Iniciativas de López Obrador para año electoral

Poco sorprenden las iniciativas constitucionales y legales presentadas por el presidente López Obrador, porque las fue “socializando” y metiendo al debate público desde el púlpito de la mañanera en los últimos tres años.

Su decisión de presentarlas al inicio de este periodo legislativo, el último (tal vez el penúltimo si considera que la siguiente legislatura se inaugura en septiembre y él sale del poder al finalizar octubre), tiene que ver con llevar su agenda a la tribuna del Congreso, donde las manos del INE y del TEPJF no alcanzan y donde puede torpedear a la oposición en busca de la mayoría legislativa en el Congreso federal y los congresos locales.

La que sí parece “ingenua” es la petición del Consejo Coordinador Empresarial, que preside Francisco Cervantes, para que se “separe el debate de las 20 reformas propuestas del contexto electoral que vive el país”, con el objetivo de que se realice “un análisis —sereno e imparcial— durante su discusión”. Suena a desconocer que el presidente, Claudia Sheinbaum y Morena se la juegan por la permanencia, y la oposición por la supervivencia. Diecisiete de las iniciativas son presentadas de nuevo, acotadas en puntos específicos, pero no son mayor ciencia. Tres tienen impacto en finanzas públicas, pero resuelven parte de la problemática estructural de las pensiones en México y de adeudos por vivienda en los institutos (serían un avance bien afinadas); otra tiene que ver con IMSS Bienestar, que otorga servicio médico a población no derechohabiente, pero llevada a la Constitución.

Cinco tienen que ver con la necesidad de impedir que la Suprema Corte declare inconstitucionales sus leyes secundarias (energía, minería, organismos genéticamente modificados y concesiones de agua), que, en mi opinión, centrarán la atención del sector privado. La electoral va de segunda vuelta (fue la que presentaron Pablo Gómez y Horacio Duarte el año pasado, la de vivienda está interesante (es novedad).

La más peligrosa tiene que ver con el Poder Judicial y el INE, y la más complicada, con los organismos autónomos, no porque esté el T-MEC, sino porque están mandatados en la reforma constitucional de 2013, que son las que se quiere revertir. Es curioso, no propone que la generación eléctrica sea monopolio del Estado, su pretensión, pero sí, al proponer la desaparición de entidades como el Coneval, la CRE, la CNH, la ASEA, pretende la recentralización de la decisión en las secretarías de Estado.

Recordemos que se ordenó la desaparición de una de las subsecretarías, pero el problema de la austeridad republicana es que las funciones de Estado que debe cumplir cada dependencia (regular, vigilar, organizar y ejecutar políticas públicas), hoy en día o son inexistentes o ineficientes o inciertas. Recordará que el Presidente planteó un ajuste de estructuras administrativas a finales del periodo que concluyó en abril, con el viernes negro sin aprobación; justo en ese momento se le denominó al combo el “ómnibus administrativo, porque incluyó una buena parte de las iniciativas reenviadas en esta ocasión a la Cámara de Diputados”. En cuanto a la propuesta del servicio ferroviario (que sí es nueva) para que los 19 mil kilómetros de vías concesionadas para el transporte de carga convivan con pasaje, puede pensarse como un tema complicado para las finanzas públicas, pero al admitir participación privada serán negociables.

Finalmente, el tema del Poder Judicial y los órganos autónomos. No propone tocar el Banco de México o al INE, órganos autónomos constitucionales (algo relevante), y en materia de “elegibilidad mediante voto directo de los integrantes del Poder Judicial” parece difícil que la iniciativa transite en el Legislativo, pero será una bandera del movimiento durante el proceso electoral, con alta voz legislativa.

DE FONDOS A FONDO

#Pensiones… Buenas noticias. No se toca el régimen de administración privado de pensiones. El sistema de jubilaciones público o privado para pensionados del régimen 1973 del IMSS o antes de 2006 del ISSSTE no se modificó, pero sí supone que quienes no alcanzan una pensión mínima garantizada, bajo los regímenes modificados en 1997 y 2006, recibirán el 100% de su último salario, pero con un tope máximo, que es el del promedio de salario de cotización del IMSS actualizado anualmente por inflación, o sea, 16,700 pesos.