investigadora Martha Oliva Zárate de la Universidad de Veracruz, se han generado políticas distintas y desordenadas de fondeo, de retiro, de inversión, situaciones que representan un conflicto enorme para las finanzas públicas.
Como sucede en Pemex, refiere Zárate, las condiciones de jubilación en muchas universidades públicas de los estados resultan envidiables, pero se ejecutan con cargo a los contribuyentes.
En muchos casos, no es necesario –refiere Zárate– cumplir 60 años, basta con cubrir 25 años de servicio y entonces el retiro se presenta con el salario integro y con las mismas prestaciones. Por ello el pasivo crece de manera exponencial.
El primer paso para homologar las pensiones sería establecer una edad mínima para jubilarse y que todas las Universidades Públicas Estatales se plegaran a esa disposición. Tendría, por supuesto, que ser una obligación si los sindicatos de estas universidades desean conservar los fondos de pensiones financiados por transferencias de la Federación.
Después, de acuerdo con los investigadores sobre este tema, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, por supuesto, la Secretaría de Hacienda, tendrían que revisar la efectividad y certidumbre de los cálculos para obtener el monto de los pasivos laborales y, por ende, de los fondos para su financiamiento.
