¿Y qué tal un solo marco legal para internet?

El problema de pretender que la red es neutral, es que a todo el mundo se le antoja legislar o promover leyes en pedacería. En México el tema es preocupante, porque hoy aquí hay 71.3 millones de personas que tienen acceso y usan internet, móvil o fijo, de preservar el acceso en todas sus dimensiones con eficiencia técnica y seguridad jurídica (implica protección de datos personales, castigo a difusión de noticias falsas, venta de productos ilegales, contenidos que se difunden y protección intelectual, etc.) depende de la confianza en su uso.

Por ello, la Asociación Mexicana de Internet AC (antes Ampici y ahora AI.mx), que preside Julio César Vega, en representación de todos los socios que impulsan el desarrollo de empresas e industrias digitales y conectadas, llama a diseñar un marco legal completo (incluye marco regulatorio) sólido, consensuado con el sector privado, hacedores de política pública, académicos y representantes sociales a las tecnologías de la información, internet y las redes de telecomunicaciones como factores de desarrollo, integridad social y fortalecimiento de la democracia digital.

Fíjese. Sólo en el último periodo de sesiones de esta Legislatura se están discutiendo nueve iniciativas que tocan fragmentos de la actividad por lo que aumenta el riesgo de generar un marco legal disperso e ineficiente.

Por ello, una sugerencia a los coordinadores de cada fracción parlamentaria en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, es que hagan un acto de conciencia y se busquen el apoyo de expertos de la industria y la academia, para evitar que esas nuevas regulaciones puedan derivar en un bloqueo al desarrollo de la economía digital, tema que además ha sido parte negociada en el Tratado de Libre Comercio con Europa, el recién ratificado TPP11 y que se encuentra en proceso de negociación en el TLCAN dentro de los apartados de propiedad intelectual, protección de datos, etc.

Y de paso, no se puede olvidar que a las iniciativas en proceso de dictaminación se suma el trabajo de emisión de la regulación secundaria de la Ley Fintech, que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside
Bernardo González, así como los detalles de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que están en eterna elaboración en Presidencia de la República.

Una revisión simple de las iniciativas y sin ser experta, no sólo genera un marco legal disperso, sino que sobrerregular las actividades en línea en lugar de permitir el desarrollo responsable y seguro del internet.

Está en el Senado la Ley General de Archivos (incluye digitales y Wikipedia); la minuta sobre ciberacoso, que reforma los artículos 259 BIS, 266 BIS del Código Penal Federal, presentada por el diputado César Camacho (PRI) que ya se fue; la minuta sobre ataques a la dignidad (pornovenganza) que reforma el artículo 149 QUÁTER del Código Penal Federal, presentada por el senador Víctor Hermosillo y Celada y otros legisladores del PAN. Fue aprobada en el Senado en diciembre pasado y turnada para su aprobación a la Cámara de Diputados y, por último la iniciativa sobre ciberseguridad, que reforma y adiciona el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada por la diputada Sofía
González Torres (PVEM).

En el Senado se encuentra la iniciativa sobre transporte mediante plataformas tecnológicas, que adiciona el artículo 76 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por el senador Jesús Santana García (PAN); sume la del precio unitario del libro electrónico, que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro, presentada por la senadora Blanca Alcalá Ruiz (PRI); la minuta sobre medidas precautorias en la Ley Federal del Derecho de Autor, que reforma los artículos 213 y 215 de la Ley Federal de Derechos de Autor, y fue presentada por la diputada Araceli Guerrero Esquivel (PRI); la llamada Iniciativa zero rating, que reforma el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por el senador Marlon Berlanga Sánchez (PT) y la iniciativa sobre multas en telecomunicaciones, que reforma el artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por los senadores Ana Lilia
Herrera Anzaldo (PRI) y Gerardo Flores Ramírez (PVEM).

DE FONDOS A FONDO

Aun cuando las aerolíneas nacionales han anunciado planes para incrementar nuevas rutas y frecuencias para el resto del año, éstos podrían verse afectados tras reportar resultados negativos en el primer trimestre. Aeroméxico, de Andrés Conesa, reportó pérdida neta de 722 millones de pesos y Volaris, de Enrique Beltranena, de mil 118 millones de pesos.

A esta lista se suma Interjet que registra adeudos con los grupos aeroportuarios –OMA, GAP y ASUR– y las autoridades federales de TUA, derechos de migración y combustible que rebasan los 500 millones de pesos y el fuerte foco que tiene el mercado sobre el aumento de asientos en rutas nacionales porque hay una guerra tarifaria que afecta hasta a VivaAerobus de Gian Carlo Nucci, que ha levantado la alerta en la Subsecretaría de Transporte, de Yuriria Mascott en la SCT, porque si algo se logró en esta administración es que la industria aérea saliera del desastre de la quiebra de Mexicana mejorando la competencia e impulsando la viabilidad de las empresas.

#Incorporación… Grupo IAMSA y Grupo VivaAerobús están reforzando su escalafón con la incorporación de José Edgar Golffier como su nuevo director financiero. Golffier es un experimentado del sector, con más de 20 años liderando proyectos nacionales e internacionales en organizaciones como Banco Santander, Intel Capital, MediAccess o LEFFOND Capital. Me dicen que su llegada es un paso más en la integración de Grupo IAMSA y Grupo Viva Aerobus para reforzar la estrategia que ha tenido éxito denominada “del camión al avión”.