¿Qué queda? ¿Aguantar pasivamente la debacle?

Una diferencia entre el sistema presidencialista y el parlamentario, pienso, es la posibilidad de echar fuera del gobierno de manera pacífica y legal al gobernante inepto y también, por haber perdido la razón, al incapacitado mentalmente para gobernar.

Dicha diferencia se expresa en buscar que el Parlamento se manifieste en favor de retirar la confianza al gobernante para que éste continúe al frente del gobierno. Una vez logrado esto, se convoca a nuevas elecciones para que, como resultado de las mismas, el país cuente con un nuevo jefe de gobierno.

Así pues, el voto de confianza y convocar —al perderlo el gobernante en funciones— a elecciones anticipadas, enfrenta y resuelve los problemas que surgen como consecuencia de una gobernación errática e irresponsable por parte de un incapaz o, de uno que por razones de índole diversa hubiese perdido la razón o, dicho de otra manera, se hubiese vuelto loco. En el presidencialismo, como es el caso nuestro, aquella vía no existe; es más, en nuestro texto constitucional no existe la vía de la destitución por incapacidad, intelectual y/o mental. Dicho de otra manera, el país y sus habitantes deben aguantar el proceso que a todas luces llevaría al país y su economía —al dejarlo hacer y dejarlo pasar—, a la debacle segura.

Esta limitación constitucional de los regímenes presidencialistas es el mejor caldo de cultivo para que prosperen las salidas no constitucionales. Si bien a los ojos de algunos —que en casos específicos pudieren no ser pocos— dicha salida resolvería el problema de la gobernación plagada de errores —con daños graves a la economía y la vida política del país—, al mismo tiempo mostraría la debilidad institucional que genera la renuencia de la clase política a enfrentar un problema el cual, es evidente, se ha agudizado en la situación mundial creada por la globalidad y la interdependencia económica y política.

Hoy, las exigencias que los candidatos deberían mínimamente satisfacer en materia de gobernación y conocimientos en economía y políticas fiscales y monetarias colocarían a su gobierno, al no satisfacerlas el ayer candidato y hoy gobernante, en una precaria situación en cuanto a su capacidad para llevar a cabo la gobernación que respondería —adecuadamente— a los problemas y necesidades del país y su economía.

Es aquí cuando las limitaciones del presidencialismo agravan lo ya grave; la pregunta surge entonces entre grupos de la sociedad que padecen los efectos negativos de una gobernación del que incapaz y limitado de manera evidente, recurre a la soberbia para ocultar —o al menos maquillar— sus grandes limitaciones intelectuales y en algunos casos, por desgracia para el país que desgobiernan, también mentales.

Gobiernos como los de los Castro, López Portillo y Echeverría y Bucaram; Chávez y Maduro, los Kirchner, Daniel Ortega, Evo Morales y López entre otros, son prueba irrefutable de la necesidad, si no de adoptar el régimen parlamentario, al menos de incluir en la Constitución el mecanismo de destitución por incapacidad para gobernar, sea ésta intelectual y/o mental.