Cirugía mayor a compras consolidadas

Hace más de un año, en mayo de 2017, la  Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (Andis) cabildeó en Presidencia que el ISSSTE le pagara a sus 13 agremiados los adeudos por concepto de abasto de medicinas que se venían arrastrando y que sumaban ya mil 653 millones de pesos.

Un mes después, la Secretaría de Hacienda, al mando ya del exdirector del IMSS, José Antonio González Anaya, orgullosísimo promotor de los ahorros que trajo la compra consolidada de medicinas en el gobierno de Enrique Peña, liberó mil 500 millones de pesos al organismo para pagar tales pasivos.

Sin embargo, el ISSSTE nunca pagó lo que debía. Cuando recién llegó ahí el priista Florentino Castro, dijo que la SHCP no había transferido esos mil 500 millones de pesos. Básicamente repitió lo mismo que su antecesor, su compañero de partido, José Reyes Baeza: el dinero no llegó.

Reyes Baeza y González Anaya se tiran mutuamente la bolita, mientras el saldo con las empresas distribuidoras de medicinas e insumos para la salud sigue creciendo. Los recursos supuestamente se liberaron y depositaron en las cuentas del ISSSTE cuando el exgobernador de Chihuahua era el director.

Justo cuando enfilaba su fallida candidatura del PRI por una senaduría y José Antonio Meade ya sonaba para ser el candidato a la Presidencia, se movieron los recursos. Sin embargo, los dineros desaparecieron, misteriosamente, en cosa de cuadras: de Palacio Nacional al Monumento a la Revolución.

Dada la cerrazón del ISSSTE y la indiferencia de Hacienda, sumado al deslinde abiertamente manifestado por la Secretaría de Salud y su titular, José Narro, la única explicación es que el dinero se lo robaron los priistas para meterlo a las malogradas campañas políticas de Reyes Baeza y Meade.

Apenas la semana pasada le decía que el rumor es que el ISSSTE pretendería registrar como pasivos del 2018 esos ya más de dos mil millones de pesos, más lo que se acumule de aquí a diciembre entrante, y pateárselos al gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que, lejos de sentarse a cuadrar cifras y conocer un plan de pagos (la Andis ha enviado a Florentino Castro, en lo que va del año, tres oficios, cuyas copias tiene la Secretaría de la Función Pública, que comanda Arely Gómez, sin que el funcionario responda), los distribuidores están siendo amenazados.

Por contrato están obligados a seguir surtiendo al instituto de medicinas e insumos, algo que las empresas afiliadas quieren que se elimine de las reglas de la compra consolidada del IMSS; la dirección de Administración se avienta puntadas como la de enviarles cartas amenazándolos con multas e inhabilitaciones.

Los distribuidores van a pedirle al nuevo director del IMSS, Germán Martínez, que les permitan dar una opinión favorable a los participantes de la próxima compra consolidada. Es decir, un derecho de veto a compradores incumplidos y morosos, como son los casos del ISSSTE y del Estado de México.

En esta entidad, los adeudos alcanzan la monstruosa cifra de casi 334 mil millones de pesos, no por compras consolidadas del IMSS, sino de compras descentralizadas y servicios integrales que están fuera de control y en la total opacidad.

Son pasivos del 2015, 2016 y 2017, todos herencia del gobierno de Eruviel Ávila, hoy campante senador también priista por la vía plurinominal, sin que nadie le pida cuentas, y que su predecesor, Alfredo del Mazo Maza, no está dispuesto a cargar ni mucho menos pagar.

¡HAY DOLOR!

No, pues de que la perra es brava, hasta a los de la casa desconoce. En el tema del affaire Ramírez Ornelas Abogados, varias puntualizaciones. Por supuesto que no es “Rodríguez”, como se nos barrió.

Nos referimos al afamado abogado corporativo Gerardo Ramírez Ornelas, quien desde el año pasado empezó a tener problemas con su cliente estrella: BBVA-Bancomer. Luis Robles Miaja lo encumbró tanto, que su propio hijo, Luis Robles Santamarina, escaló tan rápido en la estructura del bufete de Ramírez, que éste lo hizo socio y despertó la animadversión de otros asociados que, incluso, se fueron.

Esta firma, nos cuentan, costaba cerca de 190 millones de pesos al año al BBVA, lo que empezó a causar suspicacias en Madrid, en el entorno cercano a Francisco González, y llamadas de atención al consejo de Bancomer (cuando Juan Miguel Villar-Mir despidió a José Andrés de Oteyza por todo el tiradero que había en OHL México, también se dieron la mano y quedaron en buenos términos: eso no borró la corrupción con la que se manejó la constructora en nuestro país).

Los diferendos con Ramírez Ornelas se agudizaron cuando Eduardo Osuna llegó a la dirección general del grupo financiero en septiembre de 2016. Como director de Banca Comercial y luego como director de Banca de Empresas y Gobierno, fueron de antología sus diferencias en los consejos con Fernando Díaz, el director jurídico, al que finalmente hizo renunciar el año pasado. Mientras el primero defendía los casos, el otro los judicializaba. En el medio de la abogacía es muy conocido que hace dos meses le quitaron al despacho Ramírez Ornelas Abogados prácticamente todos los casos del BBVA-Bancomer y que están siendo auditados.

Quien no quiera creer que la salida de Robles Miaja está vinculada a ese desgaste, que fue él quien influyó para que esa firma monopolizara los contratos y que su hijo aprovechara la relación para crecer profesionalmente, pues muy su problema. Esos fueron los hechos.

NUBAJ EN ESPAÑA

Quien ya se encuentra en España es el presidente de la firma mexicana Nubaj IT & Consulting, Francisco Javier Ramírez Lares, invitado por la Universidad Complutense de Madrid para ser ponente en el seminario “Tecnología, Sanidad y Salud 2018”, en donde el lunes próximo hablará frente a más de una decena de directivos de los más importantes hospitales españoles, además de profesionistas y estudiantes.

Se sabe que la invitación corresponde al gran crecimiento de Nubaj en los últimos años, pues actualmente es referencia en el sector de la implementación de Tecnologías de la Información (TI) en sectores como retail, salud, manufactura, consumo y financiero, así como de instituciones y dependencias de gobierno en países como México, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.