La moda: impuestos ambientales estatales

El caso más ridículo es el del gobierno de San Luis Potosí. Ricardo Gallardo quiere imponer impuestos verdes directos e indirectos, penalizando con tarifa de 3 UMA por tonelada de CO2 emitida (tCO2e), algo como 325.71 pesos.

En noviembre pasado se presentó y pretenden que entre en vigor el 1º de abril, por lo que en la Concamin, que preside José Abugaber, con toda la industria acerera, metalúrgica, automotriz y de transformación afectada, han estado conversando. La respuesta ha esbozado la posibilidad de integrar estímulos fiscales, pero ni se han definido fechas de negociación para esos estímulos al sector industrial ni tampoco cómo el gobierno estatal medirá la emisión.

También en noviembre se presentó una modificación para incrementar el impuesto a emisiones directas de 43 a 100 pesos por tCO2e en el Estado de México, en adición a los impuestos en materia de extracción de materiales pétreos, emisión de desechos contaminantes al agua y residuos.

En este sentido, la NOM 001 de la Semarnat penaliza también, pero el problema es que ni la Federación ni la entidad han desarrollado la capacidad de vigilancia de cumplimiento y aunque, como parte de las reuniones sostenidas con el gobierno de Delfina Gómez con la iniciativa privada, se eliminó el impuesto a la extracción de materiales pétreos, la tarifa inicial de emisiones se redujo a 58 pesos por tCO2e.

Finalmente, en Tamaulipas en noviembre se propuso y en diciembre se aprobó la propuesta de Américo Villarreal para restablecer el impuesto a las emisiones directas con tarifa de 8.5 UMA por tCO2e, pero considera algunas exenciones por neutralidad en emisión, el uso de certificados de reducción y disminución del pago del impuesto de constatar la descenso de emisiones.

Aquí el punto es que sólo focalizan el impuesto verde sobre algunas industrias, las más intensivas en energía, pese a que ni la CRE ni la CFE ni la Sener garantizan la posibilidad de uso de energía alternativa o uso de certificados limpios en un mercado que ha quedado paralizado por la aplicación de la política energética de esta administración. ¡Así de incongruentes!

Pues el IFT en su última junta de gobierno del 10 de enero, autorizó a TV Azteca la extensión del periodo de pruebas de dicha tecnología para sus transmisiones, al otorgarle el uso de las bandas de frecuencias en el segmento de 614-652 MHz por el plazo de un año improrrogable, segmento de las bandas que ha sido identificado por su potencial uso para 5G.

Esas frecuencias se están probando con diversos equipos para enviar señales entre centro de producción y grabación, utilizando la plataforma de producción de contenidos televisivos en forma remota. Si fuese un éxito, no dude que otras televisoras lo utilicen, con mayor oferta de “eventos en vivo”, porque permitirán el envío de audio y video con latencia reducida, disminuye el despliegue de equipo y personal operativo ocupado en unidades móviles y equipamiento, si se comprueba que 5G es adecuada para ello. ¡Un uso diferente del espectro!