Bonistas y bancos: bomba de tiempo

No se sabe si Pemex o la Secretaría de Hacienda, o ambas, ya tengan medido el impacto financiero y reputacional que para el país va a tener la aplicación del ajuste al presupuesto en la llamada empresa productiva del Estado. Y si existe un plan para acotarlo.

Y es que en Nueva York, Noruega y Singapur, por mencionar solamente tres sedes estratégicas en el mercado de las plataformas marinas, los bancos, inversionistas y productores de estas estructuras no saben qué va a pasar con el dinero que le metieron a los proyectos de México.

Como le hemos informado, desde hace un mes el equipo de José Antonio González Anaya inició un proceso de negociación, uno a uno, con cada proveedor. El objetivo es ajustar entre 18 y 20% el gasto en el arrendamiento de plataformas. Vienen retiros masivos y bajas en rentas.

En los próximos días, esos mismos contratistas se volverán a reunir con Miguel Ángel Servín, el nuevo director de Pemex Procura y Abastecimiento, para entregar una contrapropuesta. Suena inocente que el gobierno vaya a dar su brazo a torcer en su objetivo de recortar a fondo.

El punto es que resulta prácticamente imposible que esos proveedores, léase Oro Negro de Gonzalo Gil, Grupo R de Ramiro Garza, Perforadora Latina de Adolfo del Valle, Perforadora Central de Patricio Álvarez Morphy, Cotemar de Cristina Lobo, etcétera, eviten caer en default.

Muchos de ellos han tenido que ir y venir en las recientes semanas a esas plazas, Nueva York para hablar con banqueros, Noruega para lidiar con bondholders o Singapur, donde está Keppel, el principal productor de plataformas, para tratar de contener sus ánimos.

Pero ni en Pemex ni en Hacienda parece que estén viendo esta situación. Una bomba de tiempo.

HOMEX CON PWC

El expediente que no va a ser precisamente miel sobre hojuelas es el de Homex, que dirige Eustaquio de Nicolás.

La Securities and Exchange Commission (SEC) está convencida de que los mexicanos incurrieron en un fraude al simular venta de casas. Es un tema, le decía, relacionado con la forma en que se contabilizaba la facturación de vivienda por avance de obra, esquema que se corrigió en 2013. Para la SEC, entre 2010 y 2012 Homex habría registrado irrealmente la venta de unas 140 mil unidades, cuyos precios oscilaban entre 300 y 400 mil pesos. Es decir, cuando menos unos 490 millones de pesos que no están claros. La viviendera ya removió tanto a Gerardo de Nicolás de la dirección como al de Finanzas, Carlos Moctezuma. Además, está contratando a PwC, que lleva aquí Carlos Méndez, como auditor externo para apoyar la indagatoria.

SUBURBIA SIGUE

Esta semana deben concluir las presentaciones financieras de Suburbia, que dirige Álvaro Arrigunaga.

Walmart, que preside Guilherme Loureiro, y Morgan Stanley, que representa Max Ritter, han realizado hasta ahora cuatro. Los encuentros han sido con gente de Liverpool de Graciano Guichard, Axo de Andrés Gómez y Cosme Torrado, Advent que comanda Luis Solórzano y Falabella de Sandro Solari. Quedarían pendientes aún Carso de Carlos Slim y Kaltex de Rafael Moisés Kalach.

Conforme a la ruta trazada, en junio estos interesados entregarían una oferta vinculante y la parte compradora tomaría las dos mejores para trabajar en una propuesta final. Se estima que la cadena Suburbia pudiera venderse en unos mil millones de dólares.

BMV-CME CHOCAN

Le platicaba del interés que tiene el Chicago Mercantile Exchange (CME) de adquirir el control del Mercado de Derivados (Mexder) y de la cámara de compensación Asigna de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). A la institución que preside Jaime Ruiz Sacristán le convendría mucho la venta porque evita la quiebra de estos negocios, francamente en picada, pero José Oriol Bosch se opone a ceder el control porque implicaría reconocer el fracaso de su gestión. El CME ha dicho que tanto el MexDer como Asigna requieren con urgencia inversiones en infraestructura, personal capacitado y, sobre todo, marketing, lo que el director de la BMV considera un gasto.

EL SAT AVANZA

El SAT, de Aristóteles Núñez, finalmente sí celebró ya la primera junta de aclaraciones en lo que hace al proceso para licitar servicios de cómputo administrados. Fue el 10 de mayo y ya se programó una segunda para mañana, claro, si es que no la aplazan. El contrato oscila entre los 800 y mil millones de pesos. Se denomina APS3 y consiste en la adquisición de unos 40 mil equipos, distribuidos entre ocho mil computadoras personales, seis mil tablets y 26 mil notebooks. Todo va a estar conectado a un centro de datos que el mismo SAT ya tiene habilitado y a su disposición, por lo menos, un contingente de 300 personas que le den servicio tercerizado exclusivo al proyecto.