Porque nos faltan 22 mil

La decisión de Coca-Cola FEMSA de no repartir sus productos en Chilpancingo, y una buena parte del estado de Guerrero, es una consecuencia visible del desgobierno que se vive en la entidad dizque gobernada por Rogelio Ortega, quien se ha convertido en un cómplice, por cobarde o por convicción, de los delincuentes que se escudan atrás de supuestas causas sociales que hoy son acciones abiertas en contra de las instituciones.

Con un gran cinismo, funcionarios de la entidad le piden a esta empresa que regrese a surtir sus productos porque hay garantías para que lo hagan.

La decisión de la empresa encabezada por José Antonio Fernández es correcta, desde el punto de vista humano, porque muestra preocupación por la seguridad de sus trabajadores, quienes han sido amenazados, golpeados y secuestrados por los delincuentes de los cárteles conocidos como CETEG o Ayotzinapa.

Desde septiembre del año pasado, el robo y saqueo de mercancías en Guerrero se ha convertido en un gran negocio que supera a la toma de casetas. Las mercancías robadas son revendidas en mercados informales y, como hemos denunciado en esta columna, tratan de ser colocadas a precios de descuento en los canales formales de la economía.

Uno de los principales blancos son las bebidas embotelladas porque no son perecederas, como podrían ser otros comestibles que, por cierto, tampoco escapan de los robos.

El Estado de derecho no existe en Guerrero. Una empresa presenta denuncias en contra de quienes dañaron a sus trabajadores y robaron sus productos. En represalia, los delincuentes secuestran a otros tres empleados hasta obligarlos a no ejercer su derecho a la justicia.

Así, Coca-Cola FEMSA, una de las grandes generadoras de empleo en México, anuncia que no podrá distribuir sus productos porque no existen las condiciones para hacerlo. Los funcionarios del gobierno reaccionan diciendo que, con diálogo, podrán dar las condiciones para que se mantenga la distribución.

¿Con diálogo? En el lenguaje usado por los gobiernos emanados del PRD eso significa cesión de derechos, es decir: exigirán que la empresa pague cuota a los delincuentes (en una de esas también a los funcionarios) por protección. Ya no les robarán, sino que tendrán que dar dinero para que no lo hagan.

El caso de Coca-Cola FEMSA, una de las empresas emblemáticas del país, no es aislado. Quizá el más visible, no sólo en cuanto a notoriedad o las implicaciones que tendrá para la sociedad de ese estado, pero es lo cotidiano para ellos.

El robo y saqueo de misceláneas, pequeños comercios, cobro de cuotas y demás actos de los cárteles de CETEG y Ayotzinapa son lo común en Guerrero y, particularmente, en Chilpancingo. Tratando de dar señales de normalidad el director del Fideicomiso Guerrero habló sobre inversiones automotrices y la seguridad con la que operan.

Lo hacen, sin duda, porque a los delincuentes que operan con impunidad en Guerrero les gusta más la mercancía fácil de convertir en dinero. Robar autos es un delito federal.

La iniciativa privada ha hecho una gran cantidad de llamados para que el gobierno de Guerrero lleve a cabo su obligación de hacer cumplir con la ley y este gobierno emanado del PRD no lo hace... Luego se preguntan en sus spots ¿por qué faltan 22 mil?

Otra transa

Fauzi Hamdan, a quien sus panegiristas le hacen ver como un abogado con un gran tino para elegir casos, con gran renombre y quién sabe cuántas cosas más, prometió que esta semana presentaría la madre de todos los juicios en contra del gobierno aprovechando una legislación que, en sus propias palabras, él hizo cuando fue senador de la República (me sigue pareciendo que había otros 127).

Según él demostrará que el gobierno, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fue omisa en la supervisión de Ficrea y que por eso Rafael Olvera y sus cómplices cometieron el fraude.

Se trata de una verdadera barbaridad que tiene muy poca posibilidad de funcionar y menos en los tiempos que señala Hamdan, puesto que según él en ocho meses estaría terminado el juicio.

Si la comisión que preside Gabriel Contreras hubiera sido omisa habría muchos fraudes en las sociedades financieras populares o la asociación delictiva en torno a Olvera se hubiera llevado todo. Vamos, decir que alguien advirtió sobre Leadman es un error, puesto que esta entidad no era parte de Ficrea y no estaba regulada.

Hay evidencias suficientes de que los procedimientos funcionarios correctamente en la CNBV y que no existe modo, en el mundo, de evitar un fraude financiero. Mucho más en una entidad sujeta a un nivel bastante laxo de regulación como son las Sofipos.

En caso de ganar, los defraudados recuperarían 100 por ciento de lo que invirtieron con cargo al erario, es decir: los mexicanos que cumplen con el pago de sus impuestos tendrían que pagar el fraude de un privado. Dicho de otro modo, el gobierno le tendría que quitar a los pobres para darle a los ricos.

Para suavizar, los porristas de este hombre dicen que luego el gobierno se resarcirá con la recuperación de los bienes de Olvera y sus cómplices. Por sentido común se sabe que en un fraude o robo jamás se recupera todo lo que garantiza cargo para el contribuyente.

Como hemos señalado en esta columna, unas dos mil 600 personas están cubiertas totalmente por el seguro de depósito. El número crece con el movimiento de las UDIS. Otros tres mil por lo menos tienen cubierto 80%, es decir, podrían fácilmente recuperar la totalidad de su inversión con el crédito que dará Nacional Financiera a la intervención cuando se determinen cuántos activos se lograron recuperar del fraude.

Los principales promotores de la demanda de Hamdan son los miembros del autonombrado Comité de Ahorradores de Ficrea, que sigue engañando ingenuos que ya una vez fueron robados por la administración de Olvera.

Como hemos documentado en esta columna, muchos de los líderes de este grupo tienen vínculos con los defraudadores e incluso han querido que Sergio Ortiz Valencia les represente. Ahí está la pobre Santina Franco, que no invirtió un peso en Ficrea y es la vocera.

A ellos les conviene mantener la esperanza de que podrán recuperar el dinero y están dispuestos a dar una mochada a su abogado. Hamdan cobra 4% a los de menos de dos millones y 5% a que están arriba de esa cifra.

Los de buena fe, particularmente los que menos han ahorrado, no deberían caer en este nuevo engaño.