Más vale que paguen

Es muy posible que mañana sea un día aciago para la aviación. Por un lado, está la amenaza de los trabajadores de Volaris de parar operaciones como protesta en contra de la administración de Enrique Beltranena, acusándola de diversas violaciones a sus condiciones generales de trabajo.

Por el otro lado, los representantes del Sitio 300 recibirán la respuesta del AICM, que seguramente no les va a gustar: mientras ellos esperan que la administración de Carlos Velázquez Tiscareño siga haciéndose de la vista gorda con adeudos tan antiguos como elevados, más de 50 millones de pesos, la terminal aérea vive de los ingresos que genera directamente. No olvide que del TUA, que es fundamental en los ingresos de las terminales aéreas, el AICM no recibe absolutamente nada. El gobierno federal decidió que estos recursos se utilizaran en pagar los bonos que se emitieron para la construcción del NAIM, es decir, hay inversionistas que están ganando por algo que no se construyó.

El Sitio 300 ha incumplido su palabra. En 2019 reconocieron el adeudo y en noviembre del año pasado llegaron a un convenio en el cual el AICM no cobraría intereses, pero que no fue cumplido por los representantes del sitio, quienes se han enfrascado en una batalla por la representación del contrato.

Sergio Andrade ha encabezado una serie de acciones en contra de este pago; sin embargo, desde el 23 de mayo, un juzgado de distrito desconoció a este personaje como representante del sitio y sí lo hizo con Pedro Ortiz Sosa. Tras la manifestación de hace unos días, la representación reconocida fue convocada para hoy, se les explicará que deben cumplir con los adeudos y les darán algunos caminos de solución, pero debe quedar claro que van pagar y no podrán ocultarse.

REMATE TORCIDO

Cuando se trata de encontrar razones para el intento reiterado del gobierno por desaparecer el Inai, encabezado por Blanca Lilia Ibarra, seguramente se encontrará muchas historias de opacidad como ésta.

Resulta que Paulina Moreno, directora de Administración y Finanzas de Nafin y Bancomext, ha encontrado fórmulas para darle vuelta a la normatividad. Ha utilizado a una inmobiliaria privada, Plaza Insurgentes Sur, que tiene como accionista mayoritario al banco de desarrollo, para asignarle contratos de limpieza con sobrecosto. Originalmente tenía un contrato para esta plaza por un millón de pesos; sin embargo, ahora lo tienen las firmas Graviton, Tuki y Solulimp, por más de 1.4 millones de pesos. ¿Por qué pagar 40% en un contrato de asignación directa?

También sería bueno que explicaran por qué hay otros contratos asignados directamente, como el de circuito cerrado, que tiene un valor de 18 millones de pesos, o que hayan pagado seis millones de pesos por la impermeabilización del edificio. Es fácil sospechar que esta opacidad beneficia a personas como María Ibarra, quien es la responsable de la inmobiliaria. Quizás la administración de Luis Antonio Ramírez Pineda tiene explicaciones de estos contratos que, en el menos malo de los casos, generan muchas sospechas, sin embargo, prefieren esconderse en la opacidad; de ahí que se busque dañar al Inai.

REMATE INNECESARIO

Una vez que se ha insistido muchísimo sobre el acuerdo entre el gobierno y Grupo México en torno a 120 kilómetros que operaba la empresa de Germán Larrea —y que la empresa ya anunció el convenio ante la Bolsa Mexicana de Valores—, la pregunta fundamental es: ¿era necesario llegar a tales extremos como usar un piquete de marinos para tomar la operación de este tramo para impulsar la negociación?

Falló el trabajo político y sobró la soberbia. Grupo México ha jugado de manera prepotente y, hasta ahora, le había funcionado, algún día tenía que fallar esa estrategia. En su comunicado dicen que llegaron al convenio de ampliación de ocho años de una concesión en el sureste a valor de avalúo porque es más importante mantener la viabilidad de la empresa.

Por cierto, quienes siguen creyendo la mentira de que Larrea retiró su oferta por Banamex enojado por la intervención a líneas de Ferrosur, debe quedarles claro que, unas pocas semanas después, se demostró que iban a llegar a un acuerdo con el gobierno.

REMATE EXPLICADO

Hay quienes están haciendo mucho escándalo porque el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo que el Presidente y el secretario de Hacienda le habían pedido que analizara la posibilidad de comprar Banamex para fusionarlo con el Banco del Bienestar.  ¿Cuál es la nota? El Presidente lo dijo en una conferencia mañanera y Yorio lo confirmó.