Portabilidad, una medida de eficiencia del IFT

Si la lógica no falla, los operadores con mejor calidad, precio y cobertura en el servicio deberían recibir el mayor número de portaciones de números. Sin embargo, el sistema que opera en México no parece tener esa lógica.

Uno de los temas críticos es cobertura y, le adelanto que Telefónica que dirige Carlos Morales y AT&T, que dirige Thaddeus Arroyo, han estado conversando con miras a restablecer el acuerdo de compartición de infraestructura que se terminó tiempo atrás con Iusacell.

Las redes son complementarias y la lógica impera. Ambas compañías y Nextel, que está en proceso de integración con AT&T, han tenido la misma problemática. Sus clientes aparecen portados hacia Telcel, de Daniel Hajj, porque al parecer algo ocurre con las tarjetas SIM, que se compran en bloque en el cambaceo o con distribuidoras de las operadoras, para después aparecerlas como portadas.

Si el IFT, cuyo pleno preside Gabriel Contreras, quisiera verificar la trampa, antes de volver a publicar un esquema de portabilidad no basado en NIP y con la menor posibilidad de intervención humana (electrónico), podría simplemente contrastar la cantidad de portados con la cantidad de “eliminados” por inactividad, prácticas que se han vuelto el común denominador y que, entre otros, doblaron en el arranque a Virgin Mobile, del aguerrido Richard Branson.

Estamos a días de que el IFT dé a conocer las “adecuaciones” a las reglas de portabilidad y, si la experiencia muestra que eliminar barreras aumenta la portabilidad como ocurrió con la eliminación de las facturas en el caso de pospago, ¿por qué insistir en la obligación del cliente de presentar una credencial con fotografía y que acuda al centro del operador que recibe la portación para recibir su chip, antes de ser portado? ¿Por qué no se puede iniciar la portabilidad primero, electrónicamente (como establece el 38º. transitorio) y luego se realiza la entrega del chip?

Se podría establecer un plazo de 12 horas, para que el operador complete el ciclo de portación, y con ello pruebe que detrás de la SIM portada no hay fantasmas. Eso es lo que dicen que le ha dado en la torre a este sistema en el prepago.

DE FONDOS A FONDO

El viernes pasado, Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Turismo, se reunió con productores de vino de Valle de Guadalupe en Ensenada, Baja California, para establecer la “Primera Mesa de Trabajo sobre la Cadena de Valor de la Gastronomía Mexicana: Vino”, que será el inicio de una estrategia enoturística encaminada a buscar áreas de oportunidad para fortalecer a esta industria y consolidar cadenas de valor en este sector.

La primera será una inversión de cuatro millones de pesos para señalética turística en la Ruta del Vino en Baja California, pero el compromiso más importante fue la instrucción a Fonatur, de Héctor Gómez Barraza, para mejorar la infraestructura de la región.

Ella estuvo con el titular de Sagarpa, Enrique Martínez, y el compromiso de ambos fue escuchar a los productores y hacer una radiografía del sector, para revisar la estructura fiscal, el financiamiento, el fomento al consumo, lo temas de normalización, tecnología, el desarrollo de producto turístico, exportación y comercialización.

La industria del juguete nacional, cuyas ventas anuales superan los dos mil 300 millones de dólares, agrupada en la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju), presidida por Miguel Martín, está poniendo el foco en la creciente entrada de productos de origen asiático.

Tenga en cuenta que 99 por ciento de los juguetes adquiridos en el país son importados, y cuando éstos cumplen con las normas, pues el tema se torna en un desafío de competencia, pero cuando representan un riesgo a la salud para los menores que se despliega en el mercado informal, es un tema tanto de la Cofepris, que preside el comisionado Mikel Arriola y, de Aristóteles Núñez, jefe del SAT.

La mayoría no son productos regulados ni verificados, ni cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que emite la Secretaría de Economía, a cargo de Ildefonso Guajardo, como la NOM-015-SCFI-2007, que obliga al correcto etiquetado para juguetes y permite que los padres de familia conozcan características, materiales, instrucciones y advertencias necesarias para que los infantes puedan utilizarlos de forma adecuada, sin exponer su salud.

El tema ha sido tan demostrado, que Guajardo ordenó que unidades de verificación y laboratorios de Normalización y Certificación Electrónica (NYCE), que lleva Gerardo Hernández, inspeccione el etiquetado de los juguetes, decisión que ha permitido apoyar a la Profeco, que encabeza Lorena Martínez.