La ASF y su efectividad

Le confirmo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza David Colmenares, se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración acorde con el compromiso que asumió ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Ponemos esto sobre la mesa porque en el proceso de revisión de funciones y atribuciones, varios funcionarios han dejado posiciones que ocuparon por mucho tiempo y han sido sustituidos por otros de reconocido prestigio.

En algunos casos, la sustitución se ha dado porque en el proceso de revisión de funciones no sólo se acumularon denuncias de conflicto de interés o presunción de corrupción –que la puede haber en la ASF– como en el caso de Muna Buchahin, quien argumenta que fue separada de la Dirección General de Auditoría Forense por el auditor especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano (quien proviene de la práctica privada), por las dos auditorías –de siete que tenía en curso– que han sido conocidas como “la estafa maestra” y que supuestamente involucran desvíos de recursos de Sedesol a través de contratos con universidades públicas y privadas por siete mil millones de pesos.

La auditoría financiera y la jurídica revisaron sus expedientes y el problema identificado es el de conflicto de interés que Buchahin tendrá que solventar jurídicamente, no sólo en medios.

Lo que llama la atención es que frente a los miles de millones de pesos observados, la Comisión de Vigilancia reclama resultados, porque sólo se concluye 4% de los pliegos y 0.04% de las auditorías de la ASF ha concluido en acusaciones penales y procesos sancionatorios a entes auditados y a funcionarios.

La auditoría tiene más de tres mil empleados y la intención de la reestructuración es eliminar insuficiencias. Una decisión clara de Colmenares es separar la tarea de auditar de la de solventar la auditoría y establecer parámetros de rotación que impidan conflicto de interés.

Si se quiere transparencia y eficiencia en el proceso de la ASF, base fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, se tiene que revisar qué funciona y qué no, pues son miles de millones de pesos los señalados y, una mínima cantidad la devuelta y aún menor la sancionada.

El auditor que tiene plena autonomía de gestión es Isaac Rojkind, quien asume la titularidad de la Auditoría Especial de Seguimiento. Ésta desapareció con Portales, pero ahora se restablece como medio de control de los procesos de apertura, realización y cierre de las auditorías.

Se reestructuró el área de Auditoría del Gasto Federalizado (mil auditorías al año) trayendo a investigadores especialistas y será encabezada por Emilio Barriga Delgado.

El auditor de Desempeño, Roberto Salcedo, se retiró junto con Juan Manuel Portal, y lo sustituye Agustín Caso Raphael, experto en evaluación presupuestaria, y especializado en presupuesto base resultados del BID y Banco Mundial.

Por último, la reestructuración estará apoyada en la regionalización de la ASF para darle mayor énfasis a la aplicación del gasto federal en estados y municipios, la integración de una dirección de Auditoría Especial de Obra Pública y de Infraestructura, en el fortalecimiento del Instituto de Capacitación para fortalecer el servicio profesional de carrera, en el que además de eliminar tentaciones, también haya procesos de estímulo al buen desempeño.

¿Con tantas revisiones y auditorías, descartaría usted que se hayan encontrado indicios de corrupción?

DE FONDOS A FONDO

#TLCAN… Aunque parece que los niveles de tambores de guerra están muy altos, ayer por la mañana se reunieron con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y su equipo, los representantes de las industrias involucradas en la decisión de Estados Unidos de elevar aranceles a productos de acero y aluminio que México exporta a ese país, y los de los bienes y productos que México importa de EU y que han sido señalados para aumento de arancel como represalia a la decisión del presidente Donald Trump.

La conversación giró en torno a cómo reducir los impactos inflacionarios en las cadenas de producción e importación. Si se trata de automóviles, se tiene que ver qué se puede producir en México y, dado que un proceso de manufactura no se logra en un día, determinar bajo una agenda de inteligencia comercial, de qué país o países se puede importar en el menor tiempo para no interrumpir suministros.

En el caso de productos como manzana, quesos, paletas de cerdo, embutidos, preparaciones alimenticias, quesos, arándanos, papas prefreídas y congeladas y Whiskey lo que se propuso es cuidar que el consumidor no reciba productos de mayor precio. O el exportador absorbe la elevación del arancel, o el sector agroalimentario compensa la producción en México o se importa de un tercer país o región.

En total, se estima que la afectación será de dos mil millones de dólares. Lo interesante es que la selección de productos se buscó en estados gobernados por republicanos, que exportan mucho a México y que tienen grupos y asociaciones organizadas, que se pueden movilizar políticamente a favor de la eliminación de los aranceles impuestos bajo la sección 232. O sea, la puntería fue sobre el voto duro del presidente Trump.

México y Canadá demandan la solución de la controversia ante la OMC, no impugnan bajo el TLCAN y se mantienen en la 8ª ronda de la negociación de la versión 2.0, sin que se termine la 1.0. Si Trump decidiera apelar a la 2205, entraría en disputa con el Congreso, por lo que hasta ahora, los tambores indican que las partes están jugando con los tiempos políticos de los tres países.