Chairo team

Hace mucho tiempo que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) dejó de ser un organismo respetable dentro del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), puesto que algunos de sus miembros no sólo dudan de su capacidad de análisis, sino que además les molesta el sesgo político que también le han dado especialmente en la gestión de Luis Foncerrada, quien es una suerte de capitán del chairismo.

De hecho, algunos organismos miembros del CCE impulsaron la creación de la Fundación de Estudios Financieros (que está haciendo un excelente trabajo) como un organismo serio y sin sesgo político/ideológico que ha contaminado irremediablemente al CEESP.

Foncerrada se ha convertido en una suerte de criticón, la inmensa mayoría de las veces sin fundamento, del manejo de la economía nacional. Sus errores van desde la mala lectura que hizo de los indicadores coincidente y adelantado del Inegi y dijo que la economía estaba en recesión, sus oleadas de pánico devaluatorio y la galopante inflación, y hasta se subió al tren de decir que el país avanzaba hacia una crisis por la deuda del gobierno.

Ayer, el CCE difundió un comunicado del CEESP en el cual dice que “desea precisar que las mediciones del Foro Económico Mundial sobre el Despilfarro del Gasto Público y de Desviación de Fondos Para México son mediciones de opinión y no están sustentadas jurídica ni técnicamente… El CEESP aclara que no avala estas mediciones del Foro y no comparte sus conclusiones”.

Sin embargo, termina evadiéndose del hecho concreto. Con base en este estudio, Foncerrada dijo: “El despilfarro y desvío de recursos públicos ha llevado a México a elevar su deuda en 50% durante el sexenio de Enrique Peña Nieto lo que mantiene débil a la economía y con un bajo poder adquisitivo a las familias”.

De las barrabasadas que profirió este hombre no hablan, pero sí de sus opiniones sobre la economía y lo que debe hacer el gobierno. Quizá la gran pregunta sería ¿hasta cuándo lo van a seguir tolerando?

Gerardo Gutiérrez Candiani y sus cercanos lo toleraban como para tener una suerte de voz crítica, alguno lo definió como el perro en la azotea; sin embargo, no existe ninguna razón para que Juan Pablo Castañón mantenga a este individuo.

CIRT, NO HUBO OFENSIVA

Desde el miércoles corría el rumor de que los radiodifusores iban a lanzar una ofensiva frontal en contra del Instituto Federal de las Telecomunicaciones para obligarlos a no cobrar, como marca la ley desde 2009, por la concesión o realizar la licitación de nuevas frecuencias a modo de que no entren nuevos competidores o no tengan capacidad de desarrollarse.

Aquí es necesario establecer varios puntos: no hay una posición única entre los miembros de la CIRT, puesto que, de hecho, no se sabe bien a bien quiénes se oponen a la modernidad, porque no se han dado cuenta de que ya cayó el meteorito y hay quienes están de acuerdo con un cambio radical en el mercado de la radiodifusión para estar de acuerdo con los nuevos tiempos.

Segundo. No se dio ninguna andanada en medios de comunicación, puesto que no hay argumentos para hacerlo ni es la forma en la que se manejan los miembros, puesto que están acostumbrados a acordar con la autoridad. Los tiempos de hacerlo en cortito ya terminaron y ahora hay mayor transparencia.

Más allá, trataron de asustar con “el petate del muerto” de que Presidencia de la República ya iba a intervenir.

Esa versión suena totalmente inverosímil, puesto que significaría que el gobierno dio un giro radial a su política de respetar la autonomía de órganos como el IFT. Le aseguro que no hay ningún contacto entre los funcionarios del Ejecutivo y el organismo que encabeza Gabriel Contreras para atender esto que algunos llaman una complicación política, a la que ya se subió el senador socialité Javier Lozano.

La realidad, pura y llana, es que el IFT está actuando de acuerdo con su mandato constitucional y aplicando normas correctas que existen desde finales de la década pasada.