Desalinizadora bajo chantaje en Baja California

A pesar del impresionante estrés hídrico que vive la zona de Rosarito, Tecate, Mexicali y Tijuana, la industria del chantaje se ha instalado en la entidad que gobierna Francisco (Kiko) Vega.

Durante el último año, le he platicado que la entidad se ha visto envuelta en diversas problemáticas y coyunturas para el desarrollo de infraestructura pública en beneficio de la población. Entre otros temas, el agua es uno de los más relevantes y se ha colocado como prioridad en la agenda político-económica del estado.

Otra vez y quizá por desconocimiento se ha generado mucha polémica por la posible aprobación de diversos proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), pues ante la escasez de recursos públicos se establecen contratos con el sector privado, con objetivos sociales específicos, para que la provisión de servicios o infraestructura pública pueda ser construida y operada por el sector privado.

La delegación a terceros de esas obligaciones públicas (proveer agua potable en suficiencia) se mantiene supervisada porque es una función propia del gobierno y las APP en todo el mundo, ha sido un facilitador para cumplir con esos objetivos.

En el caso de BC es necesario que el gobierno eche mano de este tipo de esquema para cubrir la necesidad de infraestructura y obra pública para sus pobladores; específicamente con el agua.

En los próximos días, el Congreso del estado votará la aprobación de la construcción de la desalinizadora en Rosarito, la cual ayudará a mitigar la necesidad urgente de agua provocada por las sequías, la baja del caudal de la cuenca del Río Colorado y por la obligación de enviarle agua a EU por un acuerdo internacional que hay entre ambos países desde hace décadas.

El desconocimiento de este esquema financiero ha provocado que muchos de los diputados locales así como asociaciones civiles se opongan al proyecto, argumentando que aumentará la deuda estatal y sólo beneficiará a los inversionistas.

La realidad es que BC acusa una fuerte desaceleración de inversión pública y Rosarito, el valle vitivinícola y Tecate tienen una expansión poblacional importante.

Por ponerlo en cifras, el presupuesto total que los diputados lograron negociar para 2017 ante la Federación fue de 40 mil 313 millones de pesos y la inversión total para la construcción y operación de la desalinizadora rebasa los 9,500 millones de pesos, es decir, casi la cuarta parte de todo el presupuesto anual del estado.

En otras palabras, suponiendo que el gobierno estatal tuviera la liquidez, el personal y la tecnología para llevar a cabo este proyecto le requeriría la cuarta parte de todo su presupuesto, lo que provocaría recortes en programas sociales, obra pública, servicios de salud y educativos, etc.

El esquema por sí mismo puede resultar muy benéfico para los habitantes de esa zona del país. Para que este esquema funcione correctamente, la APP debe estar correctamente planteada y estructurada para satisfacer una necesidad de infraestructura real, donde el beneficio sea mayor al costo y exista un beneficio tangible para la población; la clave está en que autoridades, empresas y sociedad civil trabajen de la mano para vigilar su correcto funcionamiento y transparencia. Y bueno, por qué no contratan los servicios de Transparencia Mexicana, que preside Eduardo Bohórquez.

De Fondos a Fondo

#BPChafea… Usted sabe que British Petroleum México conocida como BP México, que preside Chris

Sladen, y Álvaro Granada, dirige Dowstream BP México, fue la primera en inaugurar la nueva etapa de apertura del mercado de gasolinerías y gasolinas diferentes de la franquicia Pemex, prometiendo una gran oferta de combustible y mejor oferta de servicio.

La realidad es otra y la Profeco, que encabeza Rogelio Cerda Pérez, parece que se olvidó de la cruzada que en materia de atención y servicio se realizó con Ernesto Nemer. Para muestra un botón: un usuario asistió que iba con Adrián Fernández en el recorrido de la Carretera Panamericana, llenó su tanque en la estación de servicio de BP en Puebla y la despachadora (parece que tan joven que podría aparentar ser menor de edad), en lugar de llenar un Hyundai Sonata Limited con gasolina, lo llenó con Diesel. El auto quedó inservible y está en el taller sin que hasta ahora BP responda por el daño causado porque carece de un sistema de servicio, atención y quejas. Bien haría el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en encargarle a Aldo Flores, que no asista a ningún corte de listón de estas empresas nuevas y extranjeras, si antes no cumplen con tener sistemas claros de satisfacción del cliente, para que aprendan a que el corte de listón representa un compromiso no con México, sino con sus clientes mexicanos.

#ComienzanAmparos… Le comenté que la reunión del Consejo de Publicidad Exterior convocado por la Seduvi está generando reacciones de todo tipo. Dicen que el plan de Isidoro Rendón Vázquez para retirar 80% de los anuncios ubicados en azoteas o lugares no autorizados, involucra a las casi 150 empresas de publicidad exterior y es “imposible de cumplir, pues se requiere de toda una logística técnica y económica para llevarse a cabo, independientemente de tiempos reales de ejecución que la Seduvi no puede calcular”.

Los amparos se sustentan en 4 elementos: no se respetó el derecho de audiencia, se viola la Ley de Publicidad, el reglamento y todos los compromisos público privados firmados por el Consejo de Publicidad.

Reconocen que la ley habla de un retiro de anuncios autorizados, pero con fines de reubicación y los que argumentan, que “son insuficientes”, y sin un nodo publicitario concluido, porque todos han resultado un fracaso, ya que nadie respeta las distancias de 250 metros entre un anuncio de azotea y otro. Vaticinio, 10 años más de caos de publicidad exterior con amparos.