¿Nueva Ley Federal del Trabajo?

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá la mesa puesta en el Poder Legislativo para tirar a la basura las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, pero también los parches que los diputados y los senadores hicieron a la Ley Federal del Trabajo.

El único contrapeso real que tendrá el nuevo gobierno no serán por supuesto los sindicatos; tampoco los partidos políticos; vamos, ni si siquiera los organismos empresariales. Ya no digamos la llamada “mafia del poder” aglutinada en el Consejo Mexicano de Negocios, que cabildea Zimat, de Martha Mejía.

El contrapeso real vendrá del exterior, de los negociadores de Estados Unidos y Canadá en el Tratado de Libre Comercio, de la Organización Internacional del Trabajo, o incluso de las empresas instaladas en México, las cuales requieren flexibilidad para operar y ser más productivas y competitivas.

A partir del próximo 1 de septiembre el dilema de López Obrador y sus mayorías en las cámaras de diputados y senadores será: o bien operan con las leyes como están moviendo las aguas lo menos que se pueda, o proponen y aprueban una nueva Ley Federal del Trabajo (LFT).

Y es que la LFT permaneció durante casi 40 años sin tener cambios significativos y fue hasta fines de 2012, ya durante el gobierno de Enrique Peña, que se modificó para incluir la figura de subcontratación (outsourcing) y limitar el pago de los salarios caídos en los juicios individuales.

Posteriormente, fue presentada una reforma constitucional a los artículos 107 y 123, la cual se aprobó en febrero de 2017, y en la cual se determinó que la justicia laboral dejara de estar en manos del Ejecutivo (federal y local) y se eliminaran las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

De igual forma, que se adoptara la figura de juez laboral y se crearan los centros de conciliación estatales y un organismo descentralizado al que le corresponde el registro de todos los sindicatos, así como los contratos colectivos.

Asimismo, se instituiría el voto personal libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes; y el requisito de que, para estallar una huelga en demanda de la firma de un contrato, se exigiría que el sindicato tuviera la anuencia de la mayoría de los trabajadores afectados.

Derivada de este cambio constitucional, los senadores priistas Isaías González, de la CROC, y Tereso Medina, de la CTM, promovieron la adecuación de la LFT en diciembre pasado, pero ésta no ha sido votada aún.

Ahora todo indica que Morena tendrá la mayoría en las cámaras del Congreso, lo que le otorgará el poder para aprobar cambios a las leyes aunque, tratándose de la Constitución, le faltarían alrededor de 20 diputados y 20 senadores y la aprobación de al menos 17 congresos locales. Preocupa que México no siga adelante con su proceso de ser más productivo y por tanto poder competir mejor a nivel mundial.

QUE PAGUE AMLO

Entre los distribuidores de medicinas hay zozobra por el derrotero de la deuda que el ISSSTE arrastra de la compra consolidada 2018 que coordinó el IMSS, de Tuffic Miguel.

En la mira está Florentino Castro, que ha ignorado tres oficios en los que se le emplaza a sentarse con los 16 socios de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud para hacer cuentas. El débito supera ya los dos mil millones de pesos y la preocupación crece como el mismo saldo.

En el gremio que preside Héctor González se rumora que toda la compra pendiente de liquidar se registrará como pasivo y se heredará al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Será interesante conocer la postura de quien se perfila a ser el nuevo director del IMSS: Germán Martínez. Cada vez es más fuerte la sospecha de que el dinero del ISSSTE terminó en la campaña fallida a la senaduría de José Reyes Baeza, su exdirector.

TRADECO LIBRA

Pues con la novedad de que ayer el Décimo Sexto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, notificó a Tradeco Infraestructura la sentencia que confirma la ilegalidad del acto del 22 de agosto de 2016, en el cual el Órgano Interno de Control del citado ISSSTE decidió inhabilitar a esta empresa propiedad de Federico Martínez para celebrar contratos con el gobierno.

Con base en esta resolución de la instancia que preside el magistrado Ernesto Martínez Andreu, Tradeco no está, ni debió ser inhabilitada. Vamos a ver qué sigue en este asunto y qué va a pasar con las afectaciones que sufrió la compañía por una medida ilegal que la tuvo fuera del mercado casi dos años. Otra más de la pésima administración que caracterizó al nefasto José Reyes Baeza. ¿Quién le pedirá cuentas?

GASTÓN CERCA

Ayer el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal, a cargo de Roberto Lara, negó los amparos a Gastón Azcárraga en contra de las dos órdenes de aprehensión por los delitos de violación a la Ley del Mercado de Valores, un tema que aquí le hemos dado puntual seguimiento.

Con esta resolución que logró el abogado Ulrich Richter, únicamente se está a la espera de que se cumplimenten y detone la ficha roja para extraditarlo. El expresidente de Mexicana de Aviación podría convertirse en el primer empresario en el exilio que regrese a rendir cuentas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pésima noticia para su abogado, Alonso Aguilar Zinser, pues este hecho podría reactivar el caso de la quiebra de la aerolínea, un tema muy en el ánimo de quien se perfila a ser el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú.