Columnista invitado

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3 May, 2019

Showdown en comercio internacional

La idea es que si una compañía no está en cumplimiento de dichas reglas, se le impida acceder a las tarifas preferenciales que prevé el T-MEC. 

Abel Mejía Cosenza

Socio del Despacho Sánchez Devanny Eseverri S.C.
Twitter: @MrMejiaCosenza

 

Todo parece indicar que en los próximos meses tendremos un showdown en Estados Unidos respecto de la aprobación del nuevo tratado de comercio internacional con México (el T-MEC).

El T-MEC debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso de EU antes de entrar en vigor. Portavoces del presidente Trump han indicado que se buscaría una aprobación del T-MEC antes de que el Congreso se vaya a su receso largo de agosto.

Con la configuración actual, en la que los demócratas controlan la Cámara de Representantes, dicha aprobación pinta bastante complicada. Nancy Pelosi, la portavoz de los demócratas en dicho cuerpo legislativo, ya indicó que no permitirá un voto en el tema, salvo que se hagan ciertos cambios al texto del T-MEC, particularmente en materia de derechos laborales, protección al medio ambiente y propiedad intelectual de productos farmacéuticos. En este artículo nos enfocaremos exclusivamente al tema laboral.

Aunque en Estados Unidos públicamente se ha reconocido que la reciente reforma laboral atiende varios de los puntos que EU buscaba en la renegociación del T-MEC, el sentimiento que prevalece es que no es suficiente que existan estos derechos subjetivos en papel, sino que, además, son necesarios mecanismos de control y penalización para el caso de que se incumplan estas normas.

Los senadores Ron Wyden (Oregon) y Sherrod Brown (Ohio), dos de los legisladores demócratas más escépticos en temas de apertura comercial y cuyo visto bueno se requeriría para la aprobación del T-MEC, han elaborado una propuesta que crearía mecanismos para que las autoridades de EU verifiquen que se están respetando los derechos laborales en México, inclusive mediante visitas in situ a las compañías exportadoras en México. La idea es que si una compañía no está en cumplimiento de dichas reglas, se le impida acceder a las tarifas preferenciales que prevé el T-MEC.

Este mecanismo no es nuevo en Estados Unidos y ya está previsto en otros tratados, particularmente en referencia a exportaciones de madera, textiles y vestimenta. El éxito de esta iniciativa dependerá de que se atiendan diversos factores, incluyendo: (i) el fondeo para la creación de los organismos de supervisión; (ii) la adopción de legislación doméstica en ambos países para permitir, de manera recíproca, que autoridades extranjeras puedan realizar actividades en el país de origen; (iii) la determinación de las circunstancias bajo las cuales podrían aplicarse las verificaciones y las pruebas que tendrían que recopilarse para poder hacer una valoración del cumplimiento de las normas en cuestión; y (iv), tal vez lo más importante, establecimiento de una vía jurídica de adopción de estos acuerdos que no requiera la reapertura general del T-MEC.

El tema no pinta nada fácil, particularmente bajo un escenario donde los demócratas no quieren aparecer concediendo una victoria al presidente Trump tan cerca de las elecciones de 2020. En México habrá que estar atentos porque, la adopción de estos mecanismos de revisión y sanción, requerirá que las compañías implementen medidas de supervisión para asegurarse del cabal cumplimiento de los derechos laborales que prevé el T-MEC, so pena de perder los beneficios que les da dicho tratado a sus exportaciones hacia Estados Unidos.

 

 

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