¿Vale la pena tomar en serio esta ópera bufa?

Escribí ayer aquí, en la Sección Editorial, de la inutilidad de eso que hemos dado en llamar Plan Nacional de Desarrollo y de la necesidad de legislar con visión de futuro para desterrar, al fin, de nuestra Constitución ese remanente perverso llamado planificación económica y su consecuente, la conducción de la economía por parte del Estado mexicano.

El espectáculo brindado —cada seis años— por el gobierno, su gobernante y sus funcionarios, y por la cauda de panegiristas oficiales y oficiosos en relación con ese lastre mental que es pensar que una economía abierta, para ser eficiente y crecer, requiere, obligadamente, un Plan Nacional de Desarrollo, no pasa de ser una pésima ópera bufa de la peor calidad.

En consecuencia, la única conclusión posible frente a ese engendro del mal que permanece en nuestra Constitución —como prueba clara que por estos andurriales anduvo suelta esa pandilla que podríamos llamar la Banda del Kremlin— es que urge desechar el texto vigente de los artículos 25 y 26, y escribir uno que refleje objetivamente las transformaciones estructurales concretadas desde el año 1987 y, por supuesto, marcado por una visión de futuro, no de pasado, como es el vigente.

Mucho en nuestra actual Constitución es material para pasárnoslo por el Arco del Triunfo, por ser hoy palabras huecas que nada dicen a los mexicanos de hoy y de mañana.

El texto vigente fue aprobado hace más de cien años para un México que hoy, muy poco o nada, tiene que ver con el de los tiempos que corren, menos aun con el de mañana. 

¿Acaso preferimos seguir con esa simulación carente de toda honradez —intelectual y personal— en vez de reconocer que hay no pocas partes del texto constitucional vigente que no guardan relación alguna con la realidad actual? ¿Acaso el cinismo del que hablaba el presidente López Portillo ya está entronizado entre nosotros, al grado de hacernos perder toda capacidad analítica y la voluntad política obligada para mantener actualizadas nuestras leyes?

¿Qué dice de nuestra clase política el hecho de aferrarse a mantener contra toda realidad, partes de nuestra ley suprema intocadas? ¿Acaso es producto, únicamente, de la abulia y la ignorancia y/o el desprecio de las necesidades de una actualización permanente del andamiaje jurídico? ¿O acaso esa inmovilidad jurídica es parte de la ofensiva corrupción que lleva a los legisladores a no hacer olas porque así podrían seguir disfrutando de los privilegios que tal atraso legal propicia?

Por otra parte, un país que no mantiene actualizado su andamiaje jurídico, más cuando el resto del mundo se transforma estructuralmente a pasos agigantados, está condenado al atraso permanente y a jugar un papel irrelevante en el concierto internacional.

¿Lo ignora este gobernante y los funcionarios responsables de las áreas económica, hacendaria y las relaciones con el exterior?

De saberlo aquellos, ¿por qué no se lo dicen o por qué no promueven iniciativas de ley en el Congreso con miras a corregir esa anomalía en materia de leyes? ¿Por cobardía o sólo para no perder el apoyo del poderoso con miras al siguiente puesto?