Inadmisible censura

En un entorno en el que había posiciones que abiertamente exigían la censura a los medios de comunicación, el pleno del IFT emitió en diciembre una serie de lineamientos para los medios de comunicación que, con la mejor voluntad, están muy lejos de ser óptimos, son lo mejor que se pudo hacer en un entorno de ayatolas.

El pleno de este organismo se otorgó facultades extralegales, sobre las que los concesionarios de medios de comunicación no pueden ampararse y las condiciones no se aplican para los medios extranjeros, lo que daña la sana competencia.

De hecho, violan la libertad de expresión y ponen a los periodistas a merced de los poderes a los que deben cuestionar. El IFT se da el poder de hacer investigaciones por algo tan ambiguo como una denuncia ciudadana, sin establecer normas que eviten denuncias frívolas.

El nuevo derecho de réplica es una invitación abierta a la censura, lo que va en contra de cualquier espíritu democrático.

Pretenden que se informe la diferencia entre opinión y noticias, lo que limita la posibilidad de las audiencias de recibir información de manera conveniente.

Estos lineamientos no cuidan a las audiencias como debió ser sino que hacen absurdos como dar al IFT el poder de ser ellos quienes creen los lineamientos éticos de cada medio de comunicación.

No son los medios quienes deben estar preocupados sino las audiencias por el surgimiento de una nueva Inquisición que se dio el poder de fijar multas superiores a las que marca la ley.

Se trata de un documento que da al traste con el IFT, puesto que establece una aplicación inequitativa de la ley; sobrerregula la diferencia entre contenidos y publicidad y lo más grave es que para evitar la censura los medios tendrían que recurrir a instancias internacionales como la CIDH o generar señales en el extranjero.

CÁNCER INCURABLE

Apesar de que, como he documentado en este espacio, siguen presentándose actos de corrupción en los que participan funcionarios del IMSS, sería tan falso como mezquino no reconocer que el proceso de compras consolidadas que realiza la institución que dirige Mikel Arriola no está funcionando en cuanto a disminuir el costo de la salud y cerrar los espacios a la corrupción. Sin embargo, el negocio era tan grande en contra de la salud y patrimonio de los mexicanos que en la medida en que la compra consolidada —que este año fue por 42 mil millones de pesos— funciona mejor, va descubriendo actos de corrupción tanto de gobiernos de los estados, legisladores, laboratorios y representantes.

En este punto, es difícil determinar hasta dónde están las raíces de estas ilegalidades; sin embargo, es necesario ir poniendo juntas las piezas de los rompecabezas de este lucro indebido en contra de los derechohabientes de salud.

Desde el punto de vista económico, es fácil entender que los diferentes organismos de salud se adhieran a las compras consolidadas que realiza el IMSS, puesto que disminuyen el costo y liberan recursos para otros programas relacionados con el bienestar de la población.

OPACIDAD

La única explicación para que los gobiernos de los estados no se sumen a este programa, que desgraciadamente es voluntario, es mantener incentivos corruptos o, en el menos malo de los casos, poco transparentes.

 En estos casos no sólo están vinculados gobiernos como el de Veracruz, de Javier Duarte, sino también la administración de Guillermo Padrés, en Sonora.

La corrupción no sólo es de gobienros sino empresas privadas. Cofepris sólo entrega licencias, pero no certifica el origen del producto. En los estados no existe farmacovigilancia ni mucho menos acreditación de laboratorios fabricantes. Tampoco hay seguimiento de la infraestructura de los distribuidores, especialmente en cuanto a sus instalaciones de almacenamiento.

Estos laboratorios pirata compiten ilegamente en contra de los debidamente constituidos. Los segundos no únicamente cumplen normas internas de probidad, sino que además están sujetos a la regulación del SAT, la Cofepris y son evaluados por el comité del IMSS que se encarga de realizar las compras consolidadas para instituciones en las que también están ISSSTE, Sedena, Semar, Pemex y desgraciadamente pocos institutos de salud de los estados.

El gobierno del ahora prófugo de la justicia Duarte en Veracruz es la primera fosa en la que niños enfermos de cáncer habían sido sacrificados en aras de una corrupción insaciable en pariciparon Especialidades Médicas del Sureste, Oncopharma y Bedus Grupo Farmacéutico.

En los últimos días, han surgido acusaciones contra el gobienro de Puebla. Alfonso Eduardo Letayf, quien fuera hasta 2013 director de operación e infraestructura de la Secretaría de Salud de ese estado, asignó junto con quien fuera titular de esa dependencia, Jorge Aguilar Chedraui, contratos por más de 400 millones de pesos. Letayf fue removido del cargo con la llegada de
Roberto Rivera a la Secretaría de Salud Estatal.

El gobierno de Rafael Moreno Valle deberá tener mucho cuidado en hacer las aclaraciones y/o acusaciones pertinentes, aún es tiempo, puesto que las imputaciones son bastante graves.