Aeroméxico a tribunales

Alfonso López Melih y María Eugenia Sidaoui son dos profesionales conocidos, reputados y muy honorables. El primero es abogado corporativo y la segunda una banquera especializada en reestructuración de empresas.

A ambos recurrieron para tratar de desmarañar el derrotero de Aeromexpress, SEAT y especialmente el Centro de Capacitación Alas de América (Cecam) para pilotos y sobrecargos, que de origen 50% era de Aeroméxico y 50% de Mexicana de Aviación.

Cuando a finales del año pasado Aeropuertos y Terrenos (ATSA) comunicó al secretario del consejo de Aeroméxico, Rafael Robles Miaja, que tenían que acreditar cómo se hicieron del 100% del Cecam, porque ellos tenían las acciones de 50%, mandaron a López Melih a mediar.

Hubo una promesa semanas después que avaló el presidente de Aeroméxico, Javier Arrigunaga, de que habría una solución. Se mandó hacer una valuación interna que se encomendó al financiero del grupo de Eduardo Tricio y Valentín Díez Morodo, Ricardo Sánchez Baker.

Ahí fue donde intervino Sidaoui, vía su firma Fians Capital, como contraparte a petición de ATSA. Se recurrió a ella porque conocía el caso. Fue consejera de Cintra. Las auditorías no avanzaron porque la compañía que dirige Andrés Conesa cerró la llave de la información financiera.

Es entonces cuando el expediente empieza a complicarse. Aeroméxico no estuvo dispuesto sentarse a negociar, a pesar de la preocupación que inicialmente, por allá de diciembre, manifestó Robles Miaja, y que se expresó con la intención de evitar a toda costa que el caso fuera a tribunales.

Como las cosas tendieron a enfilarse hacia un potencial litigio, tanto López Melih como Sidaoui se retiraron. Hoy el pleito está entrando a la cancha de las autoridades. ATSA pidió a la CNBV, la del despistado Jaime González Aguadé, que verificara la información de Aeroméxico.

La compañía, de la que ya es socia Delta Airlines, ha venido reiterando en reportes anuales de estados financieros y en el prospecto de colocación de la Oferta Pública Primaria de 2011, que se hizo del 100% de las acciones de Aeromexpress, SEAT y el Cecam.

ATSA sabe que González Aguadé no hará nada, misma situación de la Comisión Federal de Competencia Económica, que incluso ya aprobó la fusión con la aerolínea estadunidense que preside Richard H. Anderson. Otro gol para Alejandra Palacios, como el de Marzam.

Por lo que se sabe, la presunta compra simulada de estas tres subsidiarias, que representaban alrededor de 19% de las ventas de la desaparecida Mexicana, fue apoyada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Felipe Calderón. El expediente, no lo dude, se dirimirá en los tribunales… de México y en Estados Unidos ahora.

GRUPO R NEGOCIA

Hasta ahora ningún proveedor de plataformas marinas ha concluido las negociaciones con Pemex.

La empresa que comanda José Antonio González Anaya ya les hizo un planteamiento hace un par de semanas y todos regresaron a sus respectivos cuarteles generales para evaluarlas, hacer corridas financieras, hablar con sus prestamistas y volver con una contrapropuesta.

Esta semana muchos de esos contratistas se estarán sentando con el director de Procura y Abastecimiento, Miguel Ángel Servín. Es el caso de Grupo R, de Ramiro Garza Cantú. Está haciendo esfuerzos por mantener vigentes tres semisumergibles y dos jack-ups. No se ha dicho la última palabra. Ramiro Garza Vargas ha viajado continuamente a Nueva York para reunirse con sus acreedores.

En el caso de las semisumergibles están apalancadas con un bono de Pareto por 950 millones de dólares que vence hasta 2020 y las jack-ups con un crédito cercano a los 350 millones de dólares que extendió un sindicato de bancos liderado por Santander, de Héctor Grisi, y en el que además están BBVA-Bancomer de Eduardo Osuna, HSBC de Nuno Matos y Banco Sabadell de Francesc Noguera. Hasta hora la situación del grupo es manejable, pero urge un acuerdo.

¿URBI A QUIEBRA?

Los fondos PIMCO, King Street, Silver Point, Blue Bay, Pine River, Scrooging Capital y HBK, que en su momento dieron un voto de confianza a Nezahualcóyotl y Cuauhtémoc Pérez Román para que se aprobara el plan de reestructuración financiera de Urbi, ya se desesperaron.

Son de los acreedores que esperaban que en marzo se concretara la capitalización. Los dueños de la viviendera supuestamente están subiendo a nuevos inversionistas que inyectarían capital fresco por mil 900 millones de pesos.

A estas alturas debía completarse la reestructuración de pasivos por 35 mil millones de pesos. Pero las señales apuntan a que los Pérez no están logrando juntar las canicas.

RENAPO OLVIDA

El Registro Nacional de Población (Renapo), que dirige Jorge Rojo García de Alba, descalificó al consorcio de Maxcom, que preside Enrique Castillo Sánchez Mejorada, y Telefónica-Movistar, que encabeza Francisco Gil Díaz, porque argumentó que incumplió seis aspectos técnicos de las bases, contra cuatro de Kio, de María Asunción Aramburuzabala.

Pero se les olvidó en este segundo caso mencionar que tampoco entregaron el convenio de confidencialidad. No se descarta que el grupo de las telefónicas presente formalmente una inconformidad.